Protesta contra el nuevo Decreto que regula las Escuelas Infantiles

Ciudadanía - IndeGranada - Miércoles, 29 de Marzo de 2017
CCOO y UGT critican la falta de negociación de la normativa en la Mesa de Educación Infantil. El PP por su parte presentará una iniciativa en el pleno del Parlamento este jueves.
Delegados y delegadas de UGT en la concentración.
UGT
Delegados y delegadas de UGT en la concentración.

La aprobación del nuevo decreto que regula la Educación Infantil de 0 a 3 años fue recibida con movilizaciones del sector y también de los sindicatos. En Granada, con una con una concentración a las puertas de la Delegación. 

CCOO, que participó en esa protesta, recordó que cuando la Consejería de Educación, a finales de 2014, anunció su intención de modificar el Decreto de Educación Infantil de 0 a 3 años, el sindicato ya advirtió de que la transformación de los convenios a concurrencia competitiva supondría romper el actual sistema, además de repercutir negativamente en el empleo y en las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. 

Según la secretaria general de Enseñanza de CCOO de Granada, Mercedes González, “la aprobación, este martes, por parte del Consejo de Gobierno de este Decreto, supone una forma encubierta de puesta en marcha del cheque escolar  -lo que viene a mercantilizar esta etapa básica en el posterior  desarrollo educativo de los niños y niñas- y, en consecuencia, mermar la calidad de la educación impartida en las Escuelas Infantiles”.

A este respecto, González critica que “en la elaboración de esta modificación del Decreto, la Consejería de Educación ha sustraído el derecho de negociación de los trabajadores, pues dicha negociación -que no se ha producido- debiese haber tenido lugar en el seno de la Mesa de Educación Infantil, donde están representadas todas la partes: sindicatos, patronal y Administración”. 

Además, se indica desde el sindicato que en la tramitación de la modificación del Decreto de Infantil, la propia Consejería de Educación se ha saltado el preceptivo informe del Consejo Escolar de Andalucía. “Ello -según González-, indica que Administración, además de no negociar con los representantes de los trabajadores, coarta la voz de la comunidad educativa”.

Igualmente, desde el Sindicato de Enseñanza de CCOO de Granada se indica que la introducción de la concurrencia competitiva en la norma, supondrá que los convenios suscritos con los principales ayuntamientos granadinos dejarán de estar vigentes y, por tanto, vendrá a significar el despido de las trabajadoras y trabajadores contratados para sus Escuelas Infantiles.

Por todo ello, CCOO  continúa reclamando la convocatoria urgente de la Mesa de Infantil, donde la Consejería de Educación presente un documento cero para empezar a negociar, e igualmente, exige el cumplimiento escrupuloso de todos los preceptivos trámites hasta su publicación en BOJA.

También UGT participó en la protesta. Delegados y delegadas de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP), de UGT-Granada prostestaron así por el nuevo modelo de financiación y por lo que consideran "la sustracción del derecho a la negociación de la modificación del Decreto", por no haber convocado la Mesa de Infantil como "marco natural de la negociación" y por la aprobación "saltándose el procedimiento (informe previo del Consejo Escolar de Andalucía) y sobre todo, por las posibles repercusiones en el empleo y condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, dada la aparente concurrencia competitiva a la que nos lleva este cambio en la financiación".

El PP cree que el decreto esconde 'nuevos recortes'

Por su parte, desde el PP se anuncó la presentación este jueves, en el Pleno del Parlamento, de una Proposición No de Ley en la que insta al Consejo de Gobierno a suspender el Decreto Ley con el que pretende regular los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, para niños de entre cero y tres años, al considerar que esa norma “perjudica tanto a los centros como a las familias andaluzas” y no hace sino “esconder nuevos recortes” en la etapa educativa de los cero a los tres años. 

La Proposición No de Ley será defendida por la parlamentaria granadina Marifrán Carazo, que esgrime, entre otros motivos, que la nueva regulación se quiere imponer “sin dialogar con los agentes implicados y con la intención de implantar un nuevo modelo de financiación”. A través de ese modelo, ha subrayado, la Junta “sólo pretende mejorar sus estadísticas de cara a la galería con un aumento de plazas, pero sin pensar realmente qué es lo más conveniente para las escuelas, para las familias y para mejorar la Educación”. Es un decreto que “reducirá las ayudas a las familias, no dignifica al sector ni tampoco garantiza el futuro de las escuelas y de sus trabajadores”, ha enfatizado.

Carazo ha recordado que los convenios en la Educación Infantil de cero a tres años se remontan al año 2002, cuando esa etapa educativa “comenzó a tener un valor considerado”, lo cual llevó a la Administración andaluza a recurrir a escuelas infantiles privadas para prestar este servicio. Siete años después, en 2009, se aprobó el decreto por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo educativo, “elaborado sin consultar a los profesionales del sector” y que, pese a que los populares pensaban que sería modificado “para corregir sus errores, no ha sido objeto de ninguna mejora”. 
 

Marifrán Carazo con representantes de las Escuelas Infantiles. pp

 
De todos modos, lo peor, a juicio de la parlamentaria, vino a partir de 2012, cuando la Administración autonómica empezó a “incumplir” los derechos que les habían sido reconocidos a las escuelas infantiles con un convenio firmado el 20 de junio de 2011. “A partir de entonces comienza todo a tomar un rumbo catastrófico para la Educación infantil de cero a tres años”, ha sintetizado Marifrán Carazo. 

La parlamentaria ha enumerado algunos de los "perjuicios" para el sector: "eliminación de la bonificación del 100 por ciento de la cuota del servicio de comedor, congelación del precio de la plaza escolar y del IPC anual mientras sí que sufrían ese incremento los centros, retrasos sistemáticos de hasta cinco y seis meses en el abono de la paga compensatoria de agosto…".

A todo eso hay que sumar la “postura de acoso de la Agencia Andaluza de Educación” hacia las escuelas infantiles, con inspecciones en horarios “que debilitan la calidad de trabajo sobre los niños, como el de comedor” o hasta la paralización de pagos a centros si no completan una serie de encuestas a las familias que tienen niños allí. 

La situación, ha subrayado Marifrán Carazo, puede empeorar aún más con este Decreto Ley que pretende aprobarse, por lo que la Proposición No de Ley de los populares exige mantener el Decreto vigente para este curso, convocar “de manera urgente” a la mesa sectorial para revisar y actualizar la actual normativa, “que es claramente poco ambiciosa e insuficiente” y consensuar la propuesta resultante con los agentes implicados, así como incrementar la dotación presupuestaria de la Educación Infantil “para mejorar la calidad del servicio” y garantizar los pagos.