La Policía de la Junta descubre más de una decena de pozos ilegales y peligrosos en Atarfe y Güéjar Sierra
La Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía ha descubierto más de una decena de pozos ilegales que carecían de medidas de seguridad en los municipios de Atarfe y Güéjar Sierra, y ha denunciado a sus propietarios. A su vez, los pozos hallados fueron delimitados con cinta policial por los agentes, como medida de prevención para evitar la caída de personas o animales, según informa la Junta en un comunicado.
Según explica la nota, cuando detectan un pozo ilegal los agentes tramitan varias denuncias, que dirigen al ayuntamiento correspondiente, a la Confederación Hidrográfica y a la consejería de Medio Ambiente. Posteriormente a su denuncia, por parte de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta se realiza un seguimiento y se comprueba que los pozos y sondeos denunciados y localizados se cierran debidamente.
El propietario de uno de los pozos ilegales descubiertos en el municipio de Atarfe no había solicitado la autorización administrativa oportuna ni cumplía con los requisitos que exige la ley para su realización. El pozo estaba cubierto con una pequeña reja metálica en una de sus mitades, y en la otra mitad con una tabla de madera, con partes del pozo sin tapar, con el consiguiente peligro para la vida o integridad de personas que pudieran rondar la zona, indica la Junta.
Otro de los pozos hallados en ese municipio también carecía de las autorizaciones oportunas y se encontraba parcialmente tapado y en muy mal estado de conservación. Por ello, los agentes denunciaron al propietario del terreno por una infracción al Real Decreto legislativo 1/2001 de la Ley de Aguas que regula la apertura de pozos para la extracción de aguas subterráneas, alegando que tenía el terreno arrendado y que el pozo ya se encontraba hecho con anterioridad. Pero el artículo 53 de la Ley de Agua de Andalucía, que hace referencia a pozos abandonados, deja claro que los propietarios de las instalaciones de este tipo que estén en desuso están obligados también a su sellado, previa comunicación al organismo público competente en materia de agua.
En el caso de terrenos públicos, el responsable siempre es el titular del derecho privativo, es decir, el que use ese pozo. Y en caso de incumplimiento, el organismo competente puede hacer un requerimiento al propietario y, transcurrido un plazo, ejecutar subsidiariamente el sellado, pasando las costas.
De igual modo, los agentes integrantes de la Unidad de Policía de Granada han detectado "8 o 9 perforaciones en mal estado y con un diámetro considerable" cerca de una antigua mina de plomo en el municipio de Güéjar Sierra, con el consiguiente riesgo para la integridad de las personas. Realizaron un informe por tales hechos y comunicaron tal extremo al ayuntamiento correspondiente, para que adopte las medidas oportunas para su sellado, y así poder evitar males mayores.
