IU ha presentado cinco alegaciones a la ordenanza sobre los derechos y obligaciones de los usuarios del transporte público que plantean cambios en los polémicos recargos que se aprobaron tras la entrada en funcionamiento de la Línea de Alta Capacidad y que provocaron críticas generalizadas de usuarios, asociaciones de consumidores, partidos políticos e incluso el Defensor del Ciudadano.

Así, según ha informado el portavoz de la formación, Francisco Puentedura, IU pide rebajar la cuantía de esos recargos para que no se conviertan en "una sanción encubierta". La sanción que se aplica es de 40 euros y la ordenanza que se tramita, como anunció en su día el anterior gobierno local, la rebaja hasta 20 euros. Según los datos de IU, esos 40 euros suponen un recargo de más de 3.300 por ciento respecto al coste del billete y los 20 euros un 1.600 por ciento. Un porcentaje "completamente desproporcionado", a juicio de IU, que propone rebajar el recargo a 10 euros para aplicarlo "con la debida proporcionalidad".

Además, reclama que solo se impongan en caso de que se detecte una conducta reiterada. De esta manera, la primera vez el usuario sería advertido, informándole del correcto funcionamiento de las máquinas validadoras -en  el centro de la polémica por los fallos detectados y también por tratarse de un sistema complejo para determinados colectivos, como las personas mayores, y turistas que no lo conocen. 

Precisamente otra de las alegaciones va en el sentido de hacer más accesibles los sistemas de validación. Los problemas ahora son "evidentes", subraya el concejal para reclamar garantías de accesibilidad para personas mayores o invidentes, entre otros.

En las alegaciones también se reclama un compromiso del Ayuntamiento para que las rampas de los autobuses funcionen. Según los datos de IU, el año pasado se hicieron más de 5.000 peticiones de uso de estas rampas en las distintas líneas urbanas de la ciudad y en cerca de un millar de ocasiones fallaron, lo que representa un 20 por ciento. De hecho, destaca Puentedura, según datos del propio área de Movilidad, tras las inspecciones efectuadas a los vehículos, en el 70 por ciento de los casos de fallos se debe a problemas con el sistema electrónico de las mismas, "lo cual señala una falta de mantenimiento evidente".

En este sentido, el grupo municipal de IU propone que se recoja en el reglamento la obligación de la empresa concesionaria de mantenimiento adecuado de las rampas y, cuando estas fallen, se le facilite al usuario un documento que señale la línea y el vehículo que haya fallado, con el día y la hora, para poder presentar la correspondiente reclamación.

Por último, IU incluye entre las alegaciones la aplicación de la gratuidad del transporte para los parados y paradas y también para menores de 16 años. Recuerda que en septiembre de 2015 el Ayuntamiento aprobó una moción para la creación de un bonobús solidario y la gratuidad para los menores. La formación apunta que es consciente de que poner en marcha esta medida obliga a contar con una partida presupuestaria y que, dado que el presupuesto de este año está obligado, no sería posible hasta 2017. Por ello plantea que el reglamento recoja la creación de este bonobús y una disposición adicional para que entre plenamente en vigor en 2017 como máximo.