La Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación pide que la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que recuerda impulsó en su día por Izquierda Unida y aprobó el pleno del Parlamento autonómico el pasado 15 de marzo de 2017, "sea dotada del presupuesto necesario para atender las demandas de justicia y dignidad que vienen reclamando los familiares de víctimas del franquismo desde hace tantos años".

"Consideramos que un presupuesto de 1.200.000 euros, con una partida de sólo 300.000 destinada a exhumaciones, es "totalmente insuficiente" para al apertura de las 600 fosas comunes localizadas en Andalucía y la recuperación de los restos de más de 48.000 andaluces, la comunidad con más desaparecidos del franquismo. Una partida que no permitirá cumplir el plan cuatrienal de exhumaciones contemplado en la propia ley, según la asociación.

Asimismo, el colectivo pide que la competencia de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía deje de pertenecer a la Consejería de Cultura y sea trasladada a la Consejería de Justicia, "pues nuestros desaparecidos no son restos arqueológicos, sino víctimas de crímenes contra la humanidad que no prescriben ni son amnistiables, como reconoce la propia ley".

"Solicitamos, además, el desarrollo normativo necesario para aplicar la ley, sobre todo en el ámbito educativo. Consideramos que debe ser una prioridad el conocimiento de nuestra historia reciente y la recuperación de la memoria democrática en los centros de enseñanza de Secundaria, Bachillerato y Universidad. A la difusión de la Memoria Democrática deben contribuir también los medios audiovisuales públicos con programas en horario de máxima audiencia".

"No menos urgente", agrega la asociación, debe ser la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad, pues la ley llega "con enorme retraso y nos estamos quedando sin testigos". No sólo es necesario la elaboración de un informe histórico por parte de los expertos, es "imprescindible" también recoger cuantos antes los testimonios orales de los supervivientes. Es decir, aquellas víctimas que han sido "silenciadas" por la dictadura y "olvidadas" por la transición, durante 80 largos años.

Esperamos, por último, que esta ley nos permita "democratizar nuestras calles y plazas", retirando toda la simbología franquista y, especialmente, destaca Verdad, Justicia y Reparación, "la tumba del criminal de guerra Queipo de Llano (El Valle de los Caídos andaluz), enterrado con todos los honores en la Basílica de la Macarena, frente al Parlamento de Andalucía".

"Sólo así, esta ley será celebrada por los familiares de víctimas del franquismo y no nos llevará a una nueva frustración colectiva, como ha ocurrido con la Ley de Memoria Histórica 52/2007 del gobierno Zapatero, convertida en papel mojado por el gobierno del Partido Popular".