Están investigados el alcalde, la concejala de Urbanismo, técnicos municipales y de la ONG adjudicataria
La Fiscalía pide más tiempo para indagar en las irregularidades de la venta de la Casa Ágreda
El caso al que el juez llegó a dar carpetazo y que se reabrió tras un duro auto de la Audiencia Provincial, está pendiente de practicar diligencias.
La Audiencia ordenó el pasado año que se reabriera el caso. m.rodríguez
Tras un precipitado carpetazo judicial, avalado en su momento por la Fiscalía y que enmendó la Audiencia de Granada ordenando en junio del pasado año que se reabriera el caso, la investigación necesita más tiempo para aclarar las graves irregularidades detectadas en la venta de la Casa Ágreda.
Ha sido la Fiscalía, que ya en septiembre solicitó que se declarara de especial complejidad para poder prolongar la investigación, la que acaba de solicitar que se prorrogue el plazo máximo de instrucción.
Tras recibir esa petición, el juez Antonio Moreno -por sustitución del titular del Juzgado de Instrucción 9 que fue recusado por la acusación popular que ejerce el empresario Ramón Arenas- se ha dirigido a las partes para que se pronuncien al respecto.
Hay pendientes diligencias que hacen necesario prorrogar la investigación, según señala la Fiscalía. Además de informes periciales, la Audiencia planteó en su momento nuevas declaraciones, entre ellas las del exconcejal de Patrimonio Eduardo Caracuel así como la de técnicos municipales.
La decisión de la Audiencia agravó más la situación judicial de concejales del actual grupo municipal del PP, pues en su auto, como ya ocurriera en su momento con el Caso Serrallo, se apuntó a la Junta de Gobierno Local. Según el resultado de las diligencias que se ordenaron practicar -muy especialmente las declaraciones- "se solicitarán o el instructor de oficio podrá acordar la práctica de las demás que se estimen pertinente o útiles a la investigación, entre ellas, recibir declaración y determinar en que calidad, a los miembros de la Juntas de Gobierno Local de las sesiones de 12 de septiembre de 2014 y 6 de marzo de 2015".
El gobierno del PP hizo una cesión por 40 años -del uso del derecho de superficie- por 200.00 euros más IVA, incluyendo además una opción a compra, en los 10 primeros años, por algo menos de 1,6 millones de euros. Esa opción a compra con la condición de que se rehabilitara el palacete del siglo XVI en una intervención calculada en cerca de 5 millones de euros.
La entidad adjudicataria fue la ONG internacional Aide, cuya solvencia y relevancia social se puso en duda en las denuncias y se debe aclarar con la investigación.
La entidad adjudicataria fue la ONG internacional Aide, cuya solvencia y relevancia social se puso en duda en las denuncias y se debe aclarar con la investigación.
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