La Subdelegación del Gobierno ha defendido la actuación del Ministerio para la Transición Ecológica en la demolición del chiringuito Calabré de Almuñécar, este pasado miércoles, tras denunciar el Ayuntamiento sexitano que el derribo se hizo "sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin pedir licencia de obras".

En un comunicado, la Subdelgación explica que el Servicio Provincial de Costas comunicó, en oficio fechado el 4 de septiembre de 2024, al Ayuntamiento de Almuñécar la orden de demolición de este inmueble. Desde ese momento, "el Consistorio podría haber recurrido la actuación administrativa, pero tal hecho no se produjo aun cuando hubo comunicación posterior sobre esta demolición con el consistorio". 

Según la Subdelegación, el competente para firmar la orden de demolición de este inmueble, ubicado de manera ilegal en Dominio Público Marítimo Terrestre, es, en este caso, la directora general de la Costa y el Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, "sin que se precise autorización municipal". 

El chiringuito Calabré, continúa la Subdelegación, "era una instalación ilegal ubicada en Dominio Público Marítimo Terrestre, con una concesión en precario desde 1965 a 2022. El Servicio Provincial de Costas ha tramitado un expediente de recuperación de posesión para eliminar la instalación que estaba en situación de ilegalidad. Una vez terminada la concesión en precario y resuelto el problema de ocupación que presentaba el inmueble, el Servicio Provincial de Costas ha procedido a su demolición para intentar recuperar el estado primitivo de la playa. Al tratarse de una instalación en Dominio Público Marítimo Terrestre no es legalmente posible otra utilización del inmueble", como pretendía el Ayuntamiento, que tramitaba su conversión en centro náutico.