El campo está en lucha. El sector agrario ha comenzado este año con varias movilizaciones en protesta por la crisis que sufre, víctima de un temporal que arrecia por la caída de precios, las guerras comerciales y la subida de costes. Las principales reivindicaciones se centran en los bajos precios en origen, que protagonizan la gran crítica de todo el sector, ya que los agricultores colocan habitualmente a las cadenas de supermercados en el punto de mira, a las que acusan de utilizar sus productos como reclamo para atraer tráfico de consumidores a sus tiendas. 

La diversidad de problemas es amplia, pero no debemos perder de vista la explotación descarada que el libre mercado ejerce con los pequeños productores, esos que han de plegarse a los precios abusivos que establecen los intermediarios, eslabón del que no son ajenas las grandes superficies y firmas del sector agroalimentario

La imposición de aranceles por parte de la Administración yanqui a la importación de algunos productos agroalimentarios españoles, es otra de las razones de la protesta, junto al incremento de los costes de producción derivado de la subida del carburante, el encarecimiento de algunos fertilizantes y la crítica que los propietarios -en su mayoría grandes empresarios  y productores- de explotaciones hacen al aumento del salario mínimo interprofesional. El sector también lamenta la imagen que tiene de él una parte de la sociedad, que lo considera poco sostenible medioambientalmente, y se ve a sí mismo objeto de ataques por parte de ecologistas y animalistas. La negociación para el periodo 2021-2027 de la Política Agraria Común –PAC-, con  la marcha del Reino Unido, causa también preocupación entre el sector, así como la supuesta competencia desleal procedente de países no comunitarios. Además, los agricultores también exigen el reconocimiento del sector por su importancia para fijar población en el medio rural y hacer frente a la España despoblada.

 

La diversidad de problemas es amplia, pero no debemos perder de vista la explotación descarada que el libre mercado ejerce con los pequeños productores, esos que han de plegarse a los precios abusivos que establecen los intermediarios, eslabón del que no son ajenas las grandes superficies y firmas del sector agroalimentario.

 

Hasta aquí el estado de la cuestión actual. Sin embargo, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Es decir, la crítica situación por la que atraviesa el sector agro-ganadero no afecta por  igual a  los diferentes colectivos que lo integran. Algunas de las organizaciones que han promovido las últimas protestas no representa a los “currantes” del campo, es decir, a los asalariados, a quienes ocupan el estadio más baja de la cadena productiva de los frutos agrarios y de la actividad ganadera. 

 

Esos nuevos manifestantes que recorren a lomo de sus potentes tractores nuestras ciudades, nada tienen que ver con quienes viven pendientes de que alguno de esos productores se “acuerden” de ellos y los contraten para echar las peonadas. Esos nuevos manifestantes, que vocean contra las nuevas administraciones bajo la sombra de la bandera nacional, lucen engominadas cabezas y gastan caras ropas camperas de conocidas marcas, ésos ni padecen ni sufren las consecuencias del grave estado en que se encuentra el sector agro-ganadero al mismo nivel. Esos nuevos manifestantes, productores de grandes explotaciones agrarias, pueden ver mermados sus beneficios por la situación del sector, pero posiblemente nunca los perjuicios ocasionados les priven a ellos y a sus familias de las necesidades más básicas, porque siempre dispondrán de los recursos suficientes para equilibrar las pérdidas. Estos nuevos manifestantes son los que quieren “vender” que toda la ruina que amenaza al sector agro-ganadero es culpa de que los jornaleros, los trabajadores del campo, cobren un salario mínimo que no alcanza ni los mil euros al mes. Seguro que esos manifestantes están en pleno derecho de exponer sus legítimas reivindicaciones, de plantear las reclamaciones que consideren oportunas y ojalá que sus demandas sean atendidas, pero nunca debemos confundirlos con los obreros del campo y de la ganadería.

 

En la otra cara del conflicto están los otros afectados. Los “echadores” de jornales, los empleados que desempeñan las diferentes actividades en el ámbito de la agricultura y de la ganadería. Ese manifestante tiene otro perfil. Es el del campesino ancestral que si bien ha podido mejorar algo su situación socio-económica en las últimas décadas, aún ocupa un rol que deja mucho que desear. Proliferan por todas las tierras de España, -esas tierras a las que han cantado Paco Ibáñez o Carlos Cano, entre otras reivindicativas voces de la clase jornalera- y son los parias del campo, la mayoría, hijos de la migración, refugiados, desheredados de la tierra que claman un salario digno por ocho, diez, doce, quince y muchas más horas de duro trabajo en una titánica pelea con las diferentes actividades agrícolas. 

 

Temporeros de la fresa, inquilinos de “habitáculos” de madera y cartón, trabajadores de los invernaderos, ocupantes de chamizos de plástico y ruinosos cortijos que son testimonio hiriente de la vergüenza de los patronos agrarios andaluces, desde Ayamonte a Níjar o Roquetas de Mar, quienes no sustentan la mano de obra de sus explotaciones con unas condiciones indignas e infrahumanas, sino que sostienen una mano de obra esclava porque su mezquindad y su carente conciencia no saben de dignidad de la clase trabajadora, ni de la condición humana de los semejantes. Sus asalariados son los herederos de la legendaria lucha campesina, la de la Sierra de Cázula, la de Marinaleda y El Coronil, las reivindicaciones de los jornaleros de las últimas décadas del pasado siglo, como la ocupación pacífica de los latifundios, como la de la finca de los Duques de Wellington, en 1983, en Illora de la que da cuenta la fotografía que se adjunta, un poema que no necesita nombre.