El TSJA pide no descartar la construcción de una Ciudad de la Justicia en Granada
"Ha transcurrido un tiempo excesivo (Memoria de 2010) desde que, por primera vez, se hablara de la reestructuración de los órganos judiciales en Granada y acabar con la dispersión de las sedes en la capital judicial de Andalucía. "Los planes de la Consejería siguen sin completarse ni ejecutar. Granada sigue siendo una de las asignaturas pendientes importantes".
Si la reunificación no puede resolverse, "no se debe desechar de plano" la construcción de una Ciudad de la Justicia
Así lo resume la Memoria del TSJA correspondiente al pasado año, en la que vuelve a lamentar que, en Granada, no se haya resuelto la reunificación de las sedes judiciales en La Caleta y pide que no se descarte la opción de crear una Ciudad de la Justicia. Lo recoge como un "objetivo que no se debe desechar de plano" si la situación "no pudiera resolverse, si no se solucionan los problemas de espacio y unificación que tanto lor órganos unipersonales como la Audiencia Provincial (los actuales como los previsibles de nuevo creación)". En ese caso, "habría que plantearse otras actuaciones distintas", incluida esa Ciudad de la Justicia, que hasta ahora se había descartado.
Lo que se ha hecho en los últimos meses es ejecutar obras de reforma en las plantas 6ª, 7ª y 8ª del edificio de La Caleta. Comenzaron en abril del pasado año. Tenían una duración prevista de 10 meses y han concluido en abril de 2022. El objetivo es ubicar en estas plantas cinco o seis juzgados, dos salas de Vistas, sala para la Junta de Jueces y dependencias anexas. En esta actuación, además, se rehabilitan las instalaciones y se resuelve la accesibilidad y la evacuación de estas plantas, por lo que ha sido necesario actuar en las zonas comunes del edificios, escaleras, y planta baja.
Pero estas obras no resuelven "la situación de dispersión de las sedes de la Audiencia Provincial, única en Andalucía que no cuenta con una sede unificada y la reubicación de órganos judiciales se antoja compleja y de prolongada demora temporal".
Y eso ocurrre en la capital judicial de Andalucía.
"La necesidad de nueva sede judicial es patente" en Órgiva, donde al problema de la ubicación separada de los dos juzgados se une la inexistencia de espacio suficiente para albergar el archivo
En cuanto a la provincia, se han llevado a cabo actuaciones en Almuñécar, donde se ha acondicionado una nueva sede. En otra localidad, Órgiva, "la necesidad de nueva sede judicial es patente". En este municipio, "al problema de la ubicación separada de los dos Juzgados hay que unir la inexistencia de un espacio suficiente para albergar el archivo judicial de los Juzgados. Se ha desbloqueado un proyecto paralizado desde 2009, posibilitando la puesta en marcha de un edificio que acoja los órganos judiciales de la capital alpujarreña. Durante el año 2021, se ha adaptado elproyecto original a la normativa de obligado cumplimiento sobrevenida, la actualización de precios de su presupuesto y la adecuación a la configuración de la nueva Oficina Judicial". Dichos trabajos se han llevado a cabo en el ejercicio 2021, tras su oportuna contratación, y ya se encuentran concluidos.
En general, el TSJA lamenta "el deficiente estado general y dispersión de las sedes judiciales" en su ámbito territorial, que "viene siendo tradicional". "Es cierto que esa ancestral deficiencia inversora no puede ser corregida de forma brusca, pues precisa, no ya de un importante impulso presupuestario, quizás inasumible de un ejercicio a otro, sino también de una amplia planificación y proyección de las reformas a realizar en los edificios judiciales y de la decisión de construcción de aquéllos de nueva planta que resulten necesarios".
En ese sentido, y a nuestro pesar, no podemos tampoco en este año 2021 cambiar la literatura ni el contenido de este apartado de la Memoria. Así, hemos de seguir poniendo de manifiesto que en Andalucía contamos aún con numerosas sedes judiciales que no responden al nivel mínimo exigible a un inmueble destinado a la prestación de un servicio público a los ciudadanos y donde desarrollan su actividad profesional funcionarios y trabajadores públicos.
