El Gobierno estudia la posibilidad de crear en terrenos de la base área de Armilla una instalación temporal para la "atención humanitaria" de migrantes, especialmente pensada para solicitantes de asilo y protección internacional, según ha informado este miércoles el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alhendín, uno de los municipios por donde se extienden estos terrenos, ha mostrado este mismo miércoles su oposición a "cualquier construcción que se pretenda llevar a cabo en la parte del término municipal que se incluye en la base aérea al no estar permitida en la normativa urbanística".

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, el subdelegado ha precisado que el Ministerio de Defensa está cediendo al Ministerio de Inclusión e Inmigraciones terrenos militares en diferentes puntos del país para estudiar la posibilidad de darles este uso y entre esos posibles terrenos están los situados en la base de Armilla en tanto que "es una instalación militar muy amplia y, por tanto, en principio lo permitiría".

Ha incidido en que se trata de "una cuestión de derechos humanos, de protección internacional" para alojar a solicitantes de asilo mientras se tramita su solicitud, pero matizando que ahora mismo no puede hablarse de plazos ni de inversiones porque el asunto está sólo en estudio, al igual que se está haciendo en otros lugares de España, "y todo va a depender de la situación humanitaria" y de si es "absolutamente necesario porque se produzca una situación de inmigración que lo requiera".

El subdelegado ha explicado que este tipo de instalaciones ya funcionan en lugares como Mérida o Cartagena y son autosuficientes; esto es, que cuentan con todos los servicios necesarios --como sanitarios, educativos y psicológicos, entre otros-- para atender a estas personas. Por tanto, "no pueden ser pequeñas" y deben tener capacidad --ha dicho-- para al menos 500 o mil personas.

"En el caso de la base aérea de Armilla lo que hay en este momento es un estudio para la posibilidad de que ahí pueda hacerse una instalación de estas características (...); como no hay nada en concreto, solamente estudios, a quien ha preguntado lógicamente se le ha informado y a quien no ha preguntado, lógicamente, no se le puede informar nada, porque no hay nada formal que decir", ha expuesto el subdelegado, que ha atendido a los medios en el transcurso de una rueda de prensa sobre otro asunto.

Rechazo de Alhendín

Por su parte, el Ayuntamiento de Alhendín ha mostrado a través de un comunicado su oposición a "cualquier construcción que se pretenda llevar a cabo en la parte del término municipal que se incluye en la Base Aérea al no estar permitida en la normativa urbanística".

El alcalde, Francis Rodríguez, también presidente de la Diputación, ha trasladado su "sorpresa y malestar" ante la notificación recibida por la empresa Tragsa en el que anuncia el inicio de las obras en la conocida como Colonia Dávila para, según indica el documento, "la implantación de centros de migrantes".

La empresa ha notificado al Consistorio a través del registro de entrada la realización de obras en este espacio municipal en dos fases, la primera para la adecuación de la parcela y la segunda para un campamento 1.200 en atención a las personas llegadas a las costas españolas.

En cualquier caso, el ayuntamiento mantiene que la actuación anunciada incumple con la normativa urbanística del municipio de Alhendín, ya que la parcela en la que se quiere actuar está catalogada como suelo rústico en el PGOU.

"El Ayuntamiento no ha recibido informe alguno por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre este proyecto ni se han pedido los preceptivos permisos municipales. Estamos sorprendidos viendo cómo el Gobierno de Pedro Sánchez atropella al municipio de Alhendín actuando con deslealtad institucional e intentando promover una construcción en suelo que no está permitido por nuestro Plan General de Ordenación Urbana", ha destacado el alcalde de la localidad.

Del mismo modo, Rodríguez ha anunciado que este jueves se ha convocado un pleno extraordinario para abordar este asunto, en el que espera contar con el apoyo de "todos los grupos políticos".

En esta sesión, ha anticipado, se trasladará al Gobierno central que no se va a "permitir la alteración de la realidad urbanística" ni se consentirá ni que el Ejecutivo de España ni "ninguna otra institución" vaya "contra los intereses de los vecinos de Alhendín".