El juicio del llamado 'caso Alhambra', sobre un supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento de 2002 a 2005, arranca este jueves 15 de septiembre y se desarrollará previsiblemente a lo largo de 44 sesiones en las que un total de 50 personas se sentará en el banquillo de los acusados.

La vista oral de esta macrocausa, que se prolongará hasta el 22 de diciembre, se celebrará en el salón de actos del Edificio Judicial de la Caleta, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El tribunal que juzgará el caso es el de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, presidido por el magistrado José Requena Paredes.

Las cuestiones previas y el interrogatorio de los acusados se desarrollará en varias sesiones desde el 15 de septiembre al 5 de octubre.

Los testigos de las diferentes partes irán compareciendo ante el tribunal desde el 10 de octubre al 15 de noviembre, ambos incluidos.

Los peritos propuestos por el Ministerio Fiscal, Junta de Andalucía y defensas comparecerán entre el 16 de noviembre y el 13 de diciembre. La fase documental se prevé para el 14 de diciembre, mientras que las conclusiones e informes finales quedarán para las sesiones señaladas los días 19, 20, 21 y 22 de diciembre.

Los delitos que se juzgan son los de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho.

EL Juzgado decretó apertura de juicio oral en octubre del año pasado contra 50 acusados, tras cerrar una instrucción que supuso casi nueve años de investigación. La Fiscalía reclama penas de entre cuatro y nueve años de cárcel y multas para 45 de los acusados, la mayoría de ellos controladores.

Petición de la Fiscalía

Para diez de ellos, la Fiscalía pide nueve años de prisión y 9.000 euros de multa, mientras que para los 35 restantes rebaja la pena a los 4 años de cárcel y 2.160 euros de multa. Por otro lado, para otros 32 imputados interesa el libre sobreseimiento, "por no quedar acreditada su participación en los hechos".

En concepto de indemnizaciones, el fiscal reclama además a todos los acusados, con las agencias de viajes Daraxatour S.L. y Washington Irving S.L. como responsables civiles subsidiarios, que paguen conjunta y solidariamente al Patronato de la Alhambra y el Generalife 6,66 millones de euros, cifra que calcula que supuso el perjuicio económico para el monumento por los ingresos no percibidos (3,5 millones) y por los daños materiales causados por los excesos de aforo (3,16 millones).

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, la presunta trama delictiva estaba encabezada por cinco miembros de una misa familia, dos de ellos guías turísticos, otro director comercial del Hotel Carmen y el resto de las agencias de viajes Witt Travel S.L. y Daraxatour S.L., quienes "con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005 un plan" para ingresar lo que sus clientes pagaban para obtener una entrada a la Alhambra, monumento al que accedían pese a este sistema ilícito.

Estos acusados aprovecharon también las relaciones de amistad y profesionales que les unían con otro de los procesados, un guía turístico que durante 40 años prácticamente monopolizó la visita del turismo japonés a Granada gracias a su conocimiento del idioma y contactos con agencias que gestionaban grupos de esta nacionalidad.

La Alhambra también está pendiente de otra investigación judicial, independiente de esta macrocausa, por la supuesta adjudicación irregular del servicio de alquiler de audioguías, que motivó una querella de la Fiscalía contra la que fue durante once años la directora del Patronato, María del Mar Villafranca, que presentó posteriormente su renuncia.