La 'okupación' de viviendas es uno de los mantras de derecha y ultraderecha, que encuentran un filón en un problema que asocian a la seguridad ciudadana. El año pasado, los juzgados de la provincia ingresaron 56 asuntos por 'okupas', lo que se denomina procesos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, indican los datos del Consejo General del Poder Judicial y, según los datos que ha vuelto a recordar este miércoles el Colegio de Abogados de Granada, se presentaron 183 denuncias por ocupación ilegal. Por contra, los juzgados granadinos dictaron 336 desahucios, seis veces más que procesos por 'okupas', e iniciaron 673 ejecuciones hipotecarias, el paso previo para los desalojos. 

En este contexto y con estos datos, como ya recogió El Independiente de Granada cuando se anunció la iniciativa, el Ayuntamiento de Granada y el Colegio de Abogados han inaugurado oficialmente este miércoles la Oficina Municipal para el Asesoramiento y Apoyo Jurídico ante la Ocupación Ilegal de Viviendas. Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, ha sido la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la que ha inaugurado, junto al decano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera, la oficina, que está situada en la sede colegial de Cárcel Alta. 

Se trata, según resalta el Ayuntamiento, de un "servicio pionero" que ofrecerá "asesoramiento jurídico gratuito a la ciudadanía respecto a los problemas de ocupación ilegal de viviendas en la capital por parte de un centenar de letrados". 

El objetivo, añade la nota municipial, es "ofrecer información sobre los distintos procedimientos legales disponibles en caso de ocupación ilegal, las vías judiciales y extrajudiciales para lograr el desalojo, las medidas preventivas que pueden adoptarse y todas aquellas herramientas necesarias para la defensa de sus intereses".

"El Ayuntamiento da un paso adelante para garantizar que ningún vecino se sienta desprotegido frente a la ocupación ilegal, ofreciendo una herramienta útil, eficaz y gratuita que refuerza el compromiso de esta ciudad con la convivencia", afirma la alcaldesa

"Este servicio nace con un objetivo claro: estar al lado de los granadinos que ven vulnerado su derecho a la propiedad", ha manifestado Carazo, quien considera que, con esta oficina, "el Ayuntamiento da un paso adelante para garantizar que ningún vecino se sienta desprotegido frente a la ocupación ilegal, ofreciendo una herramienta útil, eficaz y gratuita que refuerza el compromiso de esta ciudad con la convivencia".

Para la alcaldesa, la normativa actual "se queda corta" y genera situaciones "de enorme dificultad para los ciudadanos". Desde el Ayuntamiento de Granada, ha añadido, "vamos a defender siempre el derecho de propiedad". 

Según Carazo, ya se ha atendido a una propietaria esta semana. 

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, ha resaltado la "especialización del servicio que se ofrecerá a la ciudadanía afectada", de manera que los usuarios "puedan confiar plenamente en que recibirán un adecuado apoyo jurídico frente a la ocupación ilegal para saber qué pasos dar, qué derechos tienen, cómo actuar con seguridad jurídica y qué mecanismos existen para recuperar su vivienda".

La alcaldesa ha expuesto que la puesta en marcha de esta oficina da respuesta a "una necesidad que le han trasladado de manera recurrente numerosos vecinos que se sienten indefensos ante la ocupación de sus propiedades o que quieren conocer cómo pueden prevenirla". Según los últimos datos del Ministerio de Interior que cita el Ayuntamiento, "en la provincia de Granada se registraron el pasado 2024 un total 183 denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que supone 3,5 veces más que en 2010 (con 53 casos) y un 30% de incremento respecto a 2023 (con 141)". 

"Se trata de un problema que va más allá de la propiedad privada, ya que afecta a la seguridad y al bienestar de las familias"

"Se trata de un problema que va más allá de la propiedad privada, ya que afecta a la seguridad y al bienestar de las familias", ha afirmado Carazo, quien ha recalcado "a responsabilidad de las administraciones públicas para ofrecer herramientas eficaces y accesibles a la ciudadanía que les faciliten su seguridad jurídica". 

De hecho, según ha recordado la regidora, desde el Ayuntamiento ya se elaboró a través de la Policía Local una ‘Guía informativa frente a la Ocupación’ que ofrecía a los ciudadanos las claves para prevenir una ocupación ilegal de su vivienda, como son evitar la sensación de vivienda vacía o cerrada, instalar medidas de seguridad o pedir a los vecinos que avisen de movimientos extraños. Igualmente, trasladaba recomendaciones sobre los primeros pasos que deben darse en caso de tener conocimiento de un intento de usurpación de un inmueble, como es llamar al 092 de manera inmediata.

"Con esta oficina -ha concluido la alcaldesa. Granada da un paso más y vuelve a situarse a la vanguardia en la defensa de los derechos de sus vecinos, ofreciéndoles no solo el apoyo de su Ayuntamiento, sino también el respaldo de profesionales jurídicos especializados que los puedan acompañar en el proceso".

Cuenta por el momento con un centenar de letrados adscritos, encargados de dar respuesta jurídica al "creciente problema de la 'okupación' en la ciudad". "Nos hemos asegurado de que el servicio sea prestado por abogados especializados en esta materia, de modo que los usuarios pueden confiar en que recibirán un adecuado apoyo jurídico frente a la ocupación ilegal para saber qué pasos dar, qué derechos tienen, cómo actuar con seguridad jurídica y qué mecanismos existen para recuperar su vivienda", ha añadido Cabrera.