El Defensor de Granada ve necesario un pacto para afrontar las necesidades de las personas sin hogar
"Es preciso impulsar un gran pacto de todas las administraciones para compartir medios, recursos y vías de colaboración que anticipen y provean las necesidades reales de las personas sin hogar que son mucho más que un techo o un albergue donde cobijarse". Así lo trasladó el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, durante su intervención en el IIº Encuentro `No me llames sin hogar´, una jornada de trabajo dedicada al análisis de la realidad del sinhogarismo a la luz de las distintas normativas -estatal, autonómicas, municipales y Carta Social Europea-, con una atención muy especial a la exclusión residencial juvenil.
Según ha resaltado Martín en una nota de prensa, es importante que unas jornadas analicen esta realidad "cada vez más presente en nuestras ciudades y territorios desde el prisma de la responsabilidad de todas las administraciones, pues no se puede dejar a los ayuntamientos solos ante un fenómeno social con múltiples implicaciones y derivadas y un montón de retos pendientes".
"Las personas sin hogar no son invisibles, tienen derechos, y por ello, las soluciones han de aportarse desde todas y cada una de las administraciones comenzando por el Ejecutivo, obligado a ofrecer alternativas para la población venida de otros países que se encuentra en situación de sinhogarismo", afirmó durante su participación, resaltando que "compete al Gobierno hacer realidad el derecho de acceso a una vivienda digna y es quien debe impulsar una ley estatal de servicios sociales entre otras responsabilidades".
"Todas las administraciones son competentes para actuar con sus recursos en un gran número de casos de sinhogarismo, por lo que es necesario acordar un gran pacto que, -a la luz de los derechos humanos y partiendo de la realidad en los distintos ordenamientos-, ofrezca unas garantías, establezca unos protocolos, concrete unos determinados programas, y en definitiva siente unos márgenes de actuación y mejora para abordar el sinhogarismo creciente"
Del mismo modo, agregó, "se trata de un asunto de ámbito autonómico, pues en el fenómeno del sinhogarismo y la exclusión residencial caben menores, jóvenes, mayores; personas sanas y también enfermas; hay trastornos de salud mental y hay adicciones". Y sobre lo local, resaltó que "tiene una dimensión provincial y local en tanto que se trata de vecinos empadronados en capitales y llegados de pueblos cercanos y en tanto que son los ayuntamientos y diputaciones las administraciones que prestan servicios de proximidad".
Lo ejemplificó con un caso llegado a la oficina en 2024 de una madre con un menor en situación de calle a la espera de una cita para solicitar asilo político y sin techo donde cobijarse. "En este caso, los servicios sociales municipales ofrecen un recurso de emergencia dada la existencia de un menor y a pesar de la carencia de vivienda social -de un parque público adecuado-, pero esta usuaria se encuentra en un limbo entretanto el sistema de citas de Extranjería no le permita formalizar su petición de asilo. La urgencia de los usuarios por lograr acceder a una cita previa e iniciar el procedimiento de asilo viene dado no sólo por la urgencia de legalizar su presencia en nuestro país sino, sobre todo, por poder acceder a determinados recursos".
En definitiva, según el defensor granadino, "todas las administraciones son competentes para actuar con sus recursos en un gran número de casos de sinhogarismo, por lo que es necesario acordar un gran pacto que, -a la luz de los derechos humanos y partiendo de la realidad en los distintos ordenamientos-, ofrezca unas garantías, establezca unos protocolos, concrete unos determinados programas, y en definitiva siente unos márgenes de actuación y mejora para abordar el sinhogarismo creciente".
En su opinión "a veces la burocracia somete a las personas en exclusión a procesos tan complejos que pueden resultar inhumanos y muchas personas se encuentran desorientadas en el fragmentado sistema de protección social y en el complejo laberinto administrativo".
La jornada de trabajo fue clausurada por la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.