Con los rebrotes y contagios disparados en plenas vacaciones, la apertura de los colegios será otro momento clave
La Junta no logra con sus protocolos mitigar la inseguridad que suscita la vuelta a las aulas
Mientras el Gobierno andaluz pone el foco en criticar al Ejecutivo central, reclamándole que asuma el mando que antes rechazaba durante el confinamiento, la comunidad educativa vive con preocupación e incertidumbre el inicio del curso en septiembre. Lo analizamos.
P.V.M.
Instituto de Enseñanza Secundaria en la capital.
"Quizás este sea el curso más importante de nuestra vida, por eso nos hemos preparado para superarlo con nota. Para demostrar que la seguridad en uno mismo es valiosa, pero la seguridad de todos es fundamental. Preparados para estar más conectados, así [aparece un mensaje sobreimpresionado que informa de la adquisición de 150.000 portátiles] y también así [mensaje que indica que habrá 8.000 nuevos profesionales docentes]. Para que no haya distancia que no nos impida sentirnos cerca. Preparados para volver como siempre pero con más ilusión que nunca. ¿Lo estás tú? Por una educación segura. Estamos preparados. Junta de Andalucía".
Ese es el texto del anuncio publicitario que insertó la Junta de Andalucía el pasado mes de julio en medios de comunicación. Lo hizo después de que la Consejería de Educación y Deporte diera a conocer las instrucciones a los centros educativos de cara al inicio del curso -acompañadas de recomendaciones por parte de Salud y Familias-, una guía que generó aún más incertidumbre en la comunidad educativa. Las cientos de consultas recibidas para aclarar cómo afrontar algunas de esas instrucciones obligó a redactar otro documento para resolverlas.
La pandemia cerró abruptamente los centros educativos el pasado 16 de marzo y ya no fue posible volver físicamente a las aulas, con todo lo que ha representado. Seis meses después, deberían reabrir para acoger de nuevo presencialmente al alumnado. Así lo ha repetido insistentemente la Junta de Andalucía, que ya en pleno confinamiento, llegó a especular sobre esa posibilidad incluso para finalizar el curso. Tuvo que rectificar, como también hizo tras sugerir que lo prolongarían, como si los docentes no hubieran impartido, con más dificultades que nunca antes, clases durante el estado de alarma.
Presidente, vicepresidente, portavoz y consejero del ramo han repetido hasta la saciedad que la vuelta al cole será presencial y que Andalucía está preparada para afrontarla con seguridad. Pero, a menos de veinte días para el inicio del nuevo curso escolar -en Infantil, Primaria y Educación Especial-, con la pandemia arrojando datos preocupantes, docentes, familias y alumnado esperan con incertidumbre ese regreso a las aulas.
Las medidas que la Consejería de Educación y Deporte plasma sobre el papel no convencen a la comunidad educativa, que le afea que descargue la responsabilidad en las direcciones de los centros
Grupos de convivencia, dotación de mascarillas e hidrogel, coordinador covid en cada centro, profesionales de Enfermería que actuarán como enlace, test covid a los docentes, compra de ordenadores portátiles y contratación de profesorado... Las medidas que se presentan sobre el papel no convencen a la comunidad educativa. Y hay unanimidad al respecto. Asociaciones de docentes, como las que agrupan a directores, familias agrupadas en las AMPA y sindicatos de enseñanza coinciden en que ni tranquilizan ni son suficientes.
Porque la Junta ha descargado la responsabilidad en las direcciones de los centros, encargadas de elaborar planes y hacer frente desde a la manera de entrar a los recintos al inicio de la jornada -escenario de aglomeraciones-, garantizar la distancia de seguridad en las aulas o la desinfección y limpieza.
Tan evidente es el malestar que en el decálogo mencionado para resolver las dudas que generaron sus instrucciones, que parece más bien un argumentario, la Junta habla en primer lugar de "responsabilidad compartida". El propio consejero Javier Imbroda ha llegado a decir que cada miembro de la comunidad educativa ha de ser consciente de que "la seguridad será un éxito si todos ponemos de nuestra parte". En palabras de Imbroda, "el miedo es otra pandemia". Palabras con las que ha venido respondiendo a las críticas por la falta de concreción de su departamento.
Esta semana el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, esgrimía la singularidad de Andalucía, una comunidad con 8,5 millones de habitantes, para defender que la respuesta no puede basarse en una decisión estándar sino tiene que hacerse "con singularidades y decisiones que pivoten sobre el profesional que conoce la realidad de su centro, que normalmente es el director". Con esta declaración volvía a incidir en la principal preocupación de la comunidad educativa, los hombros en los que recae la responsabilidad.
Patio del CEIP Sierra Nevada, en la capital. p.v.m.
Algunos colectivos han sido contundentes. "No podemos garantizar un entorno seguro para el alumnado ni para los trabajadores de los centros educativos", dejó claro la asociación de directoras y directores de los centros públicos de Infantil y Primaria y residencias escolares, Asadipre Granada.
El peso depositado en los equipos directivos ha sido uno de los reproches por parte de las organizaciones sindicales, que en un escrito conjunto firmado por todas las que están representadas en la Mesa Sectorial de Educación -CSIF, ANPE, CCOO, UGT y USTEA-, expresaron a finales de julio su preocupación por la falta de recursos y forzaron una reunión con la Consejería, a la que afean que los mantenga al margen de las decisiones.
La Junta ha descartado bajar las ratios, como demanda la comunidad educativa
Si algo echan en falta sindicatos, asociaciones y AMPA es una medida que consideran fundamental: la bajada de las ratios. La Junta lo descartó desde el minuto uno. El Gobierno andaluz evita hablar de ratios porque, según su portavoz, Elías Bendodo, obligaría a contratar a 30.000 profesores y costaría mil millones. En su lugar, ha vendido como medida estrella la contratación de profesorado. Primero dijo 6.000 profesores extra; ahora en sus argumentarios y anuncios habla de 8.000.
