La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía anunció el pasado 5 de mayo su acuerdo, junto a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Aragón, Valencia, Baleares, Extremadura y Castilla La Mancha, de no realizar las pruebas de reválida de finalización de la Primaria que contempla la LOMCE. En su lugar se realizará, en la primera quincena de junio, una evaluación individualizada del alumnado que será llevada a cabo por el propio profesorado sin que por ello, deban actuar agentes externos.

Ante esta manera de informar a la comunidad educativa sobre un tema tan importante, el secretario general de enseñanza de CCOO en Granada, Diego Molina, “lamenta que sólo hayamos tenido información parcial sobre la decisión tomada por la Consejería de Educación a través de los medios de comunicación o a través de una nota informativa en su página Web, sin que se haya convocado a las organizaciones sindicales representativas del profesorado andaluz”.

En este sentido, el sindicato critica que la máxima información existente sobre la prueba de sexto de Primaria es que se dispondrá de un manual de instrucciones para la realización de estas pruebas, que lo serán sobre la adquisición de las competencias en lengua, matemáticas, ciencias y tecnología y que existirá una comisión de verificación externa zonal que supervisará, asesorará y validará los resultados.

Ante la falta de información al profesorado y sus representantes, CCOO exige a la Consejería de Educación convocar una Mesa Sectorial sobre esta cuestión de modo que se pueda conocer de primera mano la postura consensuada con las otras siete comunidades autónomas y que sea posible, además, tener en cuenta las aportaciones de las organizaciones representantes del profesorado andaluz.

En relación a esta evaluación final a desarrollar en los centros educativos dependientes del Ministerio de Educación, Federación de Enseñanza de CCOO ha recurrido la resolución sobre el cuestionario de contexto y los indicadores comunes de centro para la prueba final de Primaria publicada por citado ministerio, en base a que estos cuestionarios pueden vulnerar el derecho a la intimidad, la Ley de Protección de Datos, la Constitución Española o incluso la Declaración de los Derechos del Niño.