El 12 de abril, el Ayuntamiento de Granada ha ratificado un nuevo aumento de la aportación municipal a la Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Granada, que crece ya hasta los 125.000 euros. En marzo, esa subvención aumentó de 75.000 a 100.000 euros, por lo que el incremento total ha sido del 66,67 %. Ríanse de los porcentajes de subida del IPC o de ciertos aranceles…

Por si fuera poco, el mismo sábado se aprobó el apoyo institucional para la constitución y puesta en marcha del Centro de Atención al Costalero "Jesús del Gran Poder", del que desconocemos el coste económico. Añádanse los costes de los servicios públicos de seguridad (policía municipal) y de limpieza (ay, esa cera en las calles), asimismo desconocidos para nosotros.

Todo esto forma parte de un plan operativo del Ayuntamiento de Granada para esta semana santa denominado "Plan Parihuela" que incluye la ampliación del itinerario oficial de las procesiones, que ahora parte de la Carrera de la Virgen y no desde la calle Ganivet, con el consiguiente aumento en las restricciones a la movilidad ciudadana, y no sólo durante la semana santa, sino desde bastante antes. La ocupación de las calles, con los correspondientes ruidos y olores, se hace insoportable para buena parte de la ciudadanía.

A estos desafueros hay que añadir la presencia de autoridades y representantes públicos, tanto civiles como militares, en las procesiones y otros actos religiosos. Tenemos que recordarles que están vulnerando la aconfesionalidad del Estado que dicta la Constitución, y faltando al respeto a gran parte de la ciudadanía, tan diversa en creencias y convicciones. Sin embargo, parece que para ellos seguimos en pleno nacionalcatolicismo franquista.

Tenemos que recordarles que están vulnerando la aconfesionalidad del Estado que dicta la Constitución, y faltando al respeto a gran parte de la ciudadanía, tan diversa en creencias y convicciones. Sin embargo, parece que para ellos seguimos en pleno nacionalcatolicismo franquista

Escandalosa y reminiscente de aquellos tiempos oscuros es también la liberación de una persona presa, a petición de una cofradía (en este caso, la "hermandad de la Virgen de la Soledad y del Descendimiento del Señor de Granada").

¿Y qué decir de la desmedida emisión de procesiones y otros actos religiosos, siempre con una perspectiva creyente, en la cadena municipal TG7, en la andaluza Canal Sur, y en las nacionales TVE y RN5? No parecen servicios públicos, para toda la ciudadanía, sino religiosos, sólo para los creyentes católicos.

Por último, pero no menos importante, hay que denunciar la manipulación religiosa que se realiza sobre la infancia cuando se hace participar a niñas y niños en procesiones escolares, a menudo con una vestimenta sexista (niñas con mantilla y peineta…) y militarista. Además del adoctrinamiento que conlleva, se segrega a los menores según sus creencias y se interrumpen las actividades formativas.

En definitiva, se está vulnerando la igualdad de derechos de la ciudadanía, con flagrantes discriminaciones por razón de creencias, y se está transgrediendo el derecho al desarrollo de la libertad de conciencia de la infancia.

Y, lamentablemente, estas iniquidades confesionales, aunque especialmente visibles en semana santa, se extienden también al resto del año y a otros conceptos, como ofrendas y medallas a Vírgenes y cristos, más de mil bienes públicos usurpados en Granada por la Iglesia, exenciones de impuestos a ésta, pagos a catequistas escolares y a centros concertados

Y, lamentablemente, estas iniquidades confesionales, aunque especialmente visibles en semana santa, se extienden también al resto del año y a otros conceptos, como ofrendas y medallas a Vírgenes y cristos, más de mil bienes públicos usurpados en Granada por la Iglesia, exenciones de impuestos a ésta, pagos a catequistas escolares y a centros concertados,... Además de estos últimos pagos directos (cuantiosísimos), según los datos recopilados por Europa Laica, en 2023 las subvenciones públicas a entidades religiosas ascendieron, en Granada capital, a casi 12 millones de euros (13,7 millones en la provincia, y 58,3 millones en Andalucía). ¿Cuántas demandas sociales vitales podrían atenderse desde el Estado con el dinero público que reciben las confesiones religiosas, especialmente la Iglesia?

¿Acaso el tan cacareado beneficio económico por el «turismo religioso» puede justificar todas estas escandalosas vulneraciones de derechos? Por otra parte, ¿no se da hacia el exterior una imagen que refuerza tópicos sobre lo andaluz que quisiéramos dejar atrás en una Granada y Andalucía modernas, del siglo XXI? ¿Así es cómo promocionaremos la Granada que aspira a la capitalidad de la cultura europea en 2031?