Agentes de la Policía Nacional de Granada han desarrollado la operación Pensión, que ha culminado con la detención del responsable de una oficina bancaria por propiciar que una mujer cobrara pensiones de personas ya fallecidas. 

Según las investigaciones, el cobro percibido irregularmente ha ascendido a más de 125.000 euros. Además del detenido, se ha investigado a la beneficiaria de esas prestaciones, una mujer de 77 años que falleció al término de esta operación.

Las gestiones se iniciaron sobre una persona que podría haber estado percibiendo prestaciones no contributivas en nombre de los legítimos beneficiarios, a pesar de que éstos últimos llevaran varios años, e incluso varias décadas fallecidos.

Según la Policía, la beneficiaria de una de estas prestaciones falleció 25 años antes en París (Francia). El mismo año del óbito se aportó al expediente de pensión una nueva cuenta corriente al objeto de modificar la domiciliación del pago de la misma. Las titulares de esta cuenta, abierta en una oficina bancaria de una localidad del litoral granadino, eran la fallecida y una sobrina. Esta circunstancia apuntaba a una posible falsedad, irresponsabilidad o imprudencia profesional cometida por algún trabajador de dicha entidad bancaria en la apertura de la cuenta, por ser imposible que la fallecida se hubiera personado en la oficina para abrir la cuenta, salvo que un tercero suplantase a la finada, en cuyo caso el empleado de la entidad estaría llevando a cabo un escaso o nulo control de identidad.

Abundando en la investigación del expediente, se comprobó la existencia de un certificado de acreditación de vida de la pensionista, realizado por un responsable de la misma oficina bancaria en 2017, años después del fallecimiento. Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada comprobaron que esta sobrina habría obtenido de forma indebida el pago de la pensión de otra mujer fallecida en Málaga en 2014, hasta que en 2019 se emitió una resolución acordando su suspensión. Esta prestación también se cobraba en la misma oficina bancaria, resultando que desde el óbito de la beneficiaria hasta la suspensión de la pensión, se habrían aportado anualmente los documentos que posibilitaban el cobro de la misma.

125.000 euros cobrados ilícitamente

Policías de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada comprobaron que la supuesta beneficiaria de los más de 125.000 euros que habría obtenido de manera ilícita por el cobro de ambas pensiones, una de ellas durante 25 años y la otra durante cinco, había fallecido en 2020 a los 77 años y detuvieron al empleado de la oficina bancaria, un varón de 64 años como presunto autor de un delito de falsedad documental. El resultado de la investigación ya se ha comunicado a la autoridad judicial mientras el organismo competente reclama los 125.000 euros cobrados ilícitamente a la entidad bancaria.