'De espacios naturales protegidos a espacios protectores'
Desde principios de los años 90 se ha hecho un esfuerzo de conservación de la naturaleza muy importante en nuestra provincia en materia de espacios naturales protegidos que en la actualidad alcanza a más de un tercio de la superficie provincial, unos 4.500 kilómetros cuadrados de superficie que goza de alguna categoría específica de protección. Casi un centenar de municipios granadinos (95 de los 174), están afectados por una, o varias, figuras de protección.
En breve parece que sumará a esta red un nuevo parque natural, el de la Sierra de la Sagra y también hay una iniciativa ciudadana a favor de la declaración del Parque Natural de las Sierras de Lújar y la Contraviesa lo que haría superar el centenar de municipios afectados en mayor o menor medida
Ganada aporta a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía un territorio heterogéneo de gran diversidad que incluye: la parte granadina del parque nacional de Sierra Nevada, el paraje natural de Maro-Cerro Gordo, 5 parques naturales (Sierra de Baza, Sierra de Huétor, Sierra de Castril, Sierra Nevada y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama -estos dos últimos compartidos con Almería y Málaga respectivamente-), 8 Monumentos Naturales, (Cueva de Las Ventanas de Píñar, Cárcavas de Marchal, Falla de Nigüelas, Infiernos de Loja, Nacimiento de Riofrío, Peña de Castril, Peñones de San Cristóbal en Almuñécar y Tajos de Alhama de Granada), la Reserva Natural Concertada de la Charca de Suárez en Motril y 2 Parques Periurbanos (Dehesa del Generalife en la capital y Dehesa de Santa Fe). A ellos hay que sumarle otras Zonas de Especial Conservación incluidas en la Red Europea Natura 2000 y el recientemente creado Geoparque de Granada que por sí solo afecta a 47 municipios granadinos.
En breve parece que sumará a esta red un nuevo parque natural, el de la Sierra de la Sagra y también hay una iniciativa ciudadana a favor de la declaración del Parque Natural de las Sierras de Lújar y la Contraviesa lo que haría superar el centenar de municipios afectados en mayor o menor medida.
La legislación en materia de espacios naturales protegidos, aunque fue pionera en su momento, requiere en la actualidad de una gran reforma y revisión para adecuarse a las nuevas necesidades entre las que me permito destacar el cambio global y climático, conectividad ecológica, economía circular, educación ambiental, despoblamiento, nueva PAC… cuestiones que no se planteaba la ley de 1989 o que tienen una dimensión e importancia diferente.
La legislación en materia de espacios naturales protegidos, aunque fue pionera en su momento, requiere en la actualidad de una gran reforma y revisión para adecuarse a las nuevas necesidades entre las que me permito destacar el cambio global y climático, conectividad ecológica, economía circular, educación ambiental, despoblamiento, nueva PAC…
Después de estas décadas de experiencia y ante los nuevos retos a los que se enfrenta la gestión de los espacios protegidos, en los que permanece vigente la necesidad de buscar el equilibrio entre el desarrollo sostenible y la protección.
Una de las cuestiones más importantes al respecto es pasar de la consideración de Espacios Naturales Protegidos a Espacios Protectores, esto es, reorientar el valor de los espacios naturales como fuente de bienes y servicios ecosistémicos tanto como por constituir reservas de biodiversidad. Es lo que en términos de los organismos internacionales se entiende como “áreas protegidas para el presente y futuro del bienestar humano”. Además de este cambio de paradigma hay que dar un paso adicional y apostar por las soluciones basadas en la naturaleza que implican proteger, restaurar y gestionar de manera sostenible los ecosistemas de manera que aumenten su capacidad de adaptación y respuesta salvaguardando la biodiversidad a la vez que mejoramos el bienestar de nuestra sociedad.
Hasta ahora no hemos sabido explicar suficientemente que los espacios naturales, además de constituir reservorios de fauna y flora, deben ser considerados como lugares de cuya conservación depende nuestra calidad de vida y bienestar social
Hasta ahora no hemos sabido explicar suficientemente que los espacios naturales, además de constituir reservorios de fauna y flora, deben ser considerados como lugares de cuya conservación depende nuestra calidad de vida y bienestar social. La biodiversidad que atesoran es una herramienta, un seguro para su adaptación a los nuevos escenarios climáticos y una garantía para que puedan seguir aportándonos bienes y servicios indispensables (de abastecimiento, de regulación y culturales).
