La Diputación de Granada pondrá en marcha "de la mano de los ayuntamientos" un nuevo sistema de gestión de residuos sólidos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya anulado todo el procedimiento aprobado por el equipo de gobierno anterior.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el presidente de la institución provincial, el socialista José Entrena, antes de reunirse con alcaldes y representantes de todos los municipios de la provincia para informarles de los pasos a seguir, una vez que el TSJA ha anulado la ordenanza fiscal provincial reguladora del servicio de tratamiento de residuos que puso en marcha la corporación presidida por Sebastián Pérez (PP).

Concretamente, la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo del TSJA argumenta que la Diputación no tiene potestad para realizar ordenanzas fiscales de ámbito provincial, como hizo el anterior gobierno provincial al aplicar una tasa por la prestación de un servicio que es de competencia municipal, de forma que "no se ajusta a derecho" el modo en que la institución "asumió la prestación de este servicio".

A preguntas de los periodistas, ha precisado que la Diputación de Granada no deberá devolver lo cobrado en virtud del anterior sistema de gestión, al tratarse de un servicio público obligatorio que sí ha sido prestado y toda vez que la sentencia del TSJA no prevé expresamente efectos reatroactivos.

"Replantearse todo de nuevo"

Una vez "anulado el sistema" anterior, la Diputación debe "replanteárselo todo de nuevo". Así, se está realizando un estudio económico de explotación del servicio que establezca el precio y, que en una primera estimación, lo ha fijado en 34 euros por tonelada de residuos sólidos tratada.

Esta será la cuantía que los ayuntamientos deberán abonar por tonelada reciclada, bien ellos directamente o a través de los ciudadanos. Junto a ello, se está estudiando qué figura jurídica se adoptará para la gestión del servicio, entre las que el presidente de Diputación ha citado la posibilidad de volver al Consorcio o impulsar una fórmula nueva, como una red intermunicipal para la prestación de servicios públicos, que viene recogida en la ley.

Entrena ha explicado que esta situación obliga a los ayuntamientos de la provincia a modificar antes del 31 de diciembre las ordenanzas municipales y establecer en las mismas el servicio de reciclaje de residuos sólidos urbanos, en el marco de un proceso administrativo que debe pasar por pleno y salir a exposición pública durante un mes.

"No queremos mirar atrás", "la realidad es que la justicia ha hablado, ahora nos toca a nosotros trabajar para resolver el problema y lo vamos a hacer de la mano de los ayuntamientos" desde la "transparencia", la "participación" y "garantizando la estabilidad financiera y económica", ha relatado Entrena.