El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha citado a declarar el próximo marzo en calidad de investigados a los hermanos Rodríguez-Acosta en relación con la urbanización Cármenes del Mar, en Almuñécar, cuyos defectos constructivos han obligado a desalojar y declarar en ruina numerosas viviendas tras haber sido levantada sobre una ladera afectada por deslizamientos.

La Audiencia Provincial de Granada ya dio la razón el pasado enero a los vecinos de esta urbanización con más de 400 viviendas en su demanda contra todos los responsables de la construcción, tanto los encargados del estudio geotécnico, como ingenieros, arquitectos y la propia constructora que se encargó de levantar el residencial, Cerro Gordo S.L., perteneciente al Grupo Comarex, condenándoles a reparar los daños.

Junto a ello, dos propietarios obtuvieron amparo judicial en su pretensión de resolver el contrato de compra de las viviendas con devolución del precio que habían pagado por ellas a Cerro Gordo S.L. Sin embargo, la empresa se declaró insolvente y entró en concurso de acreedores, lo que les ha llevado a denunciar por un posible delito societario al entender que se ha actuado de forma fraudulenta para supuestamente "no afrontar los pagos".

El asunto está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada que, en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, ha citado a los hermanos Rodríguez-Acosta a declarar como investigados el próximo 9 de mazo y a los propietarios afectados al día siguiente.

También escuchará el juez al administrador concursal de la empresa para que informe sobre el concurso de acreedores y "si es cierto que entre los bienes que conforman el activo de la sociedad no existe ningún elemento que permita aventurar que los denunciantes van a encontrar satisfacción" a sus reclamaciones.

Igualmente, el Juzgado ha pedido a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional que informe sobre las empresas que conforman el Grupo Promotor Inmobiliarios Comarex, su actividad actual y si entre ellas existe un vínculo orgánico y patrimonial común.

De un modo más concreto, el juez ordena que se investigue si este grupo inmobiliario ha realizado proyectos en fechas recientes o se ha beneficiado de adjudicaciones por parte del Ayuntamiento de Granada con un montante económico considerable, "con especial referencia al Parking Mondragones construido en elementos municipales o a actividades mercantiles del grupo en otros países, con especial incidencia en Sudamérica".