Pero ni siquiera esa cifra es lo que parece. Porque en una comunidad autónoma como Andalucía, con 1.800.000 alumnos y alumnas en todas las etapas educativas no universitarias -1.400.000 de ellos en centros públicos, algo más de 300.000 en concertados y el resto en privados-, esa cifra se relativiza.
En Andalucía, según los datos de la propia Consejería de Educación y Deporte, hay 7.144 centros educativos, 4.587 son públicos y hay otros 1.897 concertados -cifra que incluye a las 1.305 escuelas infantiles de primer ciclo conveniadas-.
En Andalucía hay cerca de 4.600 centros públicos y casi 1.900 concertados y conveniados. p.v.m.
Las elevadas ratios existentes en muchos colegios son el problema principal ante la reapertura, resalta la Codapa, confederación que agrupa a las federaciones de asociaciones de madres y padres del alumnado de la escuela pública. "Los llamados grupos burbujas no cumplirán su objetivo en aulas atestadas, que pueden transformarse en un foco de infección. Como ya denunciamos desde la Codapa, se siguen recortando líneas de la escuela pública en plena pandemia, en lugar de aprovechar la bajada de la natalidad para reducir el número de estudiantes por clase, garantizando así la distancia de seguridad que recomiendan las autoridades sanitarias para evitar nuevos rebrotes por Covid19", señaló recientemente la presidenta de la confederación, Leticia Vázquez.
Si no se afronta y las administraciones siguen mirando hacia otro lado, habrá movilizaciones de cara al curso que comienza. Lo ha dejado claro Codapa y también la Marea Verde. Las personas y colectivos, familias, estudiantes y docentes que forman parte de Marea Verde Granada ven en las instrucciones presentadas por la Junta "parches" e inciden en que no se están poniendo los recursos, materiales y humanos, necesarios para afrontar la situación provocada por la pandemia.
Preocupación por los contagios
La pasada semana, Javier Imbroda se reunió con el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para ultimar, según la Junta, las medidas sanitarias que permitan "un regreso seguro" a las aulas, actualizando los protocolos en función de la evolución de la pandemia. El inicio del curso llega en un momento muy complicado, con los rebrotes y contagios disparados en Andalucía y el incremento de las hospitalizaciones.
La mayor preocupación es que los centros educativos se conviertan en el origen de brotes. No sólo por las consecuencias sanitarias, también porque derivará en cuarentenas y aislamientos. Y si esto ocurre, hay otra derivada, la conciliación, para la que la escuela también desempeña un papel clave. Lo hace fundamentalmente a través de los servicios complementarios que, especialmente en el caso de comedores, constituyen otro quebradero de cabeza para los centros.
"Andalucía está preparada para una vuelta al cole presencial porque la pandemia evoluciona de una forma controlada en la región", insistía Bendodo.
En cualquier caso, el propio presidente de la Junta ha llegado a decir que una vuelta al colegio segura cien por cien "no existe", igual que no hay -según sus palabras- una vuelta segura al trabajo. Frente a ello pide ser "coherentes, sensatos y razonables".
De criticar el mando único a rogar su vuelta
Pero, en su crítica al Gobierno de España, la Junta pasa un día de asegurar que los colegios andaluces están preparados, porque la Junta 'se anticipa', su lema durante la pandemia, a exigir al Ministerio de Educación que establezca una pauta a seguir por todas las comunidades autónomas.
Elías Bendodo flanqueado por Javier Imbroda y Jesús Aguirre. maría josé lópez/EP
Una estrategia contradictoria. Andalucía defiende que está preparada pero reclama a la vez el 'mando' del Gobierno
Es más sorprendente aún esa estrategia por contradictoria. Si Andalucía está preparada y así se le quiere hacer ver a padres y docentes, por qué reclamar ahora al Gobierno de España un guión único para todas las comunidades. Porque la Junta, al tiempo que presume de anticiparse y de haber organizado la vuelta a las aulas, asegura que no quiere 17 modelos distintos. Es decir, que cada comunidad autónoma establezca cómo se hará en su territorio. Sorprende además porque las competencias en educación son de las comunidades. Y más aún, porque durante el estado de alarma si hubo una crítica para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez fue al mando único. El videpresidente andaluz, Juan Marín, repitió muchas veces que Andalucía no sólo estaba preparada para asumir las riendas, sino que tenía plan B.
Ahora el argumento es que, si cada comunidad toma decisiones distintas "al final se rompe la igualdad entre los españoles y se rompe un criterio que es fundamental de coordinación, de planificación y de impulso que tiene que mantener el Gobierno de la nación".
La próxima semana Gobierno y comunidades autónomas mantendrán una reunión para abordar el inicio del curso. Por parte del Gobierno participarán la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, a la que la oposición, particularmente el PP, acusa de falta de liderazgo en esta situación, y el de Sanidad, Salvador Illa. Se celebrará el 27 de agosto.
El papel de los municipios
Hay otro frente abierto, el de la limpieza. Durante el curso escolar, de esas tareas en los colegios de Infantil y Primaria se encargan los municipios, no así en los centros de Secundaria, labor que corresponde a la Consejería de Educación y Deporte.
Pero, a qué Administración corresponde las tareas excepcionales de desinfección durante la pandemia. Los municipios alegan que no tienen recursos suficientes para asumirlas. Un informe de la Diputación de Granada, elaborada por el área de Asistencia a Municipios a raíz, según la institución provincial, de las consultas recibidas, concluye que no corresponde a los ayuntamientos. El PP respondió acusando a la institución y a su presidente, José Entrena, de "politizar" este asunto.
