Facua Andalucía se ha dirigido a la Consejería de Salud y Consumo para presentar aportaciones al proyecto de Orden por el que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarificación de convenios o conciertos para la prestación de asistencia sanitaria en centros concertados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La federación manifiesta su preocupación ante el hecho de que por parte del Gobierno andaluz "cada vez más se tiende a suplir con entidades privadas la atención que debe prestar a los ciudadanos a través de convenios y conciertos, lo que supone una privatización encubierta de la sanidad pública y una pérdida de calidad en la atención".

La normativa permite la colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público por medio del concierto y los convenios de vinculación, pero según Facua, "la situación de hoy día no es de colaboración".

En este sentido, denuncia el "aumento de convenios y conciertos con empresas privadas".

"Cada vez se acude más a los conciertos para garantizar la asistencia a la ciudadanía por una falta de apuesta por la sanidad pública"

"Cada vez más se acude a esta figura para garantizar la asistencia a la ciudadanía como consecuencia de una falta de apuesta política por la sanidad pública y una falta de inversión, lo que ha llevado a un constante empobrecimiento del sistema de salud público andaluz".

Al respecto, Facua Andalucía muestra su absoluto rechazo al aumento que se está produciendo de convenios y conciertos con empresas privadas para que presten los servicios sanitarios, que son competencias del servicio público.

Además, manifiesta su total desacuerdo con el hecho de que "no se haga inversión ni en personal ni en medios para que esta asistencia pueda ser realizada por el servicio público de la sanidad andaluza, algo que supondría a medio y corto plazo un ahorro para la economía de la comunidad autónoma, además de preservar la calidad y garantías del sistema sanitario público".

"Es obligación de la Administración Pública contar con los recursos materiales y humanos necesarios, así como la organización eficaz de los mismos para garantizar la protección de este derecho", recuerda.

La organización entiende que deberían destinarse "más medios económicos a la sanidad de ámbito público, para que desde la misma se pudieran llevar a cabo todas las pruebas e intervenciones que se están derivando a la privada dentro de los plazos de calidad asistencial establecidos, apostando por una atención pública dotada de medios humanos y materiales suficientes".

Facua advierte de la falta de transparencia sobre la normativa

La federación considera que a pesar de que el objeto de la Orden es garantizar la transparencia con los conciertos sanitarios, "lo cierto y verdad es que no se acompaña a la norma memoria económica alguna con los contenidos suficientes como para poder comprobar lo que se ha abonado en los convenios suscritos por el SAS con las distintas entidades privadas hasta la fecha".

Tampoco incluye una previsión de futuro de la variación que supondrá esta nueva forma de tarificación para así poder comprobar si va a suponer un ahorro para la economía andaluza.

Desde el articulado de esta Orden "no se ofrece ningún mecanismo para garantizar la transparencia y seguimiento de los contratos que se suscriban con entidades que presten los servicios".

En la misma, no se establece la realización de memorias anuales en las que poder comprobar cuántos contratos de colaboración se han suscrito, qué porcentaje de casos han sido derivados a la sanidad concertada o conveniada y cuántos no, así como el coste anual que estas colaboraciones suponen. En este sentido, es necesario que de forma anual se realice una memoria con el fin de garantizar la transparencia.

Muestra "la clara apuesta del Gobierno andaluz por la sanidad privada en detrimento de la pública y responde a un intento de beneficiar a empresas del sector de la salud"

Bajo el criterio de la federación, este comportamiento es muestra de la clara apuesta del Gobierno andaluz por la sanidad privada, en detrimento de la pública, y responde a un intento de beneficiar a empresas del sector de la salud.

Por tanto, supone "un claro incumplimiento del compromiso adquirido por el recientemente reelegido presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien tanto en su campaña electoral como en sus intervenciones ante el Parlamento andaluz en el debate de su investidura manifestó un firme compromiso en mejorar la calidad del sistema sanitario público andaluz".

Asimismo, Facua Andalucía considera que "no es casual que se empiecen a recortar las prestaciones sanitarias que hasta el momento disfrutan los usuarios al mismo tiempo que se incrementan de forma extraordinaria los recursos económicos que se destinan a las empresas sanitarias privadas".