Girón, que llegó a postularse para dirigir el Patronato de la Alhambra y ha coqueteado con encabezar una candidatura a las municipales, tras darse de baja en el PSOE, forma parte "de la organización criminal", según un auto del juez que instruye el caso, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada.

Para el juez instructor el letrado de la Junta, "por su relación directa tanto con la Directora como con la Secretaria General estaba al tanto de todo lo que sucedía en el Patronato, y con su asesoramiento guió y amparó con sus informes la posibilidad de adjudicar los contratos a la carta formando parte de la Organización Criminal, desarrollando un rol activo, necesario y en coordinación con el resto de integrantes".

Como ejemplo, "de su participación en la trama, de su conocimiento y confabulación con la directiva del Patronato" cita el juez la investigación policial de una de las adjudicaciones irregulares "Solo manifestar en la presente que la clara connivencia existente queda patente en correo electrónico" que Girón remite a la secretaria del Patronato, Victoria Chamorro Martínez, en el que comunica a ésta los pormenores y posibilidades para modificar los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas del contrato para hacerlo prorrogable, así como que está a su disposición para hacer lo que ella diga (“Hago lo que tú me indiques”), asesorando y contraviniendo los preceptos legales de los que por su cargo es plenamente conocedor, para prorrogar ilegalmente un contrato en beneficio" de una determinada persona y "y en detrimento de los intereses de Patronato y de caudales públicos".

Adjudicaciones de antemano

El juez ve indicios de que parte de los dirigentes del monumento, así como en ocasiones personal de empresas externas y otro personal del patronato que lo gestiona, crearon "una serie de necesidades ficticias" con el único fin de iniciar un procedimiento de contratación que estaba adjudicado "de antemano", sosteniendo así "una red de trabajadores externos al patronato y empresas amigas", según el auto avanzado este jueves por ABC y Granada Hoy.

El juez se refiere a la adjudicación de contratos menores "a capricho", haciendo "caso omiso" a las recomendaciones dictadas por la Cámara de Cuentas y usando esta fórmula de forma "muy frecuente" para la adjudicación directa, sin que conste "ni un documento que acredite la real, efectiva y correcta realización" de los servicios adjudicados.

Esta presunta "estructura criminal" habría usado igualmente, entre otras fórmulas, el procedimiento de "negociado sin publicidad" con empresas "conniventes" que luego presentaban cartas de renuncia quedando solo una como posible adjudicataria y evitando así que hubiera una concurrencia real.

Además del perjuicio de 5,8 millones de euros inicialmente estimado, los informes patrimoniales que se han realizado arrojan "un importante incremento patrimonial producido en todas las personas" que han intervenido en esta presunta "trama corrupta".

Respecto a la anterior directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, que dimitió en 2015 por el llamado caso de las audioguías, de la que se deriva esta causa, el juez ve "imposible justificar que lo que se ha venido produciendo" se haya realizado "sin su consentimiento o debido a su delegación y confianza plena en el personal a su cargo, más aun cuando ha quedado demostrado documentalmente que era puntualmente informada de todo por la secretaria general".

Villafranca se encuentra entre los 13 "integrantes del Patronato de la Alhambra" que investiga el Juzgado, a los que hay que sumar empresarios que recibieron adjudicaciones presuntamente irregulares y personas que mantenían relaciones de amistad con los dirigentes del monumento.

Para el juez todos ellos formaron una organización criminal "pensada y conformada especialmente" por la exsecretaria general del monumento y el que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del Patronato de la Alhambra "con la participación concertada e indispensable del resto de personas".