La demanda de varios vecinos por los cortes de luz en la zona Norte llega a juicio
Carteles en una de las protestas contra los cortes de luz. indegranada
El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Granada ha acogido este martes el juicio por la demanda que varios vecinos de la zona Norte de Granada presentaron en 2019 por los continuos cortes de luz que padecen, los cuales aún persisten en la actualidad y que, según sostienen, suponen una vulneración de derechos fundamentales que atribuyen a Endesa.
Durante el juicio ha declarado personal de los centros de salud del distrito Norte que han dado cuenta de cómo han venido afectando estos cortes de luz a la salud de los vecinos, algunos vulnerables, y también ha intervenido personal de Servicios Sociales, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.
En concreto, como ha detallado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Granada, por parte de los demandantes han participado como testigos dos médicos de los centros de salud adscritos, así como la directora de Servicios Sociales de Distrito Norte, que han dejado patente la situación de vulnerabilidad que sufren las siete personas demandantes. Electrodependencia, gran dependencia, diabetes, trastornos sensoriales graves, síncopes, problemas de salud mental y pérdidas de visión son algunas de las patologías que los profesionales médicos han adscrito a los demandantes. La trabajadora social ha incidido en cómo éstos inciden en la vulnerabilidad de cada una de las familias que han ido a juicio, según expone APDHA.
También han testificado un perito por parte de los demandantes y técnicos propuestos por Endesa.
El juicio, según APDHA, ha quedado visto para sentencia.
Las organizaciones que han acompañado a lo largo del proceso a las personas demandantes sostienen que "se ha echado en falta que se hubiera hablado más de las personas que están pagando su luz, que están gravemente enfermas y que, aún así, sufren cortes del suministro eléctrico”, en lugar de “centrar tanto la atención en torno a la marihuana".
La Fiscalía no se opone a que estos cortes de luz puedan suponer una vulneración de derechos fundamentales, pero no cree que sea imputable a una conducta de Endesa
La Fiscalía, por su parte, según informa Europa Press, no se opone a que estos cortes de luz puedan suponer una vulneración de derechos fundamentales, pero no cree que sea imputable a una conducta de Endesa, pues mantiene que la compañía hace todo lo posible por evitar el corte de suministro y cuando ocurre es debido a los enganches ilegales, los cuales están vinculados al cultivo de marihuana.
Desde Endesa defienden las inversiones realizadas para paliar la problemática de la saturación de las redes de distribución en esta zona de Granada por los enganches ilegales, a la vez que se colabora con las entidades que persiguen el cultivo de marihuana indoor en esta provincia.
La compañía, según informa Europa Press, trabaja en la actualidad en la ampliación de la Subestación Pulianas que abastece a la Zona Norte de Granada con el fin de aumentar hasta en un 57 por ciento la potencia eléctrica en la zona, en el marco de las medidas adoptadas por la compañía y en las que, según la eléctrica, está invirtiendo más de 2,7 millones de euros.
Los técnicos de Endesa se encuentran actualmente sustituyendo dos de los tres transformadores de la Subestación Pulianas doblando su potencia para aumentar la capacidad de la red, "ofreciendo mayor energía a los vecinos de la Zona Norte que ya contaban precedentemente con el doble de la potencia de la energía demanda y que ahora tienen un abastecimiento mayor". Asimismo, entre otras medidas, se han instalado cuatro nuevos centros de transformación y reparado los centros de transformación de las calles Puerto Lumbreras y Pedro Moya, que se incendiaron "debido a la sobrecarga ocasionada por los enganches ilegales, principalmente destinados a plantaciones de marihuana", argumento en el que insiste la compañía para justificar que esté incumpliendo con clientes que sí tienen regularizados sus contratos y que pagan sus recibos.
El procedimiento que ha llegado ahora a juicio, iniciado por personas en situación especialmente vulnerable, ha contado con el apoyo y acompañamiento de organizaciones sociales e instituciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Anaquerando, Fundación Lestonnac o la parroquia de la Paz.
A pesar del tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda, enfatiza APDHA, los cortes de suministro eléctrico persisten en el Distrito Norte de Granada tal y como muestra un reciente documental.
Con independencia del resultado del procedimiento, esta movilización "ha servido para visibilizar que los cortes de suministro implican la lesión de los derechos fundamentales de personas especialmente vulnerables"
Las organizaciones sostienen que, con independencia del resultado del procedimiento, esta movilización "ha servido para visibilizar que los cortes de suministro eléctrico implican la lesión de los derechos fundamentales de personas especialmente vulnerables" al mismo tiempo que lamentan que "la única respuesta" a esta problemática sea "la criminalización de todo un barrio".
La mercantil, según sostiene en una nota de prensa APDHA, "incluso ha criminalizado la demanda planteada al sostener en su escrito de contestación de demanda que quienes alzan la voz con más fuerza contra Endesa y las Administraciones Públicas son quienes presuntamente causan los cortes en el suministro".
Las organizaciones recuerdan también que en una resolución dictada recientemente por la Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid la compañía Endesa Energía ha sido condenada a indemnizar a una familia por la muerte de una mujer al sufrir una caída en medio de un apagón. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Granada deberá pronunciarse sobre si se han producido vulneraciones de derechos fundamentales de las personas demandantes y si Endesa es responsable de los mismos.
Desde que comenzaron los cortes de luz hace más de una década, la problemática se ha extendido a otras ciudades
Desde el inicio de las interrupciones de suministro eléctrico hace más de una década, esta problemática se ha extendido a otras ciudades del Estado, tales como Madrid, Sevilla, Almería o Girona. En el año 2021, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC) y la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) advirtieron que la "falta de suministro eléctrico en los hogares de nuestra población supone un grave riesgo para su salud», por lo que instaban a las autoridades públicas «a tomar las medidas necesarias que garanticen el derecho a la energía como un derecho fundamental".
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