defensor_archivo.jpg

Manuel Martín, en una imagen de archivo. ep

El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, ha presentado al pleno el informe correspondiente a 2022, un documento en el que las trabas y barreras que encuentra la ciudadanía para acceder a la Administración se presenta como el mayor problema, por el volumen de quejas recibidas en ese sentido. Muy de cerca le sigue "el drama humano" que representa vivir sin luz, como ocurre en el Distrito Norte de la capital desde hace quince años.

Respecto a este último, es un problema cronificado ya en la memoria del Defensor de Granada que se lamenta de que llegar a instancias europeas, como ocurrió el pasado año, y seguir llamando a las puertas de los distintos gobiernos en España "no es garantía" para resolver esta situación.

Sobre los problemas de acceso a la Administración, pide "autocrítica para mejorar". "Nos toca transformar la Administración desde dentro para hacerla más humana, más orientada al ciudadano que la sufraga con sus recursos y para las empresas que generan empleo y riqueza", resume. 

¿Qué problemas preocupan a la ciudadanía granadina?

• Dificultades para acceder a las administraciones públicas (18%).
• Cortes de luz en Distrito Norte (14%).
• Falta de recursos económicos y sociales (12%).
• Ruidos (11%).
• Limpieza y medio ambiente (10%).
• Movilidad y protección ciudadana (8%).
• Dependencia accesibilidad (8%).
• Consumo (5%).
• Urbanismo (5%).
• Otros asuntos.

grafico_def.png

Manuel Martín ha comenzado su intervención ante el Pleno municipal entonando una autocrítica hacia las administraciones e instituciones públicas: “Demasiadas veces las administraciones, las instituciones, los organismos públicos, las distintas instancias de toma de decisiones, los ámbitos de prestación de servicios, los responsables y servidores públicos… no servimos”, ha señalado y, al respecto, se ha referido a la doble acepción del término: “Estar al servicio, que es una actitud, y ser útiles, es decir, eficaces y competentes, que apela a la capacidad, a poner los recursos y el potencial al servicio de la ciudadanía”. 

"No servimos cuando la ciudadanía no puede acceder a los servicios, no puede comunicarse con nosotros, no puede hacer valer sus necesidades y derechos. No servimos resignados a listas de espera, expedientes en espera, usuarios en espera. Ni tampoco si no compatibilizamos nuestra labor cotidiana con los nuevos retos, los inminentes y necesarios desafíos que han de mejorar la vida de esa sociedad que paga nuestros sueldos mensuales"

“No servimos cuando la ciudadanía no puede acceder a los servicios, no puede comunicarse con nosotros, no puede hacer valer sus necesidades y derechos. No servimos resignados a listas de espera, expedientes en espera, usuarios en espera. Ni tampoco si no compatibilizamos nuestra labor cotidiana con los nuevos retos, los inminentes y necesarios desafíos que han de mejorar la vida de esa sociedad que paga nuestros sueldos mensuales”, ha afirmado. 

Antes de adentrarse en el relato concreto de quejas y datos, Martín ha aclarado que el balance 2022 aporta cifras que son atenciones. “Hay gran cantidad de casos que implican varias actuaciones”, y recordando que la memoria ofrece “tan sólo un aspecto parcial de la realidad granadina” en tanto que “la gente que se dirige a la oficina lo hace sólo para contar lo que le preocupa y solicitar ayuda, mediación o resolución”. 

