Pese al descontento generalizado, el Gobierno de derechas de la Junta presume de sanidad pública. Sin embargo, este año ha destinado más de 463 millones de euros (en concreto, 463.793.379 euros) para la sanidad privada, como pago a la externalización de servicios médicos por sus servicios para atender a pacientes derivados del SAS.

El incremento de las partidas dedicadas a la sanidad privada se produce cuando la Junta decidió despedir a 8.000 profesionales contratados para el refuerzo Covid, y la poca transparencia sobre el complemento de la productividad al que pueden optar trabajadoras y trabajadores del SAS.

Lo desvela un informe elaborado por Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, que refleja el aumento de las partidas destinadas a la sanidad privada.

El estudio indica que la intención del Gobierno andaluz es incrementar en el presupuesto de 2022 un 43 por ciento a la sanidad privada, para alcanzar los 663 millones (662.997.079 euros), lo que supone 200 millones más (199.203.700 euros) que en 2021.

Al respecto, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en las negociaciones de los presupuestos que próximamente se debatirá en el Parlamento andaluz, y para que el que de momento no tiene apoyos suficientes, presumió de que para la sanidad destinarían 1.100 millones.

En cuanto a la derivación de pacientes del SAS a la privada para asistencia de especialistas, la partida para este año para la privada alcanzó en 2021 los 40 millones y quiere aumentarla en 10 millones más, un 25,14 por ciento.

El incremento de las partidas dedicadas a la sanidad privada se produce cuando la Junta decidió despedir a 8.000 profesionales contratados para el refuerzo Covid, y la poca transparencia sobre el complemento de la productividad al que pueden optar trabajadoras y trabajadores del SAS. Además, de las criticas, respaldadas por los sindicatos médicos, a la organización de la Atención Primaria y las largas listas de espera.

182 millones, en conciertos con la privada

El informe también desvela que tan solo en conciertos con empresas privadas médicas la Junta destinó este año 182,100 millones y pretende incrementarlo en 2022 un 31,52 por ciento, para alcanzar los 57,4 millones.

En cuanto a la derivación de pacientes del SAS a la privada para asistencia de especialistas, la partida para este año para la privada alcanzó en 2021 los 40 millones y quiere aumentarla en 10 millones más, un 25,14 por ciento.

Entre ellas, destaca la atención oncológica. La Junta apuesta por ampliar la partida el año próximo en un 213,12 por ciento, mientras que para las intervenciones quirúrgicas de los casi 8 millones de este año plantea aumentar un 29,16 por ciento.

En total, para el año próximo la Junta quiere inyectar a la privada 200 millones más, lo que supondría casi 663 millones, un 42,95 por ciento más.

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"Externalizan servicios y debilitan lo público"

El informe de CCOO ha sido elaborado para alertar de las listas de espera y determina que, a 30 de junio de este año, en Andalucía había un total de 843.945 personas en listas de espera, de las que 123.339 estaban en la lista de espera quirúrgica y 720.606 en la lista para primera visita en consulta externa.

En Granada, ‘Las listas de espera hospitalarias en Granada se eternizan para algunas especialidades’, como informó El Independiente de Granada.

Para Nuria López, el Gobierno andaluz "maquilla cifras y oculta datos" y al final "lo que ocurre es que la ciudadanía no está pudiendo acceder con garantías a la sanidad pública, se están infradiagnosticando patologías serias y se está expulsando de la sanidad pública a trabajadores y trabajadoras que se han jugado el tipo en la pandemia y que siguen siendo completamente necesarios para el sistema sanitario público, que viene muy debilitado desde hace tiempo"

"Unas cifras que son inferiores a las de años anteriores, pero que son puro maquillaje de la realidad" porque, según ha denunciado CCOO, "la espera media se ha dilatado, ha crecido el número de pacientes que esperan ser atendidos por primera vez o el de pacientes que se encuentran en situación de limbo esperando llamada para consulta con especialista".

El informe, que el sindicato lleva elaborando desde 2012, fue presentado recientemente por la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López; por el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, José-Pelayo Galindo, y por el portavoz de esta federación, Rafael González.

Para Nuria López, el Gobierno andaluz "maquilla cifras y oculta datos" y al final "lo que ocurre es que la ciudadanía no está pudiendo acceder con garantías a la sanidad pública, se están infradiagnosticando patologías serias y se está expulsando de la sanidad pública a trabajadores y trabajadoras que se han jugado el tipo en la pandemia y que siguen siendo completamente necesarios para el sistema sanitario público, que viene muy debilitado desde hace tiempo".

López ha afirmado que "es una constante en las cuentas del Gobierno andaluz que el presupuesto para asistencia sanitaria con medios ajenos se incremente año tras año". En el presupuesto de 2021 se incrementó un 2,6% y en el 2022 un 43% (199 millones de euros). "Esto significa que un 17,6% de la subida de 1.100 millones de euros en la sanidad de la que alardea el Gobierno en sus cuentas para este año van a la externalización de servicios".

Además, CCOO ha señalado que esta "falsa bajada se produce a costa de aquellos pacientes con patologías no urgentes y de menor complejidad". "Desde que el Gobierno de PP y Ciudadanos llegó al poder, ha aumentado también la lista de espera de acceso a consultas externas, retrasando así el diagnóstico de enfermedades y, por tanto, el ingreso en las listas de espera", una situación que el sindicato califica de un "limbo en el que el Gobierno andaluz está dejando a muchas personas para dar la imagen de que su gestión está mejorando la sanidad pública cuando no es verdad".

Sobre la privatización de la sanidad pública, el sindicato ha precisado que “no estamos en contra de la existencia de la sanidad privada, lo que denunciamos es que la gestión privada de la sanidad conlleva que este derecho no se preste bajo principios universales sino bajo el criterio empresarial de la rentabilidad y, por tanto, menoscabando los derechos de la ciudadanía e imponiendo un veto de acceso a estos servicios. El cambio de modelo apunta a que quien puede pagarlo, tiene sanidad. Y estamos completamente en contra de dicho modelo”.

Así, han denunciado que “se están detrayendo recursos públicos para darlos a la sanidad privada, en forma de financiación y en forma de personal".

Según ha denunciado, "pese a que las condiciones laborales en la sanidad pública son mejores, por desgracia el Gobierno andaluz no está apostando por consolidar y dar estabilidad en el empleo, por lo que, pese a que las condiciones son peores en la sanidad privada, está habiendo un trasvase de profesionales de lo público a lo privado en busca de la estabilidad que la sanidad pública no está ofreciendo".

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