El manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha sido leído sucesivamente por miembros de los colectivos Fegradi, Agrafem, Aspace, Asogra, y Once. 'Sin accesibilidad no hay derechos humanos para las personas con discapacidad', título del manifiesto, incide en la necesidad de que la sociedad transforme las actitudes, prejuicios, estereotipos, sesgos y conductas discriminatorias por un reconocimiento de las singularidades específicas de las personas. 

 

 

El día 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad

en Europa y todo el mundo.

 

Desde el CERMI pensamos

que los derechos de las personas con discapacidad

se cumplen sólo si hay accesibilidad.

 

La accesibilidad es necesaria

para que podamos cumplir el resto de derechos.

 

Por ejemplo: si un museo tiene escaleras,

las personas con silla de ruedas no podrán usarlo.

Otro ejemplo: si un museo no tiene información en Braille,

muchas personas ciegas no podrán usarlo.

Otro ejemplo: si las obras de un museo no se entienden

las personas con discapacidad intelectual

no lo disfrutarán.

 

Como estas personas no pueden usar o disfrutar del museo

no se cumple su derecho a la cultura.

Esto es una discriminación.

Discriminar es tratar de forma diferente a una persona,

como si esa persona fuera inferior.

 

Esto ocurre con todos los derechos:

como el derecho al empleo, a la salud o a la educación.

 

La accesibilidad tiene que ser universal.

Esto significa que todo debe ser accesible

para personas con todo tipo de discapacidad:

desde personas en silla de ruedas, ciegas o sordas

a personas con discapacidad intelectual.

 

Además, necesitamos la accesibilidad universal en:

·        Espacios, como bibliotecas o ayuntamientos.

·        Productos, como ordenadores o botes de alimentos.

·        Servicios, como una agencia de viajes.

 

Tenemos que tener en cuenta

que las barreras de la accesibilidad a veces no se ven.

Las barreras a veces también están

en la forma de pensar de las personas.

 

Hay personas que no conocen

o tienen ideas equivocadas

sobre las necesidades de las personas con discapacidad.

Tenemos que cambiar esas ideas equivocadas.

 

También tenemos que tener en cuenta

que las personas con discapacidad

son muy diversas.

Algunas personas tienen unas necesidades

y otras personas tienen otras necesidades.

 

Todos los gobiernos, organizaciones, empresas

y todas las personas

tienen que defender la accesibilidad universal.

 

La accesibilidad también la defiende

la Convención sobre los Derechos

de las Personas con Discapacidad.

Esta convención es la lista de derechos

que tienen las personas con discapacidad

y que deben cumplir todos los países que la firmaron.

 

España debe cumplir la Convención porque la firmó.

Las leyes españolas también defienden la accesibilidad

aunque faltan medidas en las leyes

y además las leyes no se cumplen.

Muchos de los casos en los que no se cumplen

los derechos de las personas con discapacidad

se debe a que no hay accesibilidad.

 

La accesibilidad universal es necesaria

para que las personas con discapacidad

podamos vivir por nuestra cuenta, de forma autónoma,

y participar en la sociedad como ciudadanas y ciudadanos.

 

También es importante que mejoremos la accesibilidad

para las mujeres y niñas con discapacidad.

Ellas sufren más discriminación

por tener discapacidad y por ser mujeres.

 

En 2003 se aprobó una ley

de los derechos de las personas con discapacidad.

En esa ley hay normas sobre accesibilidad.

La fecha límite para cumplir esas normas

es el 4 de diciembre de 2017.

Sabemos que esas normas no se van a cumplir.

 

Las normas no se van a cumplir

aunque las asociaciones, familias y personas con discapacidad

han recordado y denunciado muchas veces esta fecha.

Pensamos que si las medidas no se cumplen

es un fracaso de todo el país

pero sobre todo del Gobierno y los partidos políticos.

 

Pensamos que esto es una burla, una estafa o un engaño.

Las víctimas son las personas con discapacidad.

 

Por esta razón,

las organizaciones de personas con discapacidad

vamos a criticar esta situación

y vamos a poner denuncias.

 

Vamos a pedir que el Gobierno

y los partidos políticos corrijan

las faltas de accesibilidad que hay.

 

Vamos a pedir que se ponga más dinero en accesibilidad.

Vamos a pedir que se pongan sanciones

a quienes no cumplen la ley.

Una sanción es un castigo que se pone por no cumplir la ley.

El castigo puede consistir en pagar un dinero.

 

Vamos a pedir también que se mejore la ley.

 

Vamos a convencer a todas las personas

de la necesidad de que todo sea accesible.

 

Vamos a mejorar lo que sabemos sobre accesibilidad

y a formar a todas y todos los profesionales

que trabajan en temas que deben ser accesibles.

 

A partir del 4 de diciembre,

las asociaciones serán más reivindicativas,

lucharán más y vigilarán más

para que haya accesibilidad universal.

 

La accesibilidad universal es un objetivo principal

para todas las asociaciones de personas con discapacidad

y sus familias.

¡Los derechos de las personas con discapacidad

se cumplen sólo si hay accesibilidad!

El pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de las personas con discapacidad está supeditado, en gran parte de las ocasiones, al cumplimiento de un presupuesto previo: la posibilidad de acceso, de uso y disfrute del conjunto de los entornos, bienes, productos y servicios que ofrece la sociedad en todos sus ámbitos, sin discriminaciones ni exclusiones por razones de un funcionamiento corporal, mental, comunicacional o cognitivo diverso; esto es lo que conocemos como accesibilidad universal.

