Mientras participaba en una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, planteó la posibilidad de abrir el debate sobre los límites a la información. Lo hizo tras ser preguntado por los juicios paralelos. Tras recordar que se debe sancionar con firmeza al funcionariado que filtre información sobre casos bajo secreto de sumario, añadió un matiz que se convirtió en un quebradero de cabeza: trasladar esas sanciones a los medios. 

La cascada de críticas se sucedió durante toda la jornada, entre ellas las de los propios profesionales de la información. El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) fue uno de los colectivos que levantó la voz para resaltar que esas declaraciones suponían "un ataque a la libertad de información" y al derecho de la ciudadanía a recibir información relevante y veraz. 

Tras los reproches, el ministro matizó sus palabras asegurando que habían sido tergiversadas. Catalá aseguró que no había intención de penalizar a los medios y encuadró su reflexión en el debate abierto a raíz de una directiva europea sobre presunción de inocencia.