Sr. Juan Manuel Moreno Bonilla

Presidente de la Junta de Andalucía

Me dirijo a usted como profesional del sistema público andaluz para expresar una queja profunda y sostenida en el tiempo, que compartimos muchos trabajadores de esta comunidad.

La falta de soluciones reales en materia de carrera profesional y reconocimiento económico está suponiendo, en la práctica, una pérdida directa de derechos y de retribuciones que sí se reconocen en otras comunidades autónomas. Esta situación no es coyuntural ni anecdótica: es estructural y reiterada.

Cuando un profesional cumple requisitos, acredita años de servicio y méritos, y aun así ve bloqueado sistemáticamente su acceso a la carrera profesional o al encuadramiento correspondiente, el efecto es claro: se le está privando de una parte de su salario y de su progresión profesional. Muchos sentimos, legítimamente, que se nos está quitando un dinero que nos corresponde por derecho.

Resulta especialmente grave que un trabajador pueda acumular 15 o 20 años de servicio efectivo y continúe percibiendo únicamente un nivel inicial de carrera profesional, no por falta de méritos o antigüedad, sino por la ausencia de convocatorias en su momento, o por haber pertenecido durante años a colectivos -como el personal interino- para los que directamente no existía la carrera profesional, pese a que la normativa y la jurisprudencia reconocen el principio de igualdad y no discriminación.

A esta situación se añade un elemento diferencial propio de Andalucía que agrava el problema: la dependencia obligatoria de la acreditación de competencias a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) como paso previo o condicionante para el acceso y progresión en la carrera profesional. Este modelo introduce trámites adicionales, plazos prolongados y costes estructurales, convirtiéndose en un cuello de botella que retrasa o impide el reconocimiento profesional de miles de trabajadores con trayectoria consolidada.

Este sistema no es un requisito generalizado en otros servicios de salud del Estado, donde la carrera profesional se gestiona directamente por la administración sanitaria correspondiente, sin necesidad de una agencia acreditadora interpuesta. La consecuencia es un agravio comparativo evidente: profesionales con la misma formación y experiencia perciben retribuciones distintas únicamente por trabajar en Andalucía.

Todo ello genera frustración, desmotivación y una sensación de abandono institucional, además de castigar de forma injusta a quienes han sostenido el sistema durante años en condiciones de temporalidad o bloqueo administrativo.

No se trata de una petición de privilegios, sino de igualdad de trato, seguridad jurídica y respeto al trabajo realizado. Mantener este modelo y este bloqueo tiene consecuencias reales sobre la calidad del sistema y sobre la permanencia del talento profesional en nuestra comunidad.

Le solicito que impulse, de forma urgente, soluciones claras y efectivas que pongan fin a esta situación y eviten que Andalucía siga siendo sinónimo de agravio comparativo para sus propios trabajadores.