 

La accesibilidad universal se entiende como derecho, más exactamente, como presupuesto necesario para el ejercicio pleno de derechos humanos, lo cual tiene como correlato lógico la consideración de la falta de accesibilidad de los entornos, productos, bienes y servicios a disposición del público como una discriminación contra las personas con discapacidad.

 

 

Comporta la accesibilidad universal la superación de todo tipo de barreras, independientemente de lo visibles que estas sean. En el caso de las barreras invisibles, alimentadas habitualmente por los prejuicios negativos, los estereotipos y los sesgos, la accesibilidad universal supone una modificación de las actitudes para evitar conductas discriminatorias, así como la toma en consideración y la comprensión de las necesidades singulares y específicas de las personas.

 

La accesibilidad universal es pues un bien social básico que ha de ser promovido y estar amparado y protegido por los poderes públicos, y respetado y desplegado por todos los operadores, agentes y particulares de la vida en comunidad.

 

En la esfera internacional, esta consideración de la accesibilidad universal viene consagrada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, adoptada en diciembre de 2006 (artículo 9 –accesibilidad universal; artículo 20 –movilidad personal; y 21 –acceso a la información-, p. e.), y firmada y ratificada por España, por lo que resulta plenamente aplicable. La legislación española, aunque de un modo imperfecto, incompleto y poco efectivo, también proclama, declara y regula la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas.

 

Las violaciones más insistentes e insidiosas de los derechos humanos de las mujeres y hombres con discapacidad, las discriminaciones y exclusiones más generalizadas que sufren con mayor intensidad tienen que ver con la inexistencia o con las carencias de accesibilidad universal, que constituyen obstáculos muchas veces insalvables para llevar una vida independiente libremente decidida, y alcanzar una completa inclusión en la comunidad.

 

Aunque apenas hay datos, por falta de estudios e investigaciones solventes, las mujeres y niñas con discapacidad están más expuestas a recibir incrementados los efectos negativos de la falta de accesibilidad universal, por lo que en este ámbito, aparentemente neutro, es imprescindible también aplicar un exigente enfoque de género para combatir la discriminación interseccional que se produce.

 

En el año 2003, gracias a las presión y la incidencia del movimiento social de la discapacidad, España aprueba una legislación básica, aplicable y exigible en todo el territorio nacional, que establecía, resumidamente, unas obligaciones de accesibilidad y no discriminación, de modo que todo lo nuevo desde esa fecha tendría que ser, nacer, necesariamente accesible, y para lo preexistente que no reuniera esos parámetros, se fijaban unos límites temporales amplios, para convertirlo en accesible, siempre que fuera susceptibles de ajustes razonables, que llegaban en un principio hasta 2019, y que posteriormente, por un cambio legal operado en 2011, se redujeron dos años, hasta 2017, para mayor precisión, hasta el 4 de diciembre de 2017. La fecha por fin ha llegado, y los deberes legales no están hechos.

 

Pese a los recordatorios, los continuos avisos y las denuncias reiteradas, estos años últimos, del tejido asociativo de las personas con discapacidad y sus familias, asistiremos el 4 de diciembre de 2017, límite legal para alcanzar el bien básico de la accesibilidad universal, a un fracaso colectivo como sociedad y como país, imputable especialmente a los poderes públicos, las administraciones, las autoridades y los agentes y operadores oficiales, que evidenciado su incapacidad culpable para hacer cumplir las Leyes en materia de accesibilidad universal, han permitido que la mayor parte de los entornos, bienes, productos y servicios sigan estando hoy negados o severamente dificultados por ausencia o graves deficiencias de accesibilidad a las mujeres y hombres con discapacidad.

 

Ante esta burla de los mandatos legales, absolutamente ineludibles en un Estado que se proclama social, democrático y de Derecho, y la estafa política y legislativa de que han sido víctimas las personas con discapacidad, cuyas expectativas de disponer de entornos universalmente accesibles, tras esperas y aplazamientos interminables, se han visto una vez más traicionadas, el tejido social de derechos humanos de la discapacidad intensificará su tarea de presión, crítica y denuncia, desplegando una estrategia activa de movilización y contestación contra los incumplimientos en relación deber de garantizar la accesibilidad y los responsables de los mismos, consistente en la reclamación política y jurídica de soluciones prontas que acaben con este estado estructural y sistemático de vulneración de los derechos humanos de esta parte de la diversidad social que son las personas con discapacidad.

 

Desde la discapacidad organizada se denunciará administrativamente y se demandará judicialmente las violaciones de derechos por falta de accesibilidad universal; se exigirá la actuación de los poderes públicos para corregir las graves y extendidas deficiencias aún persistentes, con inversiones suficientes, con sanciones de los incumplimientos y con la mejora continua del marco normativo; y se promoverá con mayor firmeza la toma de conciencia del valor de la accesibilidad por parte de la sociedad y de todos su operadores y agentes, y se robustecerá el conocimiento y formación de los profesionales que conciben proyectan, diseñan, configuran e implantan, así como de titulares, los proveedores y los gestores de los entornos, productos, bienes, servicios, procesos y procedimientos. A partir del 4 de diciembre, el movimiento asociativo será más reivindicativo, vigilante y beligerante contra las violaciones de derechos por falta de condiciones de accesibilidad universal.

 

La realización y la consecución de la accesibilidad universal en plazos inmediatos constituye por tanto un asunto primordial en la agenda política del movimiento de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias, en el que este pondrá todas sus energías y potencial para un cambio social que no admite más demoras.

 

¡SIN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, NO HAY DERECHOS HUMANOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD!