La Policía Nacional de Motril ha investigado una agresión a personal sanitario, vigilantes de seguridad y pacientes ocurrida el pasado 6 de febrero en torno a las 23.30 horas en el servicio de Urgencias del Hospital Santa Ana de Motril, por la que han resultado detenidas siete personas e identificadas -no detenidas- una docena más de entre las más de 30 allí congregadas tras un ingreso en dicho servicio.

Las edades de las personas detenidas están comprendidas entre los 22 y los 69 años, la mayoría de ellas con antecedentes policiales, como presuntos autores de atentado a agente de la autoridad, condición del personal sanitario en el desempeño de sus funciones, y desórdenes públicos, al alterar gravemente el normal funcionamiento de dicho servicio esencial de salud. Uno de los siete detenidos lo ha sido por amenazas graves, según detalla la Policía.

El suceso tuvo lugar sobre las 23:30 horas del pasado día seis de febrero, después del ingreso de una mujer en el área de observación del servicio de Urgencias del Hospital de Santa Ana de Motril, donde se concentró un número elevado de familiares, superior a la treintena, vecinos y amigos de la paciente.

Agresiones múltiples

Según relata la Policía, varias de estas personas intentaron acceder al interior del hospital, desoyendo las indicaciones del personal de seguridad en el sentido de que no podía hacerlo más de un acompañante. En un momento dado, se produce el desmayo de una de estas personas, la cual es atendida por personal sanitario allí presente. Entonces la muchedumbre comienza a gritar, exigiendo la presencia inmediata de un médico, al tiempo que tanto los sanitarios como los empleados de seguridad del hospital son agredidos física y verbalmente por la muchedumbre, ocasionándoles lesiones de carácter leve.

Los policías investigadores de la Comisaría de Motril iniciaron las pesquisas para esclarecer lo sucedido e identificar a todos los intervinientes, así como para determinar su grado de participación en el suceso, en el que no solamente se produjeron las agresiones físicas y verbales al personal del hospital, sanitarios y vigilantes, sino que también lo hicieron contra el resto de pacientes que se hallaban a la espera de ser atendidos. Además, se alteró gravemente el normal funcionamiento de un servicio esencial de salud como es el de las Urgencias hospitalarias.

Según la Policía, ha sido una ardua labor de investigación en la que los agentes de la Policía Nacional han podido establecer la implicación de cada uno de los presuntos responsables. En este sentido, han sido plenamente identificadas más de una treintena de personas de entre las congregadas en el lugar. 12 de ellas han sido investigadas no detenidas y un total de siete son las detenidas. Los detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial durante la mañana del día de este miércoles junto con el atestado policial.

Interlocutor Policial Sanitario

La Policía Nacional cuenta con la figura del Interlocutor Policial Nacional Sanitario que se encarga de coordinar, cooperar, desarrollar y ejecutar las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación a personal sanitario. Además, son el punto de contacto permanente con los representantes de los centros médicos, colegios profesionales y autoridades territoriales competentes.

La figura del Interlocutor Policial Nacional Sanitario fue creada para poner freno a las agresiones a nivel nacional, garantizando una atención personalizada a los profesionales sanitarios que sufran violencia o amenazas. Con el objetivo principal de disminuir los actos delictivos cometidos en centros médicos, el interlocutor mantiene continuas reuniones con el sector sanitario para establecer una comunicación más fluida y adoptar las medidas de seguridad para disminuir el riesgo. Además, ofrece asesoramiento a los centros que lo soliciten para prevenir agresiones y formar a los propios sanitarios con medidas de autoprotección.

Otra valiosa herramienta legal en la lucha contra este tipo de agresiones es la Instrucción 3/2017 de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, en ella y entre otras medidas, se establece un procedimiento de actuación común dentro del ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier tipo de agresión o manifestación de violencia e intimidación dirigida a médicos y profesionales de la salud, comprendiendo por tanto, cualquier conducta susceptible de encuadre dentro del concepto de agresión física o agresión verbal, así como aquellos actos que supongan infracción penal directamente relacionada con la actividad sanitaria.

Igualmente cabe destacar que las agresiones a estos tienen consecuencias jurídicas derivadas del vigente Código Penal (art.550), dado que hace extensible el Principio de Autoridad a toda persona que ejerce su trabajo en un centro de atención primaria, de salud u hospital, calificándose jurídicamente como atentado a la autoridad las agresiones sufridas en el ejercicio de sus funciones por los profesionales de la salud.