Abogados comprometidos con la lucha contra la violencia de género
El IV Encuentro de Abogados y Abogadas de Violencia de Género inaugurado hoy en Granada ha puesto de manifiesto el compromiso de los abogados en la lucha contra la violencia machista.
Colegio Abogados Granada
Sesión inaugural de las Jornadas.
Con la lectura de los nombres de las 32 víctimas de violencia de género en lo que va de año, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha arrancado el acto de inauguración del IV Encuentro de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, que se celebra en Granada durante los días 22 y 23 de septiembre con la asistencia de más de 130 letrados de todo el país.
Se trata, como ha indicado Ortega, de un programa formativo muy completo, en el que se abordarán durante dos días temas como la coordinación de las distintas instituciones implicadas, la valoración del riesgo, la creación de unidades pluridisciplinares o el estado actual de la legislación, de la mano de los mayores expertos del país en esta materia. “Lamentablemente seguimos sin conseguir rebajar unas cifras que son alarmantes”, ha expresado la representante de los letrados españoles, quien ha resaltado también los bajos índices de denuncias, situados en el 28,6% de los casos.
Por su parte, Eduardo Torres, decano del Colegio de Abogados de Granada, coorganizador del IV Encuentro de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, ha puntualizado que “aunque se está poniendo los medios, siguen falleciendo mujeres, por lo que la formación y sensibilización, además de llevarse a cabo por los profesionales implicados en esta materia con jornadas como esta, también debe hacerse extensible a la educación de los niños y jóvenes”.
“No se puede avanzar en la eliminación de esta lacra social si no hay una actividad coordinada entre todos los poderes públicos, los medios de comunicación y la sociedad civil”, ha añadido la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés, que también ha participado en la inauguración del encuentro, junto al presidente del TSJ de Andalucía, Lorenzo del Río; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo; la directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, Ángeles Sepúlveda; y el alcalde de Granada, Francisco Cuenca.
Tras el acto institucional, la fiscal de la Sala de Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, ha sido la responsable de abrir las ponencias y mesas de debate que se sucederán estos dos días, en el hotel MA Nazaríes de Granada, con una charla sobre la aplicación y eficacia práctica del Estatuto de la Víctima. Tras su conferencia, el IV Encuentro de Abogados y Abogadas de Violencia de Género ha contado con el testimonio de una víctima de violencia de género, Mélani Rueda, encargada de explicar cómo se vive en primera persona todo el proceso, judicial y personal, por el que pasan las mujeres y el papel de los abogados de oficio de Violencia de Género durante estos duros momentos. “Mi abogada me defendió como una madre defiende a su hijo. Sois abogados, pero para nosotras, sois ángeles de la guarda”, ha afirmado Rueda.
El evento formativo ha continuado con una mesa de debate sobre coordinación en la protección de la víctima y las pautas para la completa defensa de los intereses de la misma, en la que han participado el médico forense Miguel Lorente Acosta, la psicóloga María Jesús Cala Carrillo, la vocal de la Subcomisión de Violencia de sobre la Mujer del CGAE, Ana María Molina Caro, y el jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Granada, Emilio Castellano Rodríguez.
La directora de Violencia de Género recuerda que la propuesta de Pacto de Estado incluye la supresión del derecho a no declarar contra el agresor
La directora general de Violencia de Género, Ángeles Sepúlveda, ha participado hoy en la inauguración del IV Encuentro de Abogadas y Abogados de Violencia de Género, un foro único para el intercambio de experiencias en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Durante el encuentro, Sepúlveda ha subrayado la importancia de la sensibilización y formación de las personas profesionales de la abogacía para apoyar a la víctima durante el procedimiento judicial, en el que se encuentra en situación de especial vulnerabilidad y puede llegar a abandonar el proceso. De este modo, ha recordado que, según los datos del primer trimestre del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 12,96% de las víctimas renuncian al procedimiento judicial, y un 13% se acoge al derecho a no declarar contra su agresor.
En este sentido, la directora ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central se adhiera a la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, un documento que incluye medidas urgentes para prevenir y para proteger a las víctimas, tales como la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge o pareja.
Otras medidas propuestas son: la equiparación del terrorismo machista a otros tipos de terrorismos (igualando el presupuesto destinado a la prevención y a la asistencia social de las víctimas); la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores; el mantenimiento de la red de atención directa en todos los niveles territoriales; la visibilización de las víctimas indirectas (familiares, entorno,...); el restablecimiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía como instrumento de prevención; la adecuación de la normativa al Convenio de Estambul para incluir otros tipos de violencia de género como la trata, la violencia sexual, la prostitución o la mutilación genital; el cumplimiento íntegro de las penas; o la autorregulación para erradicar estereotipos discriminatorios en los medios de comunicación, la publicidad y la industria audiovisual, entre otras.
La directora general de Violencia de Género, Ángeles Sepúlveda, ha participado hoy en la inauguración del IV Encuentro de Abogadas y Abogados de Violencia de Género, un foro único para el intercambio de experiencias en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Durante el encuentro, Sepúlveda ha subrayado la importancia de la sensibilización y formación de las personas profesionales de la abogacía para apoyar a la víctima durante el procedimiento judicial, en el que se encuentra en situación de especial vulnerabilidad y puede llegar a abandonar el proceso. De este modo, ha recordado que, según los datos del primer trimestre del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 12,96% de las víctimas renuncian al procedimiento judicial, y un 13% se acoge al derecho a no declarar contra su agresor.
En este sentido, la directora ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central se adhiera a la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, un documento que incluye medidas urgentes para prevenir y para proteger a las víctimas, tales como la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge o pareja.
Otras medidas propuestas son: la equiparación del terrorismo machista a otros tipos de terrorismos (igualando el presupuesto destinado a la prevención y a la asistencia social de las víctimas); la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores; el mantenimiento de la red de atención directa en todos los niveles territoriales; la visibilización de las víctimas indirectas (familiares, entorno,...); el restablecimiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía como instrumento de prevención; la adecuación de la normativa al Convenio de Estambul para incluir otros tipos de violencia de género como la trata, la violencia sexual, la prostitución o la mutilación genital; el cumplimiento íntegro de las penas; o la autorregulación para erradicar estereotipos discriminatorios en los medios de comunicación, la publicidad y la industria audiovisual, entre otras.
Por la tarde, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez, tratará la evolución jurisprudencial y las reformas recientes y pendientes en violencia de género”, charla que será sucedida por una segunda mesa de debate sobre el papel de los menores y su consideración víctimas también de violencia de género en la que intervendrán la presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres, María Félix Tena Aragón, la fiscal delegada en Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres Porras, y el pediatra y presidente de la Sociedad Española de Pediatría Social, Jesús García Pérez.
El IV Encuentro de Abogados y Abogadas en Violencia de Género continuará el viernes con la conferencia sobre aplicación y eficacia de los nuevos tipos penales y su prueba, a cargo de Teresa Peramato Martín, fiscal adscrita a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, y la mesa de debate sobre cuestiones civiles en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con Susana Vega Torres, fiscal delegada de Violencia de Género de Granada; Francisco Ruiz Jarabo-Pelayo, magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga; y Francisca maría Gómez Díaz, vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE, como intervinientes.
Cerrará las jornadas la ponencia del magistrado de la Sección número 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, Joaquín Delgado Martín, quien incidirá en la violencia de género que se ejerce mediante instrumentos tecnológicos y de comunicación.
La secretaria de Estado de Justicia sitúa a las víctimas del delito en el núcleo de las prioridades de la actividad legislativa
La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, ha defendido la celebración de este tipo de foros en los que se debate no solo sobre los instrumentos para luchar contra el delito y proteger a la víctima, sino también sobre los mecanismos de prevención para intentar erradicar toda forma de violencia. En esa línea, ha recordado a las 32 mujeres que han perdido la vida en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas.
La secretaria de Estado ha destacado el compromiso del Gobierno central en el ámbito de la aplicación normativa respecto a las víctimas. Una pieza clave en la protección, reconocimiento y defensa de su dignidad es, ha señalado, la ley que regula el Estatuto de la Víctima del Delito, en la que por primera vez en nuestra historia se reconoce a las víctimas un Estatuto propio que amplía sus derechos, obliga a una sentencia personalizada, pretende evitar una segunda victimización y consagra el principio de humanidad hacia la víctima.
La reforma del Código Penal recoge una mejora de la respuesta penal a la violencia contra las mujeres y frente a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial incrementa las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, garantiza asistencia especializada a las víctimas en los Institutos de Medicina Legal y refuerza la formación especializada de todos los operadores jurídicos.
Asimismo, Sánchez-Cortés ha destacado la importancia del uso de LexNET y del avance de las nuevas tecnologías que van a permitir una respuesta más rápida y ágil a las víctimas.
En materia de asistencia jurídica gratuita se ha hecho un esfuerzo relevante al incluir a las víctimas de violencia de género entre otros colectivos especialmente vulnerables. Asimismo, se reconoce por primera vez a los menores como víctimas de violencia de género y se establece que tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección.
A la Estrategia para la Erradicación de la Violencia de Género con la que España se ha convertido en un país de vanguardia al establecer una hoja de ruta de medidas dedicadas a la prevención, detección de malos tratos, sensibilización, atención personalizada y asistencia a los grupos más vulnerables, hay que sumar, tal y como ha señalado Sánchez-Cortés, la mejora en la dotación de medios humanos y materiales. Así, el Ministerio de Justicia ha destinado este año 45 millones de euros a estas acciones.
De cara al futuro, la secretaria de Estado ha hecho un llamamiento a forjar amplios consensos en el marco de una Estrategia Nacional en la que la Justicia sea un eje estratégico al servicio de la sociedad y del progreso del país. Un agente cuya prioridad siga siendo perfeccionar el modelo de lucha contra la violencia de género y la protección de los menores, en el que la víctima debe seguir siendo el centro. Y en ese objetivo ha destacado el papel esencial de los abogados que asesoran, defienden y acompañan a este colectivo.
