• "Hoy es una prioridad y el camino para que Granada sea una ciudad libre de desahucios tiene datos positivos y empieza a dar frutos", asegura el alcalde, Francisco Cuenca.

Pese al mensaje que llega desde las administraciones sobre el fin de la crisis, más entusiasta desde el Gobierno central y siempre con reservas desde la Junta, los datos de las personas que siguen viviendo la dramática situación de perder su vivienda son alarmantes. 

Desde la llegada al gobierno local en mayo del año pasado del equipo socialista, el área de Derechos Sociales ha intervenido en 592 casos para evitar desahucios. De media, al día, son 2,5 casos prácticamente. En todos esos expedientes, el Ayuntamiento ha logrado bien paralizar el desahucio, activar la negociación con las entidades bancarias, mediar con los Juzgados o buscar alternativas habitacionales a las personas afectadas, que han sido 1.892. Los casos en los que se ha trabajado en estos últimos ocho meses representan, además, casi la mitad de los expedientes tramitados entre 2013 y 2016, lo que refleja, en palabras del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que la lucha contra los desahucios se ha convertido en "una prioridad". 

Según ha destacado Cuenca, el trabajo que se está desarrollando desde el área municipal, con la implicación de los técnicos, da cumplimiento a una moción aprobada en 2015 que declaró a Granada ciudad libre de desahucios. Con ese compromiso trabaja el gobierno local y, desde su llegada a la Alcaldía, la Policía Local no interviene en lanzamientos, se ha abierto una línea de colaboración con las plataformas antidesahucios y se están reforzando los protocolos tanto con el Decanato de los juzgados como con la Junta, propietaria de muchas viviendas sociales. 

El principal objetivo de todo ese trabajo de colaboración es evitar que se produzcan lanzamientos sin la intervención del área de Derechos Sociales, para que pueda frenarlos o, al menos, buscar alternativas para las personas afectadas, bien de emergencia o definitivas. 

La concejala de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, ha destacado también que la Oficina Social de la Vivienda, que es el departamento municipal que se encarga de la mediación, cuenta también desde hace ocho meses con un espacio con la privacidad necesaria para atender estos casos. Antes, según ha dicho, se hacía en los pasillos de la sede municipal de Los Mondragones. 

Sánchez ha detallado los números, señalando que el 46 por ciento de esos 592 expedientes corresponde a ejecuciones hipotecarias; el 36 por ciento a desahucios por impago de la renta del alquiler; y otro 15 por ciento a desalojos por procedimientos penales por delito de usurpación de viviendas (ocupación). Estos últimos, ha explicado, son "los más difíciles", al estar en la vía penal. 

La concejala ha hecho también hincapié en el deterioro emocional de las personas afectadas y ha pedido que se acuda cuanto antes al Ayuntamiento. "Aunque queda mucho trabajo por hacer, hay salida y cuanto antes acudan" será más fácil encontrar una solución y, sobre todo, paralizar el desahucio. "Somos las Urgencias del Ayuntamiento, los enfermos llegan con una situación crítica y difícil y necesitan que se les atienda en cuestión de horas; a veces con escasas 24 horas", ha dicho para reiterar el llamamiento a que se busque ayuda para poner en marcha el engranaje que puede paralizar los desalojos. 

Sánchez también ha resaltado que con la llegada del gobierno socialistas "se han abierto las puertas a las plataformas", como Stop Desahucios, y semanalmente reciben casos derivados de estos colectivos. 

En la rueda de prensa, el alcalde y la concejala de Derechos Sociales han estado acompañados por Juan Jesús Molina y Magdalena Gómez, una pareja que recurrió al Ayuntamiento a horas de que se ejecutara el lanzamiento y logró frenarlo y negociar un alquiler con opción a compra para su vivienda. 

Su historia bien podría ser la suya o la mía, como bien ha apuntado Juan Jesús Molina al contar su caso. Autónomos, propietarios de una nave industrial que decidieron montar un restaurante para vivir ellos y dar trabajo a sus hijos. La crisis lo torció todo y llegaron las deudas y el momento en el que ya no se podía hacer frente a ellas. Como el aval fueron sus propiedades, el piso en el que vivían habitualmente y el de la playa, llegó un momento en el que lo perdieron todo y se encontraron a horas de quedarse en la calle. Fue entonces cuando la plataforma contra los desahucios que los estaba ayudando recurrió al Ayuntamiento. 

"Solo no se encuentran soluciones", ha dicho Molina para refrendar la idea lanzada por Jemi Sánchez sobre la necesidad de ir de la mano de una plataforma o una Administración, como ha sido su caso. "Soluciones siempre hay, le puede pasar a cualquiera, pero no lo haga solo", ha afirmado para insistir en que "el enfermo no se cura solo, tiene que ir al médico". 

Por su parte, Magdalena Gómez ha puesto el acento en el impacto emocional que supone esta situación por la que ha atravesado su familia. "Lo pasas muy mal, estás en el negocio y tienes que hacer de tripas corazón para atenderlo". También se ha referido a la necesidad de buscar ayuda. Porque te enfrentas a "una cadena muy gorda, con eslabones muy grandes, no puedes encerrarte", ha concluido.