Mientras los desahucios aumentan de nuevo en Granada, tal y como publicó ayer este periódico, otro problema derivado de la crisis toma cada vez mayor gravedad entre las familias: la pobreza energética. Cada vez más familias no pueden pagar los suministros básicos de luz, agua o calefacción de sus viviendas y se enfrentan a cortes del suministro. "Es un problema añadido al de los desahucios y está más oculto", dice Antonio Redondo, de la plataforma Stop Desahucios Granada.

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La Plataforma en acción para frenar un desahucio en Armilla. STOP Desahucios

La Asociación de Ciencias Ambientales calculaba el año pasado, con datos de 2012, que el 17% de las familias españolas dedicaba unos recursos desproporcionados a pagar los suministros básicos de sus viviendas, lo que supondría unos 60.000 hogares en Granada. Un porcentaje que ha ido aumentando desde que empezó la crisis y que en Granada se agudiza aún más por el altísimo nivel de paro en la provincia y las bajas rentas de las familias, ya que, según datos de 2013 de la Agencia Tributaria, un tercio de los trabajadores granadinos vive con menos de la mitad del salario mínimo, apenas 323 euros al mes, lo que deja poco margen para, después de alimentarse, afrontar los gastos de luz, agua y calefacción.

Por eso la plataforma Stop Desahucios Granada ha iniciado una ronda de contactos con ayuntamientos y empresas de servicios energéticos para llegar a acuerdos que frenen el aumento de la pobreza energética. "Hay muchas familias que no pueden pagar la luz, se enganchan de forma fraudulenta y sufren condenas judiciales y arrestos domiciarios", asegura Antonio Redondo.

Stop Desahucios ya se ha reunido con el nuevo equipo de gobierno de Vegas del Genil para, además de declarar la localidad como Muncipio libre de desahucios, establecer un protocolo "que ya se está elaborando", dice la plataforma, para garantizar los suministros básicos de energía y agua a las familias con graves dificultades económicas.

"Buena predisposición" de Endesa

La organización tiene previsto reunirse con más ayuntamientos, una vez formados los nuevos gobiernos municipales, y también con empresas de energía. Ya ha tenido los primeros contactos con Endesa, "que ha mostrado una buena disposición", según Redondo. La idea es que municipios y empresas se compromentan a evitar los cortes de suministro a las familias sin recursos, previamente evaluadas por los servicios sociales municipales, en línea con la política que ha anunciado en Barcelona la nueva alcaldesa, Ada Colau, exlíder de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Stop Desahucios pretende exigir a las fuerzas políticas que han llegado a los ayuntamientos que cumplan lo prometido en campaña en cuestiones de pobreza energética, un aspecto presente en la mayoría de programas electorales. En la capital, por ejemplo, tanto IU como Vamos Granada y PSOE llevaban medidas explícitas contra la pobreza energética. No así el PP, pero sí Ciudadanos, cuyo candidato a la Alcaldía, Luis Salvador consideró durante la campaña "prioritaria la creación de un Plan Municipal de erradicación de la pobreza energética dirigido a las familias más golpeadas por la crisis", por lo que es de esperar que esa propuesta se incorpore al programa único de gobierno que está elaborando junto al PP para la capital.