Son ya demasiadas las veces que la justicia no es justa, que  privilegia posiciones de poder y buenas condiciones económicas, que ayuda a enmascarar a ciertos delincuentes para evitar su exposición pública y que esconde la gravedad de sus hechos para evitar el escarnio social. Desde el Feminismo, ese que denuncia continuamente la justicia patriarcal aunque reciban el apelativo de pesadas y sean la diana de las sonrisas condescendientes de quienes saben que el poder siempre estará de su lado, se alerta continuamente del machismo que impregna el ámbito judicial. Cada  caso que sale a la luz es más bochornoso que el anterior y habrá que empezar a poner freno a unas togas que no cumplen con su trabajo: castigar a los delincuentes.

En los últimos días una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia nos está poniendo los pelos de punta. Siete empresarios de esta comunidad autónoma han sido condenados a penas que no sobrepasan los cinco meses de prisión y multas de entre 500 y 2.000 euros por formar parte de una red de prostitución infantil en la que las víctimas eran niñas de entre 14 y 17 años

En los últimos días una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia nos está poniendo los pelos de punta. Siete empresarios de esta comunidad autónoma han sido condenados a penas que no sobrepasan los cinco meses de prisión y multas de entre 500 y 2.000 euros por formar parte de una red de prostitución infantil en la que las víctimas eran niñas de entre 14 y 17 años. Y dado que la edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales en nuestro ordenamiento jurídico son los 16 años (Artículo 181.1 del Código Penal), podemos decir que estos prebostes de la sociedad murciana eran violadores pederastas sin escrúpulos de niñas en situación de vulnerabilidad.

Quédense bien con estos nombres, edades y localidades para saber quiénes son estos encantadores abuelitos: Juan Castejón Ardid (74 años, Cartagena) José Antonio Arce López (70 años, Beniaján), Juan Peque Álvarez (72 años, León), José Jara Albero (68 años, Alicante), Antonio Giménez Pelegrín (81 años, Lorca), Antonio Morales Nicolás (92 años, Murcia) y Juan Martínez Fernández (73, Murcia). Los hechos ahora juzgados ocurrieron hace diez años y estas son las edades que los siete condenados presentan en la actualidad. Tampoco entonces eran unos pipiolos.

Según los hechos probados y reconocidos por los condenados, todos pagaron por sexo con menores que eran captadas en centros educativos a los que asistían niñas en situación de vulnerabilidad económica o en discotecas frecuentadas por jóvenes de estas edades. De eso se encargaban las cuatro mujeres facilitadoras que ponían en contacto a las niñas con los abuelitos violadores.

Quizá necesitaban experiencias más fuertes, diferentes, al margen de lo que consumen los empleados de sus empresas o sus vecinos porque, ya sabemos, que los burdeles tienen las puertas abiertas para todos. Ellos eran élite y, como tal, necesitaban tener acceso a lo prohibido, a lo que otros no tienen capacidad económica para comprar.

No sería de extrañar que estos entrañables viejecitos, a los que cualquiera ayudaría a coger de la estantería del supermercado productos de difícil acceso, fueran bien conocidos en los prostíbulos de la zona e, incluso, que dejaran de frecuentarlos cuando la carne fresca sobrepasaba ya los 18 años. Quizá necesitaban experiencias más fuertes, diferentes, al margen de lo que consumen los empleados de sus empresas o sus vecinos porque, ya sabemos, que los burdeles tienen las puertas abiertas para todos. Ellos eran élite y, como tal, necesitaban tener acceso a lo prohibido, a lo que otros no tienen capacidad económica para comprar.

Tampoco sorprendería que, tras mantener algún encuentro con estas niñas, fueran a visitar a sus nietas de la misma edad. ¡Qué fantasía! Saber que entre tus dedos has tenido a una criatura que podría ser compañera de pupitre de la sangre de tu sangre… Pero no, no nos equivoquemos porque aquí el factor clase también juega sus cartas. Las encargadas de captar a estas niñas sabían bien donde iban y nunca se les hubiera ocurrido acercarse a los centros educativos exclusivos de Murcia, ni tan siquiera a los que acuden los hijos de las clases medias menos acomodadas. El objetivo es siempre el mismo y apunta a la necesidad, a quienes presentan problemas económicos porque esta es la base de la explotación sexual.

¿Qué mueve a un hombre de 82 años (recordemos que uno de los delincuentes -Antonio Morales Nicolás- tiene hoy 92 años) a buscar niñas para satisfacer sus deseos sexuales?

Algunos abogados han señalado la falta de medios en la Administración de Justicia para explicar las exiguas penas impuestas debido a las “dilaciones indebidas” y los casi diez años que ha tardado en celebrarse el juicio, lo que ha permitido la reducción de las condenas pero, el fondo de los delitos va más allá de los procedimientos administrativos. ¿Qué mueve a un hombre de 82 años (recordemos que uno de los delincuentes -Antonio Morales Nicolás- tiene hoy 92 años) a buscar niñas para satisfacer sus deseos sexuales?

Es el poder. Saber que se está en disposición de aplastar a casi cualquiera y de comprar antojos exclusivos, incluidos niñas. Incluso, esa prepotencia que desbordan les permite salir de los juzgados con la cabeza alta y sonriendo después de reconocer que ha violado a una cría de catorce años.  

De momento, la ciudadanía murciana ha reaccionado en la calle pidiendo la revisión de las condenas pero, seguro que dentro de seis meses, ninguno de estos pederastas sufrirá el vacío social ni la reprobación de su vecindario. Es lo que tiene situarse en el lugar más alto de la pirámide y saber que miles de personas dependen de ti y que ni siquiera la Ley puede tocarte.