Hoy se sientan en el banquillo tres jóvenes granadinos, acusados de un presunto delito de ultraje a la bandera monárquica. La fiscalía pide multa para dos procesados y dos años de cárcel para el tercero, por delito de incendio con ultraje a la bandera, una sanción en mi opinión desproporcionada que busca, sobre todo, el escarmiento. Sin duda, sobre este juicio planea la muy cuestionada ley mordaza, impulsada por el Partido Popular, que cuando haya cambio de gobierno será derogada, pues es más propia de una dictadura que de la democracia.

El incidente que se juzga se produjo en la manifestación convocada el 2 de junio de 2014, con motivo de la abdicación del rey Juan Carlos. Miles de personas salieron a la calle para exigir el derecho a decidir entre Monarquía o República. Cuando la manifestación llegó a los Jardines del Triunfo, tres jóvenes treparon por el mástil, descolgaron la bandera monárquica e izaron la republicana y la andaluza.

Las miles de personas que contemplaban la escena aplaudieron con entusiasmo la acción de aquellos tres jóvenes, por considerarla llena de audacia. ¿Acaso la fiscalía también piensa acusar a esas miles de personas de un delito de apología por aplaudir? ¡Qué despropósito! Estamos asistiendo a un episodio más de la utilización de la Justicia con fines políticos para desprestigio del sistema democrático, basado en la independencia del poder judicial.

Es evidente que en este país existe un conflicto de símbolos sin resolver, una secuela más de aquella transición democrática que dejó mucho que desear. No olvidemos que los constituyentes del 78 debieron convocar un referéndum sobre el modelo de Estado, reclamado por muchos, pero no lo hicieron porque había ruido de sables en los cuarteles. Finalmente se produjo la intentona golpista del 23F, que afortunadamente fracasó. A partir del 82, con Felipe González en La Moncloa y sus tres mayorías absolutas, hubiera sido el momento de hacer la consulta popular.

Y en los últimos años, el Partido Popular ha sembrado de banderas rojigualdas las principales rotondas de nuestras ciudades y pueblos, haciendo un alarde en metros de tela. La derecha nostálgica del franquismo debió poner también en las rotondas la verdiblanca y la azul con estrellas, pues le guste o no, hay que recordarle que ahora estamos en el Estado de las Autonomías y formamos parte de la Unión Europea.     

Una parte importante de la población no acepta los colores de la bandera monárquica, rojigualda, porque son los mismos que utilizó la dictadura, durante casi cuarenta años. Reivindican la tricolor republicana, que representa la legalidad democrática, brutalmente ultrajada por el régimen franquista. También la verdiblanca, por la que asesinaron a Blas Infante. Hablemos claro, la guerra de las banderas no cesará hasta que la ciudadanía conquiste el derecho democrático a decidir, en consulta popular, los símbolos que han de representarnos a todos. Otra asignatura pendiente de la democracia.

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Francisco Vigueras.