Los diputados de Podemos Pedro Arrojo, Sergio Pascual y Ana Terrón han presentado una queja este miércoles ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que solicitan a este órgano que investigue si existió responsabilidad disciplinaria en la actuación de los órganos judiciales en el caso de una a familia de Motril con cuatro hijos menores de edad que fue desahuciada el pasado mes de agosto de la vivienda que ocupaban sin poder recuperar sus enseres.

Consideran que Bankia pudo cometer en este asunto allanamiento de morada o coacciones, así como apropiación indebida de bienes muebles y que el juzgado competente no actuó conforme a la legalidad ni atendió correctamente la situación de esta familia.

El matrimonio presentó una demanda en los juzgados contra el banco propietario de la vivienda, ya que no existía la orden judicial necesaria para el desalojo por el que esta familia, que había entrado de 'okupa' en el piso dos años antes y se encontró la puerta del domicilio cambiada, por lo que quedaron todas sus pertenencias dentro y ellos en la calle.

En el escrito que presentaron este miércoles, los tres diputados señalan que el desalojo se produjo pese a que la orden del Juzgado Penal número 1 de Motril había sido recurrida. Denuncian que el personal de Bankia accedió a la vivienda, de la que era propiedad el Banco Popular, a cambiar la cerradura sin la pertinente orden judicial.

Cuando acudieron al juez, se les dijo que la titular se encontraba de vacaciones y el juzgado de guardia, el número 4 de la ciudad, tampoco se hizo cargo de su denuncia.

Más tarde se constató que la secretaria del Juzgado número 1 a la que había correspondido tramitarla la había dejado sobre la mesa del magistrado y ésta había quedado sin registrar.

"Parece razonable concluir que una denuncia por presuntos delitos de allanamiento de morada o en su caso coacciones, así como de apropiación indebida de bienes muebles, que se vienen realizando de manera continuada desde el tres 3 de agosto pasado y hasta el presente (*) que han dejado a una familia a la intemperie, debe calificarse como algo muy grave que requiere una actuación judicial, aún en el mes de agosto", señalan en su queja al CGPJ.