El documento de la memoria se estructura en cinco partes, siendo la primera la relativa a cifras, destacando junto al descenso en el volumen total de casos atendidos –un 27% menos que en 2021-; el hecho de que un 60% de casos hayan sido finalizados frente a un 40% aún en trámite; y el que la administración acepte las propuestas y recomendaciones del defensor en un 71% de casos. También en el capítulo de datos, el mayor número de reclamaciones recibidas en 2022 llegaron a través de teléfono –llamadas y mensajes- con un 54,44% y a través de la web y las redes sociales, con un 15% y 9,99% respectivamente. Por último, en 2022 volvieron a aumentar las visitas al portal de la oficina, que recibió 138.143 visitas; y el año se saldó con 6.741 seguidores en Facebook y 1.890 en el perfil de Twitter 

Entrado en los principales bloques de quejas, el defensor ha reclamado una mayor interlocución con las administraciones dado que las trabas administrativas o dificultades para acceder y comunicar con las instituciones copó un 18% del total de reclamaciones. 

“Ya se trate de pedir una beca, inscribirse en un curso, renovar la tarjeta de residente, matricular a un hijo en un centro educativo, participar en un programa de inserción laboral o pagar una multa, la ausencia de interlocución genera en la ciudadanía indefensión, y, sobre todo, pérdida de derechos y oportunidades”, ha planteado. 

Ha pedido por ello a todas las administraciones que estudien y enmienden el asunto de la cita previa obligatoria “cuando ya las restricciones de la pandemia han finalizado” puesto que, como ha recordado el Tribunal Supremo, “el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la administración como organización servicial que lo gestiona”. 

En sus palabras, “en lugar de facilitar a los ciudadanos que puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, la imposición de una cita previa obligatoria se convierte en una puerta cerrada”. 

Las quejas por los cortes de luz, lamentablemente siguen

Siguiendo con los capítulos del informe de gestión, “lamentablemente, el segundo vuelve a englobar las quejas por cortes de luz en la zona Norte de la ciudad, unas interrupciones que supusieron un 14% el total de atenciones; que han cumplido quince años y que, al paso que llevamos, pronto se harán mayores de edad”. 

De nuevo, fijando la mirada tan sólo en el apartado de propuestas de acción, ha instado a todas las partes implicadas (empresa y administraciones) para que estudien a detalle los 25 puntos sugeridos por profesionales participantes en las Jornadas sobre Cortes de Luz en barrios vulnerables organizadas en abril pasado con la UGR. Asimismo, ha seguido proponiendo al Ayuntamiento que extreme la vigilancia sobre los suministros de alumbrado público; a la Junta de Andalucía, un estudio exhaustivo e independiente de las instalaciones y equipos del distrito Norte, “algo que se va a reivindicar a lo largo de 2023”; al Gobierno de España una respuesta urgente a la petición de amparo que sigue su curso por unanimidad ante la comisión europea de peticiones; y a Endesa Granada, que instale una línea telefónica de atención vecinal; realice un mapa de puntos calientes para acciones preventivas; revise y cambie el método para atender incidencias y reclamaciones; presente un informe detallado y cronológico sobre las inversiones realizadas e instale en el distrito grupos electrógenos de gran alcance para grandes incidencias. 

En cuanto al tercer bloque de quejas, con un 12%, Manuel Martín ha destacado que en 2022 volvieron a registrarse una gran cantidad de peticiones de ayuda relacionadas con “el acceso a empleo, ayudas y recursos esenciales, peticiones planteadas por ese segmento de población denominado vulnerable, que es un grupo amplio y heterogéneo”. 

A pesar de que los parámetros de vulnerabilidad suelen estar enlazados, el defensor ha explicado que se han agrupados algunos de los principales problemas en tres apartados principales -ingresos económicos; vivienda y regularización-, dejando un cuarto apartado destinado a las personas sin hogar, “por aglutinar este colectivo la práctica totalidad de necesidades y requerir un tratamiento diferenciado”. 

