Plan de choque para salvar la economía municipal de Granada: 4% de subida del IBI en los tres próximos años y no cubrir vacantes
La agónica situación de la economía municipal exige medidas urgentes que el gobierno socialista ha plasmado en un Plan de Saneamiento, con mayor ajuste en los gastos que en los ingresos, con el objetivo de reducir un déficit de 90 millones de euros en los próximos diez años.
Es un plan de mínimos, que evita recortes en servicios públicos y despidos, pero que pone encima de la mesa medidas "duras y desagradables" en palabras del portavoz del gobierno y responsable de Economía y Hacienda, Baldomero Oliver, para tratar de contener el agujero económico que padece la capital y que, como ha recordado, tiene "nombres y apellidos: Partido Popular", que deterioró paulatinamente con su gestión económica la situación del Ayuntamiento.
Buena parte de esas medidas se centran en contener el gasto de personal, que en relación a la población de Granada se lleva mayor porcentaje que el destinado a servicios públicos. Como ya avanzó en su día Oliver, reducción de horas extraordinarias, amortización de plazas que quedarán vacantes o supresión del seguro privado, además de revisar costes salariales del personal procedente de la integración de los organismos autónomos y empresas municipales.
También medidas que llegan directamente al bolsillo del ciudadano, como una subida del 4 por ciento en el IBI en los tres próximo años. Técnicamente lo que propone el Plan de Saneamiento es aplicar los valores catastrales que aprueba el Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado a los recibos del contribuyente granadino, sin tocar el coeficiente municipal, que es el margen que puede utilizar el Consistorio para equilibrarlo, reduciendo ese porcentaje o incluso subiéndolo. En materia de IBI vuelven a poner encima de la mesa aspectos que ya fueron rechazados por la oposición, como la eliminación de la bonificación por domiciliación bancaria de los impuestos o la que reciben los vehículos de más de 25 años.
Y mantiene la propuesta de retirar, mientras la situación económica no mejore, la asignación que ahora reciben los grupos políticos, que son más de 300.000 euros, además de recoge la revisión de contratos públicos, no solo negociándolos a la baja, también eliminando algunas de las cláusulas que ahora se traducen en el pago de grandes cantidades a concesionarias como Emasagra o Inagra.
Baldomero Oliver y Carlos Hita. j.algarra/ayuntamiento
Medidas para reducir gastos:
- Gastos de personal: reducción de horas extraordinarias; revisión de la situación laboral y costes salariales del personal procedente de la integración de organismos autónomos y empresas municipales; amortización de plazas vacantes por jubilación.
- Gastos corrientes: supresión del contrato de Adeslas; revisión del contrato de limpieza, de telefonía, de conservación, bacheo y reforma de pavimentos , portería y conserjería de colegios y renovación del alumbrado público; plan de ahorro energético.
- Transferencias de capital: reducción de las transferencias a la empresa Gegsa y reducción en un 99 por ciento de las aportaciones a los grupos políticos en los dos próximos ejercicios, lo que ahorrará 352.883 euros.
Medidas para reducir ingresos:
- Impuestos: aplicación de los valores catastrales sobre el IBI, lo que supone un incremento del 4 por ciento, en los ejercicios 2018, 2019 y 2020; revisión de las bonificaciones por domiciliació bancaria; revisión de las bonificaciones a vehículos de más de 25 años.
- Tasas: implantación de nueva tasa por ocupación del dominio público a las compañías de suministro de energía.
- Inspección de tributos: con el PP, solo una persona atendía el servicio y, con la incorporación prevista de nuevo personal, la previsión es incrementar en un 40 por ciento los ingresos.
- Gestión de ingresos: plantea como posibilidad -no se recoge específicamente en el plan- que se valore políticamente la utilización de ingresos por la venta de patrimonio municipal de suelo a reducir la deuda financiera del Ayuntamiento. Es una opción que la ley excepcionalmente permite, siempre que termine reponiéndose cuando mejore la situación, entre otros requisitos.
En la presentación del Plan de Saneamiento, Baldomero Oliver ha repasado algunos de los problemas que la gestión del PP ha hecho "estructurales" y que han derivado en prácticamente la quiebra económica municipal. Una de las magnitudes que da una idea de esa situación es el remanente negativo de tesorería. Ha ido creciendo en los últimos años a razón de 15 millones anuales hasta llegar a los 90 -en negativo- con los que cerrará 2017, ya con un remanente ajustado.
Ha recordado que el deterioro de las cuentas ha sido paulatino y a pesar de los "balones de oxígeno" que recibieron los gobiernos del PP, como el Plan de Pagos a Proveedores -de 117 millones el primer año y 40 más el segundo-; la carencia en el pago de ese plan; y la condonación del pago de intereses. Oliver ha llegado a recordar cómo, en su etapa en la oposición, solía referirse a "las apariciones marianas" en alusión a esos ingresos.
Los problemas económicos no se centran en el remanente negativo de tesorería y es necesario sumar también las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto que se arrastran y que obligan a enjugar más de 10 millones de euros.
"Quien a partir de ahora mantenga que el PP es buen gestor económico, tendrá que aportar datos económicos", ha destacado Oliver.
Según ha resumido Oliver, que ha comparecido con el director general de su área, Carlos Hita, y las responsables de la Oficina Presupuestaria, Ana Fernández y Beatriz Sánchez, el Plan de Saneamiento es "la medicina para que el enfermo no se muera", advirtiendo no obstante de que si surgen imprevistos en los próximos años, como sentencias que obliguen a nuevos pagos millonarios, pueden dar al traste con esta hoja de ruta.
Una hoja de ruta que, como ha recordado, sigue las líneas marcadas ya por el gobierno local en otras medidas adoptadas y que ya están obteniendo resultados, como la reducción del llamado premio de cobranza que se pagaba a Emasagra por gestionar los recibos de la basura, la reducción de los puestos de confianza, la reducción del tribunal de contratación, el incremento de las tarifas del transporte urbano o la revisión del contrato de vigilancia de edificios municipales y el de TG7. Se ha logrado también una "sensible mejoría" en el porcentaje de recaudación, ajustando la diferencia entre los derechos reconocidos que se plasman en los presupuestos y la recaudación real, que hasta ahora reflejaba una diferencia descomunal.
El gobierno local pide a la oposición que asuma su responsabilidad
El gobierno socialista, que ya ha enviado el documento a los grupos municipales, se sentará a negociar este documento para intentar su aprobación en pleno. Es imprescindible para que pueda haber presupuesto muncipal el próximo año, tras dos de prórroga, o para salvar obstáculos y pagar los atrasos de la paga extraordinario a funcionarios. El portavoz socialista espera que la negociación llegue a buen puerto. "Hasta ahora me han breado porque decían que no cumplía con mi obligación como gobierno; pues yo ya he cumplido, ahora espero que los otros cumplan", ha dicho para agregar que confía en que la oposición "asuma de una vez por todas su responsabilidad".
Al respecto ha destacado que este Plan de Saneamiento no es el plan del PSOE ni su programa de gobierno, son medidas imprescindibles para superar una situación que conduce a la intervención por parte del Ministerio de Hacienda. Y si eso ocurriera, ha vuelto a recordar, las medidas serían mucho más duras.
Del Ministerio de Hacienda espera también el mismo trato que a otras ciudades, como Jaén. Pues en una siguiente fase habrá que negociar con el Gobierno si aplicar la carencia en el pago de los intereses que había ofrecido a cambio de un plan de ajuste a tres años, inviable para un agujero económico como el que debe afrontar Granada.
