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Una de las numerosas movilizaciones contra los desahucios en Granada. afectadosporlahipotecagranada.com

El drama de los desahucios sigue muy presente en la provincia de Granada, pese a la supuesta recuperación económica, pese a las medidas de apoyo a los deudores hipotecarios de las que presume el Gobierno. 

Mientras en España los lanzamientos judiciales han bajado un 4,7% en el tercer trimestre del año y en Andalucía han crecido un leve 1,3%, en Granada el aumento ha sido descomunal, del 27,6%, con 259 desalojos practicados por los juzgados entre julio y septiembre, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, hechos públicos este miércoles. 

El tercer trimestre es el que ofrece menos casos, porque está el verano (y las vacaciones) de por medio. En el trimestre anterior se dictaron 395 desahucios en la provincia. Y en el anterior, 359. Ahí se incluyen tanto lanzamientos por no pagar la hipoteca, sea de primera vivienda o de cualquier otro inmueble, como desalojos por no abonar el alquiler, sea de familias o empresas. 

El caso es que entre enero y septiembre de este año se han ejecutado 1.013 lanzamientos judiciales en la provincia de Granada. Son un 4% más que en el mismo periodo del año pasado. En el conjunto de España la tendencia es la baja, con un 3,7% menos de desahucios, pero en Granada siguen creciendo, lo que indica claramente que las dificultades económicas, con una tasa de paro que apenas baja, y una gran precarización del poco empleo que se crea, persisten en muchas familias. 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Como se ve en la tabla, el nivel de desahucios de este año supera a los peores años de la crisis. Sólo en 2015 hubo algunos más que en 2017, siempre contablizados en el periodo enero-septiembre. 

De los 1.013 lanzamientos de ese año (hasta septiembre), aproximamente la mitad, 512, son por ejecuciones hipotecarias, y 447 por alquileres impagados (el resto son otros casos que no se especifican). 

Es verdad que los desalojos por impago de hipoteca están disminuyendo levemente (de 525 a 512 entre 2016 y 2017), pero en cambio han subido los producidos por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por no pagar el alquiler. (de 387 a 447).

María José y Fernando, a la espera

Detrás de las cifras están casos reales y dramáticos como el de María José y Fernando, la pareja de Las Gabias con tres hijos, que iba a sufrir este jueves a las 10.00 horas el tercer intento del juzgado para ejecutar el desalojo de su vivienda, pese al ruego de varios ayuntamientos (Las Gabias, Vegas del Genil, Chauchina y hasta el de la capital) y del Defensor de la Ciudadanía a la Caja Rural de Granada para que paralizara la ejecución hipotecaria. 

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Escrito del Ayuntamiento de Vegas del Genil a la Caja Rural de Granada. 

Stop Desahucios 15M Granada había vuelto a convocar una concentración para evitar el desalojo, que finalmente fue suspendido 'in extremis' al admitir el juez un recurso contra la ejecución hipotecaria por la existencia de cláusulas suelo en el préstamo hipotecario de la vivienda, otro de los abusos de las entidades financieras que han sufrido cientos de miles de familias en España.  

Antes de lograr la suspensión del lanzamiento judicial, la familia, con el apoyo de Stop Desahucios, había hecho "numerosos intentos de negociar su situación con la Rural", dice Stop Desahucios. La familia ofreció recomprar la vivienda por el mismo precio que la entidad se la quedó en la subasta de la ejecución hipotecaria: 115.000 €.  Pero el banco pide 225.000 €. Esta cantidad es, aproximádamente, la deuda global de la ejecución hipotecaria; deuda en la que se incluyen los abusivos intereses de demora y gastos varios, tales como los costes judiciales", explica Stop Desahucios.

"Esta entidad bancaria, que se vanagloria de su acción social, desoyendo a la familia, la presión mediática, la disposición de Diputación a mediar, intentan, de nuevo, desalojar a la familia, y a que 'disfruten de la navidad' en la calle. Curiosamente, invitan a los granadinos, el mismo jueves por la tarde, a la inauguración del belén en su sede central en la carretera de Armilla", criticaba el colectivo antes de que se conociera la suspensión del lanzamiento judicial. 

El Gobierno presume de apoyar a los deudores

Mientras, el Gobierno central presume de que las medidas de protección para los deudores hipotecarios vulnerables puestas en marcha en 2012 han beneficiado a cerca de 88.000 familias en España. Entre ellas, el Código de Buenas Prácticas (CBP) ha permitido, según el Ejecutivo, que 51.071 beneficiarios (hasta octubre de este año) hayan reestructurado su deuda hipotecaria. En los casi seis años de vigencia del CBP se han realizado 43.607 reestructuraciones viables, 7.456 daciones en pago y 8 quitas.

Por su lado, el Fondo Social de Viviendas (FSV) ha permitido la realización de más de 9.000 contratos de alquiler (cierre de 2016) y la moratoria hipotecaria ha propiciado la suspensión de más de 27.800 desahucios (hasta diciembre de 2017), según el Gobierno. 

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