Crece un 3% el número de asuntos ingresados en los juzgados de Andalucía, que sigue a la cabeza en litigiosidad

Los juzgados y tribunales de la comunidad andaluza ingresaron 1.242.678 asuntos frente al 1.209.533 del pasado año, lo que revela un aumento de la litigiosidad del tres por ciento y sitúa a Andalucía en el segundo lugar a nivel nacional.
Andalucía presenta así una tasa de litigiosidad superior en un 11 por ciento a la media estatal y con 148,6 asuntos por cada 1.000 habitantes, según se desprende de la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2019, que ha presentado este miércoles en rueda de prensa el presidente del alto tribunal andaluz, Lorenzo del Río.
A su juicio, las cifras recogidas en la memoria vuelven a exteriorizar, como cada año, "una carga de trabajo demasiado elevada para normalizar la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces".
Junto a ello ha subrayado que nuestro país sigue careciendo "de un sistema equilibrado de resolución de conflictos" y "existen demasiados incentivos para la litigación". Por ello, ha insistido en la necesidad de "contemplar con naturalidad un enfoque distinto a la respuesta tradicional e institucionalizada de la justicia" y aboga por "implantar -obligatoriamente- sistemas complementarios de resolución de conflictos".
"Reclamamos con urgencia un sistema de justicia eficiente y responsable, un cauce complementario de resolución de conflictos, donde la justicia restaurativa, la mediación, formen parte también de la tutela judicial efectiva. Es obligado salir de la situación actual donde la mediación se sigue aplicando con cuentagotas, para que llegue a formar parte de nuestro sistema jurídico legal, lejos de personalismos o voluntarismos", ha señalado.
A su vez, Lorenzo del Río ha vuelto a poner de manifiesto el "grave problema organizativo de la administración de justicia, tanto estructural como de gestión eficaz de los recursos".
No obstante ha advertido de que es también "un problema económico, agravado por el mantenimiento en el tiempo de la situación y el aumento de la litigiosidad", por lo que se hace necesaria a su entender una "relevante inversión económica en los ámbitos tecnológico, de recursos humanos y de infraestructuras".
Lorenzo del Río ha vuelto a insistir en las reformas que la justicia necesita desde hace años, así como en las inversiones económicas que hagan posible que esta administración disponga de las herramientas tecnológicas con las que ya cuentan las restantes administraciones.
Por el momento, la implantación de las nuevas tecnologías en la justicia es, según ha dicho, "más que deficitaria y se impone, a la mayor brevedad, la definitiva consolidación del avance tecnológico emprendido".
Asuntos pendientes
El nivel de asuntos ingresados en 2019, -1.242.678-, sitúa a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la parte más alta del número total a nivel nacional, donde los diferentes territorios registraron un total de 6.075.535 asuntos.
Durante el pasado ejercicio los órganos judiciales resolvieron 1.207.908 asuntos quedando pendientes al final del año un total de 600.673 asuntos. Esto supone un incremento del siete por ciento respecto a los que quedaron en trámite al final de 2018.
La tasa de resolución en el año 2019 ha sido del 0,97, similar al pasado año, y permite afirmar, con carácter general, que los órganos judiciales del territorio siguen en un buen nivel de laboriosidad y se resuelven casi la totalidad de los asuntos ingresados.
En 2019 únicamente la jurisdicción penal registró un descenso en el número de asuntos ingresados, mientras que se incrementaron en el resto de jurisdicciones. Los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, en concreto el 57 por ciento del total.
En el año 2019 se produjeron en Andalucía 12 nuevas muertes de mujeres por violencia de género, con la circunstancia de que en todos los casos no se habían tomado medidas de protección. Los juzgados recibieron un total de 34.629 denuncias relacionadas con violencia sobre la mujer, un cifra similar a la del año anterior. Se solicitaron 8.480 órdenes de protección.