El Juzgado apremia al Ayuntamiento para que cumpla la sentencia que anuló las oposiciones de la Policía Local
El gobierno local se enfrenta al cumplimiento de otra sentencia, esta vez con repercusiones en las área de Personal y Protección Ciudadana y cuyo fallo era conocido, pero que el PP se resistió a ejecutar. Se trata de la resolución que anuló las oposiciones a subinspector de la Policía Local celebradas en 2007, que fue confirmada por el TSJA constatando la filtración de los exámenes y la contaminación del tribunal que las supervisó.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada acaba de apremiar al Ayuntamiento para que dé cumplimiento a la resolución judicial que fue dictada el pasado febrero y cuya ejecución solicitó el agente que denunció las irregularidades en este procedimiento, al que finalmente y tras una larga lucha judicial, los tribunales acabaron dando la razón.
En una resolución con fecha de uno de junio, el Juzgado requiere al Consistorio para que en el plazo de diez días informe de las actuaciones que haya practicado para el cumplimiento de la misma, advirtiendo de que si fuese necesario, adoptaría "las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado".
En ese escrito recibido ahora por el Ayuntamiento, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, el Juzgado pide también que se indique "la autoridad o funcionario" encargado de la ejecución para, en su caso, "imponer las correspondientes multas coercitivas".
Tras conocerse el pasado febrero que el TSJA había confirmado todos los extremos del auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 que anuló el proceso, el entonces responsable de Personal Juan Antonio Fuentes (PP) aseguró que el gobierno local había pedido a los servicios jurídicos que estudiaran si cabía un recurso ante el Supremo, puesto que era firme. FInalmente el gobierno del PP no recurrió y esa opción quedó en manos de los agentes que se beneficiaron de la filtración, ascendiendo a subinspector. Entonces también se anunció que se había encargado un informe para darle cumplimiento.
Será ahora el gobierno local socialista el que deba darle cumplimiento a una sentencia que obliga a una reordenación de la Policía Local. Fueron ocho las plazas de subinspector en esas oposiciones y aunque solo cinco de ellos, según han constatado los tribunales, accedieron a la filtración, la sentencia del TSJA determinó que la expulsión de esos agentes no era suficiente para depurar el proceso selectivo, por "la más que probable contaminación del tribunal".
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