La Fiscalía pide declarar de especial complejidad la investigación sobre irregularidades en la Casa Ágreda
La Fiscalía ha solicitado que se declare de especial complejidad la investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de la Casa Ágreda a una organización extranjera, y que se amplíe el plazo 18 meses.
El Ministerio Público trasladó esta petición al Juzgado de Instrucción número 9 el pasado mes de julio, según el escrito consultado por El Independiente de Granada.
Un mes antes, la Audiencia Provincial de Granada dio un giro inesperado al caso y ordenó que prosiguiera la investigación, revocando el archivo que había decretado el Juzgado. Entonces la Audiencia dio un tirón de orejas al instructor, señalándole que las irregularidades que se deben aclarar en este caso no podían ser consideradas en ningún caso "nimias o poco trascendentes", como había considerado. A ese archivo del juez levantado posteriormente por la Audiencia no se opuso en su día el fiscal, pese a que fue el Ministerio Público el que presentó la querella por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
A esa petición del fiscal se ha sumado la acusación ejercida por el empresario Ramón Arenas, en un escrito dirigido al Juzgado este 5 de septiembre.
Precisamente el empresario recusó al titular del Juzgado de Instrucción 9, José Luis Ruiz Martínez, por considerar que no era imparcial en esta causa. En sus argumentaciones recordó el trato "de inusitada familiaridad y confianza" que demostró con la exconcejala de Urbanismo del PP Isabel Nieto, entre otras consideraciones.
El juez rechazó que hubiera motivos para la recusación, pero hasta que la Audiencia resuelva, nombró una jueza sustituta. A ello se refiere la representación legal de Arenas en su escrito, señalando que el instructor recusado firmó la providencia reclamando a las partes su posición el 8 de agosto, cuando esta "debió ser dictada así como el futuro auto de declaración de especial complejidad de la causa por el sutituto reglamentario".
La reapertura de esta investigación puso de nuevo contra las cuerdas al PP y bajo el punto de mira su gestión durante sus años de gobierno. De hecho, dado que se llevarán a cabo nuevas diligencias -entre ellas declaraciones de un exconcejal-, la propia Audiencia ya apuntó que, según el resultado de esas declaraciones, "se solicitarán o el instructor de oficio podrá acordar la práctica de las demás que se estimen pertinente o útiles a la investigación, entre ellas, recibir declaración y determinar en que calidad, a los miembros de la Juntas de Gobierno Local de las sesiones de 12 de septiembre de 2014 y 6 de marzo de 2015".
Esa misma situación ocurrió en el caso Serrallo, donde finalmente fueron citados como investigados los ediles del PP que votaron en Junta de Gobierno Local a favor de la operación investigada. En ese caso la Fiscalía acaba de solicitar que sigan investigados.
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