Resulta difícil entender, y más aún asumir, que una ciudad como Granada, con más de 250.000 habitantes sólo disponga de alojamiento municipal para un centenar personas que viven en nuestra ciudad buscando dónde poder pasar la noche y como respuesta sólo obtengan, en el mejor de los casos, una plaza en el albergue para tres o cuatro días. Y más difícil todavía encajar las respuestas aporofóbicas que el alcalde y el concejal de Asuntos sociales ofrecen con frecuencia para justificar esa ausencia de alojamientos públicos: es que “si ofrecemos donde dormir a todos las personas que existen en nuestra ciudad, eso va a servir como efecto llamada y se va a llenar de transeúntes y de personas sin hogar”. 

Hasta hace pocos meses las autoridades municipales no aceptaban ni siquiera la realidad, negando la existencia en nuestra ciudad de personas que durmieran en la calle

Y resulta difícil entenderlo cuando Granada es una de las ciudades que alcanza temperaturas más bajas de Andalucía y ofrece unos servicios de acogida para estas personas que rayan en lo obsceno. Hasta hace pocos meses las autoridades municipales no aceptaban ni siquiera la realidad, negando la existencia en nuestra ciudad de personas que durmieran en la calle. A algunos nos hace recordar cuando, hace ya bastantes años, ante un acontecimiento importante en la ciudad, desde el Ayuntamiento se daban órdenes para esconder a las personas que dormirían en las calles y se les retiraba para que no afearan el paisaje urbano. Hoy se ha dado un paso más y esta realidad ya se ha impuesto, y el propio concejal de servicios sociales reconoce que al menos duermen 50 personas en la calle. Pero resulta paradójico que no ofrezca una alternativa viable para estas personas, acogiéndose al citado efecto llamada para no ofrecer albergue digno para estas personas. Se imponen las dudas sobre el conocimiento que las autoridades tienen de su deber y sobre el valor que conceden al cumplimiento de los derechos humanos fundamentales para personas que residen, temporal o definitivamente, en Granada.

En realidad, esta actitud casa bastante bien con su actitud ante supuestas ocupaciones de espacios abandonados, de donde pretende expulsar a las personas que los utilizan construyéndose una chabola o aprovechándose una nave abandonada, donde guarecerse del frio y la lluvia. Esta es la situación actual de tres núcleos chabolistas amenazados de desahucio por parte de las autoridades municipales recientemente en nuestra ciudad. Sin ofrecerles alternativa alguna a pesar del estado de pandemia que nos rodea y sin considerar la existencia de menores entre esas personas a quienes pretenden poner en la calle.

Granada es también una ciudad que en los últimos meses ha visto a demasiadas personas morir en la calle, sobre un banco, o en un rincón descampado. Alarmaba las explicaciones que se defiende a veces en alguna prensa local, en el sentido de que su muerte había sido “natural” no fruto de una agresión. Y se quedan tan panchos. ¿Desde cuándo la muerte de una persona sin hogar y en la calle es natural?, ¿desde cuándo que un chaval joven se tenga que esconder dentro de un contenedor del intenso frío de las noches granadinas se puede considerar natural?

Extrañan todavía más estas políticas de no acogida y de rechazo en una ciudad que se autoproclamó, a través de un pleno municipal como Ciudad de Acogida, y que tiene firmados protocolos de acogimiento con esa misma finalidad.

Cuando políticos y administraciones olvidan que su función como tales es estar al servicio de la ciudadanía, de toda, independientemente de cualquier factor, la sociedad ha perdido el norte y ha iniciado un camino que solo conduce a la autodestrucción como sociedad de valores.