Nuestros espacios naturales cumplen importantes funciones ecológicas como la conservación de la biodiversidad, la regulación climática, la protección del suelo o el freno a la erosión, pero también deben considerarse diversos aprovechamientos como los obtenidos de la gestión forestal (madera, biomasa…) u otros aprovechamientos que deben ser revalorizados como la miel, setas, plantas aromáticas… Una nueva orientación de estas políticas en el medio rural debe servir para la creación de empleo y para dinamizar un tejido económico asociado a estas actividades. Debemos impulsar una gestión adaptativa que persigue ecosistemas más resilientes y resistentes a diferentes agentes agresivos causados o favorecidos por el cambio global y climático: decaimiento forestal, incendios, plagas, sequías extremas o pérdida de biodiversidad.
Ello supone en primera instancia reforzar su papel como instrumento para la participación de la población local directamente afectada en la gobernanza de las Áreas Protegidas. Además, desde las diferentes instituciones, y muy especialmente desde las instituciones locales, las más cercanas a la ciudadanía, deben promoverse medidas de discriminación positiva que frenen el envejecimiento y la despoblación.
Los espacios protegidos no son el problema de los municipios que están afectados pero pueden ser parte de la solución ya que son lugares adecuados para apostar por políticas activas (forestales, agrícolas, turísticas…) que favorezcan a estos territorios en un modelo de desarrollo sostenible, con inyección de fondos europeos, nacionales y andaluces que fijen población
Los espacios protegidos no son el problema de los municipios que están afectados pero pueden ser parte de la solución ya que son lugares adecuados para apostar por políticas activas (forestales, agrícolas, turísticas…) que favorezcan a estos territorios en un modelo de desarrollo sostenible, con inyección de fondos europeos, nacionales y andaluces que fijen población, especialmente de mujeres y jóvenes, apoyando a los pequeños y medianos emprendedores para que inyecten dinamismo y productividad a nuestros pueblos.
Los municipios incluidos en espacios naturales protegidos deben optar a ayudas directas, incentivos fiscales e inversiones que conduzcan a evitar el éxodo hacia poblaciones urbanas, uno de los problemas, también ambientales, más graves de nuestra sociedad.
Las próximas elecciones municipales del 28 de mayo son una buena excusa para tratar estos asuntos y para diferenciar a las candidaturas por su diagnóstico y por los programas electorales ante esta cuestión
Las próximas elecciones municipales del 28 de mayo son una buena excusa para tratar estos asuntos y para diferenciar a las candidaturas por su diagnóstico y por los programas electorales ante esta cuestión, más allá de si se rompe España o el desaparecido terrorismo etarra, por citar temas que como la tinta sirven para distraer la huida del debate verdaderamente necesario que hay que realizar. Es necesario que el debate en Pampaneira, Jérez del Marquesado, Diezma, Caniles, Alhama de Granada, Gorafe... se centre en el futuro de estos territorios y en cómo abordar la transición ecológica de abajo a arriba y contribuir desde lo local a resolver los retos que tenemos planteados a nivel global.
Esta campaña electoral podría, debería, servir para trasladar a la ciudadanía que más que en una época de cambios estamos en un Cambio de Época en el que toda la sociedad debe implicarse
Esta campaña electoral podría, debería, servir para trasladar a la ciudadanía que más que en una época de cambios estamos en un Cambio de Época en el que toda la sociedad debe implicarse ya que este proceso necesita de todos: profesionales capacitados, empresas con visión de futuro, agentes sociales y económicos que actúen proactivamente para construir ese nuevo modelo de desarrollo que nos permita mirar el futuro con mayor optimismo... y líderes políticos conscientes y comprometidos con un cambio de modelo de producción y consumo que entiendan que protegemos a los espacios naturales también porque ellos protegen nuestro bienestar como sociedad.
Es ‘justo y necesario’, es nuestro deber con el presente y el futuro de las generaciones venideras y la salvación de nuestros espacios protegidos, que se refuerce el orgullo y la identidad de la población local con sus espacios naturales como la mejor manera de asegurar su conservación a medio y largo plazo y para que la pertenencia sea percibida como un premio y no como un castigo o condena.