El cultivo de marihuana está legalizado de facto en Andalucía. Tampoco descubro ningún secreto ¿verdad? En todos los barrios y pueblos se sabe qué se cultiva, dónde se cultiva, qué familias son las que lo hacen y, a poco que se sea observador, en qué momento llega la cosecha y como se saca el producto camino de Europa una vez terminado el proceso de secado y cortado. Lo saben los vecinos, los alcaldes, los policías locales, los maestros y los trabajadores sociales. Lo saben, por supuesto, las tiendas que venden lámparas, sistemas de riego, termostatos, abonos y calefactores.

Lo sabemos todos, en definitiva. Y hemos decidido despenalizarlo en la práctica, por más que aparezca de vez en cuando en los telediarios alguna noticia de que se desmantela un piso o un sótano en el que se cultivaba marihuana... uno de los diez o doce que hay solo en esa misma calle y sobre los que se sigue haciendo la vista gorda

Lo sabemos todos, en definitiva. Y hemos decidido despenalizarlo en la práctica, por más que aparezca de vez en cuando en los telediarios alguna noticia de que se desmantela un piso o un sótano en el que se cultivaba marihuana... uno de los diez o doce que hay solo en esa misma calle y sobre los que se sigue haciendo la vista gorda.

No se me malinterprete. No estoy reclamando que se persiga el cultivo de marihuana; estoy pidiendo, como suele ser habitual, que nos dejemos de tanta hipocresía colectiva y se legalice y regule formalmente lo que ya está normalizado y consentido social y factualmente. Hace unos 15 años, en los debates sobre la nefasta ley de convivencia ciudadana del PP en la ciudad de Granada (por cierto, a ver cuando la deroga Paco Cuenca, que esto no cuesta dinero) apareció el tema del consumo en público de cannabis. Algo sobre que se pretendía sancionar con especial rigor. En un momento dado pregunté a la veintena de técnicos y cargos electos presentes que si es que había allí alguno que nunca se hubiera fumado un porro... ni uno levantó la mano. Ni uno consideró necesario ocultar que había hecho algo que pretendían sancionar. Es más: incluso es posible que hubiera quien, no habiéndolo hecho, no quiso declararlo para no pasar por "pardillo". Este es el nivel de aceptación social del consumo de marihuana en nuestra tierra.

Son miles las familias de la provincia de ex trabajadores de la construcción, que han encontrado en el cultivo una alternativa al paro y la pobreza absoluta en la que cayeron tras el reventón de la burbuja inmobiliaria. Un sector que mueve millones anualmente y que ya se encuentra incorporado en la contabilidad nacional tras la adaptación de esta al Sistema Europeo Contable 2010 para la estimación del Producto Interior Bruto. Otro signo de normalizacion.

El cultivo ha llevado tranquilidad a los barrios, garantiza un nivel de vida razonable para las familias que lo han adoptado como medio de vida y ha evitado una escalada de delincuencia que, sin duda, habría acompañado en otro caso a la pobreza generalizada. Pero no todo son ventajas. El cultivo de marihuana está salvando los barrios en el plazo corto, pero puede condenarlos en el  medio y largo. Evidentemente. La clandestinidad en la que se ve obligada por la ley a realizarse la actividad, trae aparejada una cultura de la alegalidad que muy fácilmente se desliza hacia la ilegalidad y el delito: los consumos ilegales de electricidad y los problemas aparejados de suministro; la ocupación de viviendas para montar invernaderos, la aparición de mafias para "proteger" las plantaciones y garantizar la comercialización, los choques posteriores entre estos grupos por el control de territorios, etc. Además, como todas estas familias están formalmente en paro, reciben unas ayudas sociales que no les corresponden por su nivel real de ingresos, ya que estos se generan en la economía sumergida.

Es exactamente la misma conducta hipócrita e irresponsable que exhibimos con la prostitución: sumergir en el oscuro mundo de la ilegalidad una actividad que no perseguimos para que allí dentro todo tipo de abusos sean posibles, en este caso sobre las mujeres -aunque la comparación no sea exacta pues en el caso de la prostitución yo defendería su erradicación real-

Pero todos estos problemas no se deben al cultivo de marihuana, sino a su carácter ilegal. Se deben a que hemos tomado, también de forma colectiva, la peor de las decisiones: ni actuamos consecuentemente con su prohibición, erradicando una práctica formalmente ilegal, ni la legalizamos y regulamos, actuando consecuentemente con su aceptación social. No. Hemos decidido ignorarlo, hacer como que no existe y mirar para otro lado... mientras creamos un problema mucho mayor, que es de la aparición de grupos mafiosos que controlan la producción dentro de nuestras ciudades. Es exactamente la misma conducta hipócrita e irresponsable que exhibimos con la prostitución: sumergir en el oscuro mundo de la ilegalidad una actividad que no perseguimos para que allí dentro todo tipo de abusos sean posibles, en este caso sobre las mujeres -aunque la comparación no sea exacta pues en el caso de la prostitución yo defendería su erradicación real-.

En California la producción de marihuana es legal desde hace años y en 2016, las ventas representaron más de 2.700 millones de dólares. El año pasado se abrió el sector a la producción industrial, permitiendo la obtención de beneficios a sociedades que se dediquen a ello. Y no pasa nada. No se ha derrumbado la sociedad, ni se ha reducido el nivel intelectual del estado, donde siguen estando los mejores clusters en nuevas tecnologías del mundo, ni ha estallado la revolución hippie. Simplemente, tienen un sector económico más y han terminado de raíz con todo elemento asocial relacionado con el cultivo.

Una legislación que permitiera el cultivo legal de marihuana en Andalucía, haría aflorar miles de puestos de trabajo (con sus correspondientes impuestos y cotizaciones sociales), ayudaría a equilibrar las cuentas públicas y eliminaría todos los problemas anteriormente apuntados y que reproducen la exclusión social en los barrios y pueblos. Además, dicha regulación debería  primar el régimen de cooperativa y limitar el volumen de producción para conservar el carácter social que actualmente tiene el cultivo. Es una cuestión de interés general. Pero es sobre todo una necesidad urgente para evitar que nuestros barrios más empobrecidos se conviertan en ghettos al margen de la ley donde el estado no llega. Barrios en los que no viven delincuentes, sino clase trabajadora que merece que se regule la única actividad económica que ofrece una salida y que, por otra parte, ya hemos aceptado como país.