En concreto, la máquina retroexcavadora y el camión de carga que se desplazaron al lugar pertenecen a la contrata que presta el servicio público de conservación vial en la zona Granada Oeste.

 

Se da la circunstancia “anómala y preocupante”, según la diputada andaluza del PP, de que el pliego de prescripciones técnicas que regula la adjudicación del contrato público sobre conservación de carreteras en la zona Oeste de la provincia de Granada prohíbe expresamente en su apartado 3.1.2 que “esta maquinaria no podrá ser utilizada para otros usos que no sean los estrictos y necesarios para el correcto desarrollo del servicio, de los trabajos y las obligaciones que se establecen en el presente pliego”. Y la realidad, publicada en las fotografías de distintos medios de comunicación de la provincia, es que las máquinas pertenecían a la conservación vial de la Junta. “Si el pliego del contrato lo prohíbe expresamente y si promotores y Junta nos informaron que era una iniciativa privada, no hay justificación alguna para este uso irregular de medios públicos”, ha recalcado Ana Vanessa García.

 

La parlamentaria andaluza ha recordado que, según han manifestado tanto la Junta de Andalucía como los promotores de la búsqueda de la fosa -una asociación-, se trata de una actuación privada dotada con 36.000 euros de presupuesto que únicamente requería de la Administración andaluza la “autorización de la Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía”. “La Junta no vio inconveniente para esta intervención privada que además estaría sufragada con fondos propios. No entendemos, por tanto, los motivos que han llevado a la Junta a prestar su maquinaria de forma presuntamente irregular a una iniciativa privada”, señala García.

 

“Desde el PP de Granada no cuestionamos las decisiones tomadas por asociaciones privadas pero sí nos preocupa la correcta inversión y el destino de los fondos públicos”, explica la parlamentaria. En este sentido, añade García, “si la Junta quiere repercusión mediática, debe utilizar los canales adecuados, pero que no lo detraiga con esa prepotencia y sin importarles la seguridad vial”.

 

"El caso es más alarmante si cabe debido al servicio al que están asignados estos medios", ha señalado la diputada. “La maquinaría debería atender la conservación diaria, en turnos de 24 horas, de las 22 carreteras autonómicas que comunican la zona Oeste con el resto de la provincia. Por ello, entiende que, “hablamos de 352 kilómetros que, desde principios de esta semana, disponen de menos recursos materiales y humanos para cumplir con las tareas para las que han sido contratados con fondos de todos los andaluces”. No hay que olvidar que gran parte de estas carreteras presentan un déficit importante de conservación “que pone en riesgo la seguridad vial de miles de conductores a diario precisamente porque han sido olvidadas por la Junta desde hace décadas y no entendemos cómo han podido considerar más importante desplazarlas a Alfacar, pese a la prohibición expresa, que dedicarlas al cometido para el que está contratado el servicio”.

 

“La Junta de Andalucía debió darse cuenta de su error porque nos consta que ha existido mucho malestar entre determinados responsables técnicos autonómicos precisamente por el desplazamiento de esta maquinaria. La prueba está en que a los pocos días fueron sustituidas por otras ya sin rotular, aunque desconocemos si también aportadas por la Junta