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Juan Marín y Elías Bendodo, en una comparecencia tras el Consejo de Gobierno. Oficina Protavoz Gobierno

Inicialmente, Ciudadanos estaba dispuesto a asumir el desgaste del nombramiento el pasado martes en el Consejo de Gobierno de Elisa Fernández-Vivancos, como delegada Territorial de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local en Granada, después de que El Independiente de Granada publicara que fue la responsable de los servicios jurídicos cuando uno de los letrados de la Junta a su cargo no compareció en el juicio en el que se peritó los daños causados por el largo parón de las obras de construcción del macrocentro comercial de Armilla.

El partido defendió el nombramiento y sostuvo que la letrada luchó contra la corrupción en la Junta y que por ello fue destituida como responsable de los servicios jurídicos de la Junta en Granada. Aunque en la dirección regional, que no contaban con toda la información, se encendieron algunas alarmas

Y así, tras esa información, Ciudadanos defendió el nombramiento de la única no militante de la formación de sus tres delegados y sostuvo que la letrada luchó contra la corrupción en la Junta y que por ello fue destituida como responsable de los servicios jurídicos de la Junta en Granada. Aunque en la dirección regional, que no contaban con toda la información, se encendieron algunas alarmas.

La publicación al día siguiente por este medio independiente de que la delegada de Regeneración trabajó en el despacho del abogado de Tomás Olivo, que como la anterior, tuvo alcance nacional y fue replicada por otros medios, hizo insostenible el nombramiento, en un partido como Ciudadanos que ha hecho bandera, precisamente, de la regeneración democrática, una de las nuevas áreas que asume como vicepresidente de la Junta, el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín.

Ciudadanos desconocía todos los extremos de la colaboración de la que iba a ser delegada de regeneración con el bufete Ramón y Cajal Abogados, un prestigioso despacho con sedes en Madrid, Barcelona y Zaragoza. Y que uno de los socios de la firma era Joaquín García Bernaldo de Quirós, abogado de General de Galerías Comerciales, la empresa de Tomás Olivo, en la causa del caso Nevada

Ciudadanos desconocía todos los extremos de la colaboración de la que iba a ser delegada de regeneración con el bufete Ramón y Cajal Abogados, un prestigioso despacho con sedes en Madrid, Barcelona y Zaragoza. Y que uno de los socios de la firma era Joaquín García Bernaldo de Quirós, abogado de General de Galerías Comerciales, la empresa de Tomás Olivo, en la causa del caso Nevada.

La relación laboral de Elisa Fernández-Vicancos con el despacho del abogado de Tomás Olivo era imposible de sostener cuando en una de sus primeras comparecencias como vicepresidente de la Junta, Juan Marín, para presentar sus grandes proyectos de regeneración democrática, aún sin datos oficiales, acusó al anterior gobierno de Susana Díaz de dejar “una deuda” en concepto de indemnización por sentencias judiciales contra la Junta, de unas “700 u 800 millones”, 200 de los cuales, por el caso Nevada.

Elisa Fernández-Vivancos estaba sentenciada, dado que Ciudadanos ya no podía defender a la letrada y más aún en la difícil convivencia del Gobierno bipartito, cuando el PP, a través de su portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, se desvinculó del polémico nombramiento.

Apenas 24 horas después de que el Consejo de Gobierno la designara, un escueto comunicado de Ciudadanos trataba de dulcificar el fallido nombramiento y atribuía a Elisa Fernández-Vivancos su renuncia para "evitar cualquier ataque a la nueva etapa de cambio que ilusiona a tantos y tantos andaluces".

Elisa Fernández-Vivancos estaba sentenciada, dado que Ciudadanos ya no podía defender a la letrada y más aún en la difícil convivencia del Gobierno bipartito, cuando el PP, a través de su portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, se desvinculó del polémico nombramiento.

Ciudadanos, que defiende la absoluta honestidad de Elisa Fernández-Vivancos, no podía comenzar su andadura en Granada al frente de la Junta en el Gobierno bipartito con una mochila tan cargada y actuó con rapidez. En el próximo Consejo de Gobierno del martes, Juan Marín elevará una nueva propuesta, tras el fallido nombramiento.

De momento, la representación de Ciudadanos en la administración territorial de la Junta en Granada se limita a Virginia Fernández, en Empleo, Economía y Universidades; y Antonio Jesús Castillo, en Educación, Igualdad y Políticas Sociales, que se suman a los populares Antonio Granados, como delegado de Fomento y Cultura; María José Martín, al frente de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Desarrollo Sostenible, e Indalecio Sánchez-Montesinos, en Salud y Familias. Sus cargos serán publicados previsiblemente este jueves en el BOJA. Todos ellos, coordinados como delegado del Gobierno de la Junta en Granada por el popular Pablo García.

Petición de más dimisiones

El fallido nombramiento de Elisa Fernández-Vivancos puede que no sea el último. Además, hay otros dos nombramientos en la nueva estructura de la Junta a los que se piden sus dimisiones. Se trata del secretario general de Cultura, el popular Fernando Francés, hasta ahora director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, investigado por un delito contra el patrimonio histórico, competencia que depende de su área.

Y nombrado por Ciudadanos, también del nuevo director general de la Oficina Justicia, Carlos Sierra, antiguo abogado del principal imputado en el caso de los ERE, Javier Guerrero, o del Cuco, involucrado en la muerte de Marta del Castillo.

No solo PSOE-A y Adelante Andalucía han pedido los ceses. Hasta Vox, en el caso del abogado, reaccionó a través de su presidente en Andalucía, Francisco Serrano, y en cuenta de twitter dijo: "Incomprensible que, con los juristas de talento que tenemos en Andalucía, se elija al abogado del Cuco y de narcotraficantes para alto cargo de Justicia en la Junta".

Hasta el momento ha presentado su renuncia, pero por motivos de salud, el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Alberto García Valera, reemplazado por el diputado del PP por Ceuta Juan Bravo.

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