Suprimir el seguro privado a los funcionarios y retener la asignación a los grupos políticos, propuestas del PSOE para sanear las cuentas
Suprimir el seguro privado del que aún se benefician medio millar de funcionarios del Ayuntamiento de Granada, retener las asignaciones que reciben los grupos políticos en tanto no mejore la situación económica y mantener criterios de contratación que favorezcan el ahorro son algunas de las medidas concretas que el gobierno socialista ha puesto encima de la mesa para recortar el gasto del Ayuntamiento de Granada y cumplir con la obligada necesidad de sanear las cuentas municipales.
Son medidas que cuantificadas supondrían un ahorro de algo más de 6 millones de euros. Dos de ellos anuales y los otros en un plazo de cinco años. Con todo, no serían suficientes para ir recortando los alrededor de 7 millones de euros anuales en la próxima década que precisa el Ayuntamiento de Granada para poner en orden el quebranto económico que ha dejado la gestión del anterior equipo de gobierno.
Suprimir el seguro privado que aún mantienen medio millar de funcionarios, supondría un ahorro anual de 700.000 euros.
La retención de la asignación a los grupos políticos reprsentaría un ahorro de 356.000 euros anuales.
Los criterios de eficacia, eficiencia y primar el servicio público en la contratación generaría 4,8 millones en los próximos cinco años, periodo en el que, entre otros, se deben revisar, entre otros, los de telefonía, mantenimiento de alumbrado público y mantenimiento de edificios municipales
Mantener la reducción de gratificaciones especiales y a directivos (Ahorro 900.000 euros).
Reducir el Capítulo I (Personal) en 500.000 euros, sin destruir empleo -con reorganizaciones-.
Las arcas del Ayuntamiento no tienen liquidez al arrastrar un remanente de tesorería negativo de 61 millones de euros. Es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la capital, que además acumula 260 millones de deuda con los bancos y 90 millones de deuda comercial.
Esa es a grandes rasgos la complicada situación económica en la que debe afrontarse la redacción del plan de saneamiento. En la reunión de la junta de portavoces celebrada este jueves, Baldomero Oliver, portavoz del gobierno local y responsable de Economía, ha presentado al resto de grupos las medidas que propone su gobierno para poner en pie ese plan y les ha emplazado a que presenten sus propuestas para "corresponsabilizarse con la ciudad en los próximos 10 años". Porque las duras medidas que debe afrontar la ciudad para salir de esta situación y hacerlo sin tocar servicios públicos ni empleo deben desarrollarse, al menos, en los tres próximos mandatos.
Según Oliver, ha encontrado "buena predisposición" en los grupos municipales. El objetivo es redactar a la mayor brevedad posible el plan de saneamiento. No obstante, el Ayuntamiento sigue descartando aceptar las condiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.
Tras una primera negativa a ampliar el plazo que dio, de solo una semana, para concretar los ajustes y obtener a cambio ventajas para pagarle a Hacienda los intereses por el dinero que le adelantó en su día en plena crisis económica, finalmente el Ministerio ha ampliado ese plazo hasta el 28 de abril. Pero mantiene las exigencias, que reducen a cinco años el plazo para poner el contador a cero en las cuentas.
Lo que planteará Granada al Ministerio, una vez que logre consensuar y aprobar su plan de saneamiento, es otro espacio temporal, de diez años, y no los cinco que exige para lograr ventajas en la devolución de los intereses pendientes con Hacienda. Oliver ha argumentado que las circunstancias de Granada obligan a plantear "un plan hecho a medida", con otras condiciones distintas a las que exige el Ministerio. No solo por el equilibrio político que resultó del cambio de gobierno el pasado año, con un equipo de gobierno en minoría con ocho concejales, sino por la herencia económica recibida.
Confía en que, si finalmente los grupos logran consensuar el plan, el Ministerio no ponga obstáculos y "ayude" aceptando el plan de saneamiento a diez años, e incluso manteniendo las ventajas que ofrece con sus condiciones, inasumibles en el caso de la capital, según ha insistido.
"El mayor culpable de la ruina del Ayuntamiento no puede poner piedras en el camino", dice al PP
En este punto, ha lamentado la falta de apoyos al gobierno socialista y se ha dirigido especialmente al PP para reprocharle que "el mayor culpable de la ruina" del Ayuntamiento "tenga la desfachatez de poner piedras en el camino para arreglar" la herencia de los trece años de gestión popular. Ha recordado que en este mandato se han aprobado dos ordenanzas fiscales: las primeras con el PP en el gobierno y con el voto del PSOE, "que nos sentamos y negociamos por el bien de la ciudad"; y las segundas, ya con el PSOE, "salieron adelante porque determinadas personas del PP estaban enfermas y con el voto en contra del resto del grupo popular". "¿Esto qué es?", se ha preguntado para pedirles también que arrimen el hombre y "en vez de generar más problemas den alguna solución".
Oliver ha puesto el acento en que los socialistas han puesto sobre la mesa medidas y que ahora espera la de los grupos, "cuantificadas y medidas sus consecuencias". En este sentido ha subrayado la necesidad de analizar la "viabilidad técnica, jurídica y de oportunidad" de cualquier propuesta para tener garantías de que pueden llevarse a cabo y, sobre todo, provocan el ahorro esperado.
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