La rebaja de condenas a agresores sexuales en aplicación de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como Ley del sí es sí, continúa generando polémica. Juristas a favor y en contra presentan sus argumentos sobre la redacción técnica del texto o el posible sesgo de los juzgados en su aplicación, pero, son escasas las opiniones que se centran en lo que sienten las víctimas, mujeres que nunca olvidarán esos momentos en los que estuvieron a merced de su agresor con la incertidumbre de si iban a salir vivas o no, o de niñas que tuvieron que adoptar una conducta disociativa para soportar, durante años, esas situaciones. Supervivientes todas que realizaron un esfuerzo titánico para presentarse en un juzgado y denunciar a hombres que violentaron su cuerpo y destrozaron sus vidas. Porque, la mujer violada lo es para toda la vida.

...puede deducirse que es una más de las posiciones que apuestan por los feminismos –diversos, variados e inclusivos- hablando de cuerpos femeninos –sin mencionar la palabra mujer- y blanqueando la prostitución para entenderla como un trabajo más. Por supuesto, no falta la crítica al feminismo blanco, colonial, burgués que se olvida de las personas racializadas

Y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, estas semanas se han publicado varios textos que defienden el antipunitivismo, una corriente que considera el castigo penal como una respuesta a la comisión de delitos que debe ser superada y sustituida por la figura de la mediación. Es decir, no se deben imponer penas muy elevadas a violadores o agresores sexuales sino convencerles, con buenas palabras y una actitud positiva, de que lo que han hecho no está bien. Quienes defienden esta postura, dicen que hay que crear “un nuevo modelo de justicia penal basado en lo restaurativo, garantista, protector para con la víctima y, por ello, feminista”.  

Tras la lectura de algunos artículos en publicaciones científicas sobre esta propuesta y la observación del lenguaje utilizado, puede deducirse que es una más de las posiciones que apuestan por los feminismos –diversos, variados e inclusivos- hablando de cuerpos femeninos –sin mencionar la palabra mujer- y blanqueando la prostitución para entenderla como un trabajo más. Por supuesto, no falta la crítica al feminismo blanco, colonial, burgués que se olvida de las personas racializadas. En Latinoamérica se denomina feministas carcelarias a las que se muestran contrarias al antipunitivismo y reclaman penas acordes con los delitos cometidos. Ya está todo mucho más claro.

Una vez colocados todos los elementos en su lugar, podría deducirse, entonces, que los presumibles agujeros legales de la Ley del sí es sí no son tales, sino que la redacción de esta normativa encierra ese antipunitivismo esgrimido desde algunos sectores de los feminismos de los 47 millones de españoles y españolas defendidos desde el Ministerio de Igualdad

Una vez colocados todos los elementos en su lugar, podría deducirse, entonces, que los presumibles agujeros legales de la Ley del sí es sí no son tales, sino que la redacción de esta normativa encierra ese antipunitivismo esgrimido desde algunos sectores de los feminismos de los 47 millones de españoles y españolas defendidos desde el Ministerio de Igualdad. La Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, lo ha dejado claro al lanzar su mensaje institucional: “violadores, dejen de violar”. Se le olvidó llamarles de usted.

Resulta curioso que, esta convicción para orientar a la sociedad hacia soluciones más dialogadas que las derivadas del castigo penal a las conductas delictivas, se centre en aquella normativa que, de una u otra forma atraviesa a las mujeres. Ocurrió con la Ley de 2004 sobre violencia de género, ha ocurrido con la Ley del sí es sí y se está abonando el terreno para evitar las multas a los puteros y legalizar la prostitución. Parece irradiar todo del mismo foco. El lenguaje utilizado de cuerpos y trabajo sexual da ya algunas pistas.

Resulta curioso que, esta convicción para orientar a la sociedad hacia soluciones más dialogadas que las derivadas del castigo penal a las conductas delictivas, se centre en aquella normativa que, de una u otra forma atraviesa a las mujeres

Sin embargo, este antipunitivismo parece encontrar una excepción. El Proyecto de Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (conocida como Ley Trans) contempla multas de hasta 150.000 euros por describir la realidad o el cierre de las consultas de profesionales en psicología o psiquiatría para diagnosticar la disforia de género. En estos casos, parece que la mediación, el diálogo y las buenas palabras para alcanzar un acuerdo no se contemplan y hay que echar mano, con toda la dureza posible, del castigo para quien se atreva a decir que una persona con barba, voz grave, anchos hombros, un 44 de pie, pene y testículos, es un hombre. Las siete plagas de Egipto se quedarían cortas. Pero claro, no perdamos de vista que, en estos casos, estamos hablando de los varones, es decir, volvemos a ese patriarcado pero con muchos colores.