Es inconcebible que el alcalde de Granada no presida el principal monumento público y primera industria de la provincia: la Alhambra.

Es habitual que los consorcios, patronatos e instituciones públicas de las ciudades las presida  también su primera autoridad, el alcalde. Eso ocurre con los Reales Alcázares de Sevilla y Gibralfaro-Alcazaba de Málaga, por ejemplo.

Es habitual que los consorcios, patronatos e instituciones públicas de las ciudades las presida  también su primera autoridad, el alcalde. Eso ocurre con los Reales Alcázares de Sevilla y Gibralfaro-Alcazaba de Málaga, por ejemplo

Los antiguos patronatos reales y las alcaidías fueron desapareciendo desde principios del siglo XX (la de los Reales Alcázares se conserva todavía). Patrimonio Nacional, como propietario de la mayoría de los monumentos de realengo, delegó siempre la presidencia y gestión en próceres de la vida local. En el caso de la Alhambra, su primer Patronato se constituyó en 1914 y tuvo como presidente al erudito Francisco de Paula Valladar. Sus directores casi siempre se asociaron a figuras de conservadores o arquitectos (saga de los Contreras, Torres Balbás, Prieto Moreno, etc.)

Las decisiones de calado se tomaron en la Alhambra por personas que vivían de cerca el  complejo palaciego y su anexo de jardines, incorporados al conjunto en 1921. Desde Madrid se dejaba hacer a los granadinos, sin apenas intervención externa. En la buena marcha del Patronato de la Alhambra y Generalife tuvieron mucho que ver Gómez-Moreno, hijo, y Antonio Gallego Burín, durante la etapa franquista.

En el año 1986, el Estado transfirió a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias de Cultura y Patrimonio. En el paquete iba incluida gestión de la Alhambra-Generalife. La primera intención fue que la Junta re-transfiriese el monumento granadino a la ciudad, es decir, a su Ayuntamiento, como máximo representante de la voluntad popular, elegido democráticamente. Durante la elaboración de los Estatutos que rigen el Patronato de la Alhambra (1985-86), se pensó dar la presidencia al alcalde de Granada, así como ampliar la representatividad de instituciones públicas y empresariales granadinas.

¿Por qué ocurrió aquella felonía? Para explicarla sólo hay que mencionar dos nombres: Antonio Jara Andréu y Javier Torres Vela. El primero era alcalde de la ciudad; el segundo estaba recién elegido Consejero de Cultura. Era notorio su antagonismo, a pesar de que el segundo comenzó como concejal a las órdenes del primero. Su enemistad aumentó a raíz de la expropiación de los Alijares por la Consejería de Cultura de Junta, que ambos habían votado favorablemente en su primera tramitación

Pero el resultado fue todo lo contrario. La presidencia no recayó en el alcalde de la ciudad, sino en el consejero de Cultura de la Junta. Y así seguimos 32 años después. ¿Por qué ocurrió aquella felonía? Para explicarla sólo hay que mencionar dos nombres: Antonio Jara Andréu y Javier Torres Vela. El primero era alcalde de la ciudad; el segundo estaba recién elegido Consejero de Cultura. Era notorio su antagonismo, a pesar de que el segundo comenzó como concejal a las órdenes del primero. Su enemistad aumentó a raíz de la expropiación de los Alijares por la Consejería de Cultura de Junta, que ambos habían votado favorablemente en su primera tramitación.

El entonces consejero de Cultura se salió con la suya en el tema de la Alhambra. Puso de director del Patronato a quien sabía que más podía disgustar al alcalde de la ciudad. A partir de aquellos años fue conformándose el virreinato de la Consejería de Cultura para gobernar la Alhambra de Granada desde Sevilla. Y así continúa siendo.

El alcalde de Granada, y los concejales que le asisten, no han conseguido pasar de vicepresidente y simples vocales del Patronato. Frente a una larga lista de funcionarios y políticos designados por Sevilla que responden consignas de Sevilla. Mientras, los palmeros no han dicho esta boca es mía y la oposición no ha dejado de quejarse en el desierto.

La nueva situación política que se apresta a vivir Andalucía hace preciso que se dé el paso inconcluso, frustrado por antagonismos personales en 1986. El Parlamento de Andalucía debe redactar una nueva normativa que recoja los deseos mayoritarios de los granadinos de tener  presencia mayoritaria en el órgano decisorio del monumento. Y concretar la interrelación de la ciudadela con la ciudad. Eso se conseguirá acelerando la ejecución de Plan Director 2007-20, un documento muy válido todavía. Ha llegado el momento de poner fin al virreinato de la Alhambra.

La nueva situación política que se apresta a vivir Andalucía hace preciso que se dé el paso inconcluso, frustrado por antagonismos personales en 1986. El Parlamento de Andalucía debe redactar una nueva normativa que recoja los deseos mayoritarios de los granadinos de tener  presencia mayoritaria en el órgano decisorio del monumento

En esos cambios se deberán reconocer y recoger los deseos de representación de colectivos culturales, sociales, universitarios, empresarias y de colegios profesionales locales. También resultaría más estética la selección de sus gestores atendiendo criterios de igualdad, mérito y capacidad. Y vaya por delante que los tres directores que ha tenido la Alhambra en estos 32 años gozan de mi reconocimiento como grandes profesionales. Lo que han hecho de bueno ha sido el pórtico de lo mejor por hacer y la antesala de lo máximo por venir.

No doy por cerrado ­­el tema de una conexión moderna, rápida y sin impacto visual Granada-Alhambra. Los barrios bajos de la capital no pueden vivir al margen de un turismo de autobús y picnic. Ni tampoco el comercio y la hostelería. La Alhambra es la única industria potente de esta tierra. No debemos desperdiciarla o tenerla como una sucursal de otros. Sí al conservacionismo, también al aprovechamiento económico ordenado.

Hay miles de arquitectos, ingenieros y proyectistas. Y ejemplos muy bien conseguidos en otras ciudades tanto o más históricas que la nuestra. Manos a la obra.