El juicio del llamado 'caso Alhambra', sobre un supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento de 2002 a 2005, ha arrancado este jueves con un total de 50 personas en el banquillo de los acusados.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, presidido por el magistrado José Requena Paredes, es el encargado de juzgar esta macrocausa, cuya vista oral se celebra desde este jueves en el salón de actos del Edificio Judicial de la Caleta a lo largo de previsiblemente 44 sesiones hasta el próximo 22 de diciembre.

Las acusaciones públicas que ejercen la Fiscalía y la Junta de Andalucía han retirado la acusación para uno de los 50 procesados que hay en la causa y han anunciado un preacuerdo con otros seis que deberá ser ratificado ante el tribunal de la Sección Segunda que está enjuiciando el caso.

La primera sesión de la vista oral ha comenzado con las cuestiones previas planteadas por las partes y en ella se ha ratificado ante el tribunal el acuerdo que una de las acusadas, Pilar A., ha alcanzado con carácter previo con la Junta y la Fiscalía y que ha conllevado la retirada de la acusación para su marido, Juan C.J., vinculado a la empresa Washington Irving S.L. La Fiscalía y la Junta de Andalucía no han interesado que esta persona comparezca como testigo a lo largo del proceso, de modo que ha podido abandonar la sala y, según le ha avanzado el presidente del tribunal, el magistrado José Requena Paredes, quedará absuelto cuando se dicte sentencia. De este modo, el proceso continuará a partir de ahora con 49 acusados. 

Las seis conformidades acordadas con carácter previo con la Fiscalía y la Junta de Andalucía afectan a dos guías turísticos, tres trabajadores del Patronato de la Alhambra y un empleado del BBVA de Las Gabias. Cinco de los preacuerdos, entre ellos el de la citada Pilar A., suponen la rebaja de la pena a nueve meses de prisión por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental, y en el caso del empleado de la entidad bancaria se rebaja a tres meses por apropiación indebida.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha previsto un plan de sustitución de trabajadores para que el desarrollo del juicio no afecte a la visita pública ni a la organización del recinto nazarí, puesto que diversos empleados deberán acudir a la vista oral, bien como investigados o en calidad de testigos.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO por su parte ha defendido que "desde un primer momento" no se ha demostrado "la existencia de ningún tipo de irregularidad y aún menos delictiva" por parte de la plantilla. Por ello, las defensas de los trabajadores del Patronato de la Alhambra investigados han solicitado la libre absolución.

Desde este jueves y hasta el 5 de octubre se abordarán en distintas sesiones, que arrancarán a las 9,30 horas, las cuestiones previas y el interrogatorio de los acusados. Por su parte, los testigos de las diferentes partes irán compareciendo ante el tribunal desde el 10 de octubre al 15 de noviembre, ambos incluidos.

Los peritos propuestos por el Ministerio Fiscal, Junta de Andalucía y defensas comparecerán entre el 16 de noviembre y el 13 de diciembre. La fase documental se prevé para el 14 de diciembre, mientras que las conclusiones e informes finales quedarán para las sesiones señaladas los días 19, 20, 21 y 22 de diciembre.

Los delitos que se juzgan son los de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho.

El Juzgado decretó apertura de juicio oral en octubre del año pasado contra 50 acusados, tras cerrar una instrucción que supuso casi nueve años de investigación. La Fiscalía reclama penas de entre cuatro y nueve años de cárcel y multas para 45 de los acusados, la mayoría de ellos controladores.

Petición de la Fiscalía

Para diez de ellos, la Fiscalía pide nueve años de prisión y 9.000 euros de multa, mientras que para los 35 restantes rebaja la pena a los 4 años de cárcel y 2.160 euros de multa. Por otro lado, para otros 32 imputados interesa el libre sobreseimiento, "por no quedar acreditada su participación en los hechos".

En concepto de indemnizaciones, el fiscal reclama además a todos los acusados, con las agencias de viajes Daraxatour S.L. y Washington Irving S.L. como responsables civiles subsidiarios, que paguen conjunta y solidariamente al Patronato de la Alhambra y el Generalife 6,66 millones de euros, cifra que calcula que supuso el perjuicio económico para el monumento por los ingresos no percibidos (3,5 millones) y por los daños materiales causados por los excesos de aforo (3,16 millones).

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, la presunta trama delictiva estaba encabezada por cinco miembros de una misa familia, dos de ellos guías turísticos, otro director comercial del Hotel Carmen y el resto de las agencias de viajes Witt Travel S.L. y Daraxatour S.L., quienes "con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005 un plan" para ingresar lo que sus clientes pagaban para obtener una entrada a la Alhambra, monumento al que accedían pese a este sistema ilícito.

Estos acusados aprovecharon también las relaciones de amistad y profesionales que les unían con otro de los procesados, un guía turístico que durante 40 años prácticamente monopolizó la visita del turismo japonés a Granada gracias a su conocimiento del idioma y contactos con agencias que gestionaban grupos de esta nacionalidad.