Caso Visogsa
El juzgado archiva la investigación por presuntas contrataciones irregulares en Visogsa
Fue la Fiscalía Superior de Andalucía la que trasladó las diligencias penales a los juzgados tras la denuncia presentada por Vamos Granada. El juez archiva ahora el caso tras recibir durante la instrucción un informe del Ministerio Público solicitando el sobreseimiento. Vamos Granada recurrirá la decisión judicial.
Diputación
Sebastián Pérez, en un acto de Visogsa cuando presidía Diputación.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Granada ha ordenado el archivo provisional de la investigación abierta tras una denuncia de Vamos Granada por cuatro supuestas contrataciones irregulares en la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada (Visogsa) en la etapa de Sebastián Pérez (PP) al frente de la Diputación.
Fuentes de Vamos Granada han confirmado a Europa Press que la investigación ha quedado archivada de forma provisional en virtud de un auto del juez que le ha sido ya notificado a la formación.
Precisamente esta misma semana, el pasado martes, el portavoz de Vamos Granada en la Diputación, Luis de Haro-Rossi, informaba de que su formación, apoyada por Podemos, había remitido a la Cámara de Cuentas de Andalucía toda la información de la que dispone de dicha investigación; en concreto, el decreto que la Fiscalía Superior remitió al Decanato de los Juzgados para que se abriera una investigación por un posible delito de prevaricación administrativa.
Concretamente, según publica Ideal, el Juzgado que ahora ha decretado el sobreseimiento provisional del caso investigaba a los dos exgerentes de Visogsa durante la etapa en la que presidía la Diputación y la empresa Visogsa el 'popular' Sebastián Pérez, que tiene ahora la condición de aforado.
En un auto de 20 páginas, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, el juez argumenta el sobreseimiento fundamentalmente en que Visogsa es una empresa pública, y que como establece la Ley de Bases de Régimen Local, estas sociedades mercantiles se rigen por el ordenamiento jurídico privado, salvo en lo referente a los asuntos presupuestarios, contables y financieros. Llega a la conclusión, tras repasar los informes encargados a la propia Diputación y citar numerosa jurisprudencia, que no es por tanto de aplicación para el personal los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que se exigen para una administración pública, sino que se rigen por el derecho privado.
En su informe, recuerda el juez, el Ministerio Fiscal concluye en "la oportunidad y conveniencia" de que, por estimar no acreditada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa, sea dictado el sobreseimiento, sustentado en "dos pilares básicos": de una parte, "no es posible advertir en los hechos denunciados la patente, grosera y flagrante vulneración del ordenamiento jurídico que permitiera configurar un delito de prevaricación conforme a la construcción doctrinal y jurisprudencial del mismo, ello en buena medida debido a la propia naturaleza jurídica de la entidad en que tienen lugar las contrataciones que se cuestionan y la mixtura normativa a que quedan sometidas" y, de otro, "no nos encontraríamos ante un 'asunto administrativo' como exigencia objetiva del tipo penal propuesto.
En otro punto, el juez se refiere a la existencia de sociedades como Visogsa en las administraciones, apuntando. "Es de sobra conocido que esta forma de prestación de servicios a través de Sociedades de Capital viene siendo considerada como una de las vías de huida del Derecho Administrativo con, entre otras muchas consecuencias, el que con carácter general la normativa de aplicación al personal de dichas empresas será el derecho laboral, salvo las expresas remisiones en que el Ordenamiento administrativo contempla previsiones específicas para este tipo de empresas públicas".
Visogsa es, con independencia de su titularidad, señala el juez, una sociedad anónima que a salvo de las excepciones, entre las que no se encuentra la contratación de personal, se rige por el derecho privado.
