¿Se imaginan que un sábado se presentan, por poner un ejemplo, en ese supermercado del que no haré publicidad, pero diré que rima con la droga de los que quieren volver al buen camino, y se acercan al puesto de carnicería de ese establecimiento, que, por si alguien se ha pasado de frenada con el confinamiento y todavía no sabe que hay un mundo ahí afuera ni de qué le hablo, le daré otra pista y diré que en ese mundo el presidente de esta cadena de supermercados es la cuarta fortuna de España, y mientras 3,8 millones de españoles se iban al paro y 3,4, de ERTE, él aumentaba su patrimonio bursátil en 2,9 millones de euros durante la crisis vírica? ¿Ya? Bueno, pues eso, que se presentan en ese supermercado y el bueno del carnicero se disculpa pero no les puede servir el medio kilo de lomo que demandan amparándose en su ética, libre de maltrato animal. O, sin ir más lejos, ahora que la pandemia se ha convertido en la medida de todas las cosas, ¿se imaginan que ustedes mismos deciden hacer su jornada laboral sin mascarilla porque no se creen que ese bozal proteja de nada y prefieren prescindir de ella en nombre de su libertad personal?

De alguna manera esto es lo que están haciendo algunas comunidades autónomas al no prestar el servicio que se deriva del cumplimiento de leyes estatales como la Ley del aborto, aprobada en 2010, o la más reciente Ley de eutanasia, aprobada en marzo del presente año

De alguna manera esto es lo que están haciendo algunas comunidades autónomas al no prestar el servicio que se deriva del cumplimiento de leyes estatales como la Ley del aborto, aprobada en 2010, o la más reciente Ley de eutanasia, aprobada en marzo del presente año. Con la gravedad de que se trata de servicios públicos que deberían ser garantizados por nuestras administraciones.

La actual ley del aborto contempla que la interrupción del embarazo está incluida en la cartera de salud pública a nivel estatal, sin embargo, los datos evidencian que esta práctica, en la amplia mayoría de los casos, no se está produciendo en el marco de la sanidad pública. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, en 2019 cinco comunidades -Madrid, Murcia, Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura, más Ceuta y Melilla- no habían practicado ninguna interrupción del embarazo en sus hospitales públicos. Además, más del 85% del total de los abortos se llevó a cabo en centros privados o concertados, eso sí cubiertos con financiación pública, aunque, según denuncian algunas de sus protagonistas, con cuestionables medidas de seguridad. Las razones por las que se esquilman los derechos de una parte de las españolas las encontramos en la objeción de conciencia que esgrimen ginecólogos que ejercen su labor en tales hospitales. Un derecho al que pueden acogerse los profesionales, aunque, tal y como recoge la ley,  “sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas”. El resultado, sin embargo, es que volvemos a topar con la Iglesia, y la moral de algunos de los sanitarios (cuando no de los directores de los hospitales y, por consiguiente, de los consejeros y presidentes autonómicos) está por encima de un derecho recogido en una ley aprobada hace 11 años. En el caso de que la totalidad de los profesionales en una provincia se acojan a su derecho de objeción de conciencia (inquietante, ¿no, Carmen?) es la administración la que tendrá que buscar soluciones para garantizar el cumplimiento de la ley. Y es a esta, en última instancia, a la que habrá que pedirle que rinda cuentas. El aborto no es un capricho, sino una necesidad que tienen que afrontar alrededor de 100.000 mujeres en los últimos años en este país.

Igual suerte corren los enfermos que esperan que se les aplique la eutanasia en comunidades en las que no se está agilizando su tramitación, no sabemos si por torpeza o, una vez más, por moralina

Igual suerte corren los enfermos que esperan que se les aplique la eutanasia en comunidades en las que no se está agilizando su tramitación, no sabemos si por torpeza o, una vez más, por moralina. Ya sea por la demora en la aprobación de un decreto autonómico que se requiere para hacerla efectiva o por la tranquilidad que se toman en el estudio de los casos para su concesión, los españoles volvemos a tener (o no) garantizado un derecho dependiendo del lugar que figure en nuestro DNI. La asociación Derecho a Morir Dignamente indica que las comunidades de las que han recibido más quejas sobre las trabas en la tramitación son Madrid, Andalucía y Extremadura. A ello hay que sumar la opacidad sobre los datos de peticiones de eutanasia en algunas comunidades y la falta de información a la que se enfrentan en muchos casos los facultativos al no haberse publicitado debidamente el protocolo de actuación ante una demanda de este tipo.

Tras meses de espera, y después de denunciar su caso en televisión hace un par de semanas (¿casualidad?), este miércoles 3 de noviembre Javier Serrano ha visto atendida su petición de eutanasia, convirtiéndose en el primer beneficiario de esta ley en Madrid. Nunca el epitafio “descanse en paz” tuvo tanto sentido.