El Defensor reclama que se cumplan las normas en materia de terrazas y pide un nuevo mapa de ruidos y zonas acústicamente saturadas

El cuarto capítulo del informe se refiere al ruido, una materia que el año 2022 absorbió el 11% de quejas. “En Granada como en tantas ciudades del país una parte de la ciudadanía infringe las normas en la materia, mientras otra parte padece sus efectos. Sin lugar a dudas, la calle es lugar de todos y para atraer turismo y economía hay que llenar el espacio público de propuestas participativas. Pero en el reverso de esta moneda hay también derechos protegidos. Y para hacer compatibles las actividades ciudadanas apuntadas con los derechos a la salud pública, al descanso o a una vivienda digna existe un enorme corpus normativo, un catálogo legislativo en cascada que parte de directivas europeas y se concreta en ordenanzas municipales de protección del medio ambiente acústico”, ha apuntado. 

Las propuestas de acción que el defensor ha reclamado al respecto hablan de “cumplir las normas: en materia de terrazas -número de mesas y horarios-; en materia de licencias -cada establecimiento ha de adecuar su actividad a aquello para lo que tiene autorización (no es lo mismo un kebab que una tienda 24horas); en materia de decibelios permitidos; en materia de horarios para la limpieza de las calles, para la recogida de contenedores, para la carga y descarga o el reparto matutino  de suministros”. 

También ha sostenido que “es preciso un nuevo mapa de ruidos, sonómetros y declaración de zonas acústicamente saturadas y es preciso intensificar la actuación disuasoria, correctora, sancionadora y, sobre todo, sensibilizadora”. 

Problemas relacionados con Medio Ambiente, Limpieza y Mantenimiento ocuparon el quinto lugar sobre el total con un 10% mientras que Movilidad y Protección Ciudadana se colocaron en el sexto capítulo con un 8%. De estas materias el defensor ha recordado que “tiene gran sentido que copen gran número de reclamaciones en tanto que se trata de áreas netamente municipales”. 

El séptimo gran apartado “al que Granada tendría que atender en el momento actual es la enfermedad mental, que se cuela y se queda atrapada en un sinfín de reclamaciones y quejas que, en principio parecen meras protestas por asuntos de índole administrativa”. Según ha explicado, de escritos, llamadas y visitas a la oficina, se deducen “diversidad de trastornos y soledades que la crisis, las crisis, suelen agudizar y que en 2022 se ha contabilizado con un 8% sobre el total de atenciones”. 

En nombre de usuarios, familiares y asociaciones que trabajan con el colectivo, Manuel Martín ha solicitado a las administraciones que “se valore la calidad y profesionalidad de los equipos de salud mental y la necesidad de aumentar el personal dado que tienen una gran carga y podrían no disponer de tiempo suficiente”; que se replanteen las políticas de subvenciones y recursos económicos para las asociaciones, y ha pedido a la Junta la apertura de nuevas comunidades terapéuticas o de plazas vacantes para las comunidades ya existentes. También ha propuesto un contacto periódico entre los equipos de atención social comunitarios y los equipos de salud mental del SAS así como potenciar el Sermus o unidad móvil de calle, entre otras medidas. 

“En esto de la salud mental nos estamos quedando atrás: falta coordinación entre administraciones, falta voluntad de cambiar las cosas, faltan iniciativas para prevenir desastres, falta innovar, adelantarse, poner dinero. También falta entender lo que pasa, lo que estamos ignorando. Y apoyar a las familias sin mirar para otro lado”, ha sostenido el defensor. 

El octavo gran conjunto de atenciones realizadas en 2022 versó sobre dependencia, discapacidad y barreras que impiden la accesibilidad a personas con diversidad funcional. Según ha asegurado Manuel Martín, este capítulo supuso el 5% de las reclamaciones, siendo en su mayoría quejas por barreras arquitectónicas; rampas pronunciadas, aceras estrechas, calles con demasiada pendiente, existencia de escaleras o desniveles, pavimentos en mal estado o con irregularidades, etcétera. 

En materia de dependencia, ha pedido que se agilice el reconocimiento de un determinado grado según la ley de dependencia: “La tardanza en la elaboración de los PIAs o planes individualizados de atención, y el consiguiente retraso en la concesión posterior de las distintas prestaciones absorbieron el mayor número de reclamaciones en este apartado”.