"No existe razón alguna para mantener abiertas las presentes diligencias, debiendo por el contrario ser reconducido el debate a su ámbito propio de discusión extramuros de la jurisdicción penal, tanto por encontrarnos ante lo que no pudiera sino ser considerada a lo más como una aplicación de normas de derecho laboral y administrativo que pudiera resultar más o menos discutible o, incluso, equivocada, pero no desde luego ante una actuación por parte de las personas cuya investigación era interesada que constituya una contradicción patente, notoria e incuestionable del ordenamiento jurídico, como por la misma imposibilidad técnica de incardinar la actuación cuyo indagación se interesó en el ámbito de los asuntos administrativos, procediendo en consecuencia acceder a la pretensión interesada por el Ministerio Público acordando el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones", concluye el juez.
Vamos Granada, la formación denunciante, presentará un recurso contra la decisión judicial. El portavoz de Vamos Granada en la Diputación, Luis de Haro-Rossi, ha explicado a Europa Press que el auto establece la posibilidad de interponer un recurso de reforma y/o subsidiario de apelación contra dicho auto.
De Haro-Rossi ha señalado que aún no se ha decidido por qué vía optarán, si por el recurso de reforma ante el propio Juzgado de Instrucción, por el de apelación ante la Audiencia Provincial, o por los dos, pero en todo caso ha aseverado que van a "agotar la vía judicial" en este caso.
Además, ha calificado de "sorprendente" la "rapidez" del auto dictado por el juez decretando el sobreseimiento provisional de las actuaciones, y ha anunciado que Vamos Granada tiene previsto presentar próximamente "sentencias que avalan" sus argumentos, por lo que espera que el recurso que presenten "prospere".
El caso denunciado
Fue el pasado mes de marzo cuando la Fiscalía Superior de Andalucía pidió al juez decano de Granada que se abriera una investigación, que recayó finalmente en Instrucción 6, según informa Europa Press.
La decisión del Ministerio Público se producía después de que el pasado mes de diciembre el grupo de Vamos Granada en la institución provincial presentara una denuncia por la contratación por parte de Visogsa, entre 2011 y 2013, de cuatro personas con contratos temporales, dos de ellas en la categoría de administrativo, una como auxiliar administrativo y un cuarto como arquitecto técnico.
En el decreto de remisión a los juzgados, el fiscal superior recogió entre los argumentos para haberse responsabilizado de las diligencias en el grado de parentesco -de segundo grado- de uno de los trabajadores señalados con la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial
La formación, que tiene como representante en la Diputación a Luis de Haro-Rossi, sostenía que los contratos se realizaron "sin atender a los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad" que son de obligado cumplimiento, y que se formalizaron a través de "una resolución de autoridad -presidente de Diputación-", "vulnerando de forma patente y clara las normas que regulan el acceso al empleo público".
Según De Haro-Rossi, al menos dos de las personas contratadas, una administrativa y una auxiliar, "no prestaron sus servicios en Visogsa como sería preceptivo" sino en el área de Protocolo, en el primer caso, y "como secretaria del entonces vicepresidente de la institución provincial, José Antonio Robles", en el segundo.
Las dos trabajadoras, según Vamos Granada, se incorporaron a sus puestos de trabajo en Visogsa en julio de 2015, "cuando ya había perdido el PP el gobierno de Diputación". El otro administrativo entró en Visogsa con un contrato temporal y el arquitecto técnico con un contrato de arrendamiento de servicios, aunque los cuatro contratos "se tornaron indefinidos antes de abandonar el PP el gobierno de la institución provincial", sostenía el diputado y consejero del Consejo de Administración de Visogsa.
El caso ahora archivado no es el único que ha puesto bajo la lupa judicial la gestión del PP en la empresa provincial de la vivienda. La Fiscalía Superior acaba de abrir otras diligencias de investigación tras recibir un informe con supuestas irregularidades remitido por la Cámara de Cuentas. Además, un juzgado investiga a uno de sus gerentes, ahora alcalde de Dílar, José Ramón Jiménez, por el cobro de los dos sueldos públicos durante tres meses.
