La Fiscalía de Andalucía incorpora a la carrera Fiscal a ocho nuevos fiscales, de los que cuatro de ellos han jurado hoy su cargo en un acto celebrado en la Real Chancillería de Granada, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Al acto, presidido por la fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, y el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, han asistido los magistrados y fiscales que les han apadrinado en su jura a la carrera Fiscal y los familiares de los fiscales que obtuvieron plaza en la convocatoria de 2016 y tras realizar el curso del Centro de Estudios Jurídicos .

Según ha informado la Fiscalía, siete de ellos son mujeres, de 29 años, y con una media de cuatro años para prepararse las oposiciones a la carrera Fiscal, y el hombre, Pablo Belda, de 24 años, lo ha conseguido en dos años.

Cuatro de ellos se incorporan con plaza y otros cuatro como fiscales de apoyo. En la Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera (Cádiz) se incorporan María Luisa Moyano Fernández y Carmen Ares Bachiller y en Huércal-Overa (Almería) Elena Cano y María Pastor Pérez- Estrada.

Como fiscales de apoyo Pablo Belda Sima se incorpora en la Fiscalía Provincial de Huelva; en Fuengirola (Málaga) Marta Jiménez Nogueria; en la Fiscalía de Cádiz Raquel Olonso Galvanes y en la de Almería Melania Enriquez Ruiz. 

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, les ha dado la bienvenida y ha destacado los dos grandes retos que tendrán que afrontar en los próximos años: la reforma del proceso penal en la que el fiscal deberá dirigir la investigación penal para contribuir a agilizar las causas judiciales y la modernización de la Justicia con la implantación de las aplicaciones informáticas y la Oficina Fiscal. Les ha recordado que que el Ministerio Fiscal es un servicio público de interés general y en el que hay que “favorecer criterios jurídicos para mantenerse a salvo de las influencias externas”. 

En los mismos términos se ha expresado el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien a vuelto a reiterar su apoyo para que en la nueva ley de reforma penal la responsabilidad de la investigación penal sea instruida por el Ministerio Fiscal.